La vicepresidenta la reclamó en su primer acto de campaña. En Diputados hay un proyecto que prevé hasta dos años de cárcel. Los antecedentes.
Para polarizar con Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner desempolva una ley que sancione el negacionismo
En el inicio de la campaña electoral, Cristina Fernández de Kirchner pidió tratar una ley que penalice el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, una forma de confrontar con el libertario Javier Milei, a quien Sergio Massa intentará superar en las primarias de agosto para convertirse en el precandidato presidencial más votado de la jornada.
Milei tiene entre sus filas a figuras que niegan o minimizan los delitos cometidos por los gobiernos de facto que si avanza una legislación como la reclamada por la vicepresidenta podrían ser penados y quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos. Un caso podría ser su compañera de fórmula, la diputada Victoria Villarruel, quien lidera una ONG que reclama el resarcimiento a supuestas víctimas del "terrorismo" perpetrado por organizaciones civiles en los años 70'.
A dos días de definirse la candidatura presidencial de Massa, este lunes la vicepresidenta compartió un acto con el ministro para anunciar la recuperación del avión que se utilizó para los vuelos de la muerte en la ESMA durante la última dictadura militar y en su discurso de cierre solicitó una legislación para sancionar a quienes ignoren esos episodios. “Argentina necesita una ley de negacionismo. No la necesitó hasta 2015 porque no había nadie que negara”, sostuvo Cristina y la comparó con una norma que rige en Alemania, “donde está prohibido tener algo nazi. Vas preso y es obligación visitar las escuelas para saber lo que pasó".
En la Cámara de Diputados hay un proyecto de ley para penar el negacionismo presentado por el oficialista Eduardo Fernández, vinculado al empresariado pyme de Córdoba. Había perdido estado parlamentario en marzo, pero volvió a redactarlo con colaboración de los juristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos. El texto sanciona la "negación, apología y/o reivindicación respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad". Toma la definición estipulada en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales a los que adhirió Argentina.
El proyecto, además, establece penas de tres meses a dos años de prisión (son excarcelables) por realizar apología "públicamente" y multas de entre 10 y 100 mil pesos a quien además organice manifestaciones públicas negacionistas. Pero, además, considera un agravante si se trata de funcionarios públicos y una violación de sus deberes. La sanción en ese caso sería la destitución definitiva de su cargo e inhabilitación para ocupar otros durante 10 años, una multa que duplica la que deberá pagar el resto de la población y la obligación de tomar una capacitación sobre derechos humanos.
En el oficialismo consideran que más de un precandidato de La Libertad Avanza, incluso algún legislador actual, podría ser sancionado si avanza este proyecto, que no está en agenda de ninguna comisión, pero podría aparecer a partir del reclamo público de la vicepresidenta. "La ley puede ser tratada este año. Es un tema prioritario porque están surgiendo discursos negacionistas y si como legisladores no le damos salvaguardia a la democracia, entraríamos en una contradicción", sostuvo Fernández ante Letra P.
En los fundamentos de su proyecto, se advierte que "en los últimos años de la mano del ascenso en toda la región del neoliberalismo mediática y corporativamente armado, emergen expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas".
El de Cristina Fernández de Kirchner no fue el primer reclamo al Gobierno por una ley que castigue a los negadores de delitos de lesa humanidad. Durante su primera gira por Europa, en febrero de 2020, Alberto Fernández recibió un pedido de organismos de derechos humanos en París para penalizar la negación de "los crímenes del terrorismo de Estado". Querían que fuera similar a la se aplica en Francia sobre el holocausto.
En ese entonces Milei no era más que un economista con explosivas apariciones televisivas y sin aspiraciones políticas. Al año siguiente ganó una banca como diputado nacional y armó un frente electoral, en el que conviven jóvenes con discursos anarquistas y dirigentes conservadores. A estos últimos apunta una ley como la que pide Cristina para sancionar a los negadores. Podría tratarse pronto.