El territorio nacional es, junto con la energía y los recursos naturales, un activo estratégico de la Argentina, al cual resulta necesario amparar.
La posición crítica ante la ley que promueve flexibilizar normas en la venta de tierras a extranjeros no es una posición ideológica en desmedro de la propiedad privada, sino una forma de valorar que nuestro territorio nacional es, junto con la energía y los recursos naturales, un activo estratégico de la Argentina, al cual resulta necesario amparar.
La postura pasa hoy por evitar que ésta desregulación deteriore los intereses válidos de las provincias, de las poblaciones regionales y afecte el necesario equilibrio para un desarrollo territorial armónico.
Establecer límites precisos desde la legalidad y la concepción federal ante la compra por parte de capitales extranjeros no es un acto de chauvinismo ni parte de un ideario nacionalista barato, es la forma de defender un destino de nuestro suelo, sobre el que podamos, siempre, decidir los argentinos.
Una vez más, bajo argumentos falaces de modernización y facilidades para mejorar inversiones, el libertarismo quiere tratar una ley que pone en debate el destino de gran parte de nuestro territorio y, sin exagerar, el formato mismo de la soberanía nacional. Hemos sostenido durante años la idea de la legalidad y legitimidad de una protección al dominio nacional sobre la propiedad en la tenencia de tierras y ahora el manual absurdo de las desregulaciones nacidas del fanatismo ideológico mileista pretende abrir los cauces para un rumbo de extranjerización, que de no ser detenida ya y yahora, dejará a generaciones venideras en el rol de locatarios de su propia patria.
La tierra no es un valor de mercado más, aunque es lógico, histórico y parte del modelo imperante en el mundo su sentido como un dato mercantil. Eso no impide que creamos en la valoración de la tierra no tanto como un activo o commodity financiero susceptible de contante especulación sino como un espacio real, físico y concreto donde se asientan comunidades que tienen sus formas de vida y organizan sus proyectos de comunidad.
Renunciar a regular de qué manera se sostiene el espacio propio y quién, cómo y cuándo pueden poseer los recursos del suelo, es desertar de todo dato de autodeterminación, cuestión ésta para nada sorpresa, ya que el gobierno mileista hace gala de esta idea en la mayoría de sus decisiones políticas.
Donde hoy agravia la tierra pero ayer lo hizo con la ciencia, la tecnología, los trabajadores, la energía, el área nuclear, los jubilados, las personas con discapacidad, la salud, la educación, el respeto por la ubicación internacional del pais. En definitiva, no ha dejado zona nacional por destruir, como hoy pretende hacerlo con la propiedad de la tierra.
Es inconveniente, no como valor de una posición política sino como interés geopolítico del pais, ceder control de territorio a corporaciones anónimas, testaferros de mandantes “oficiales” extranjeros y fondos de inversión que por su propia trasnacionalidad son anónimos y su procedencia, generalmente, ofrece dudas de legalidad.
No es nuevo este avance reaccionario y de ultra liberalismo antiguo ya que responde a matrices ideológicas que conocimos cíclicamente en el pais, donde una y otra vez llegan a tratar de convencer que el único sendero posibles para la “solución económica” es la entrega de activos, las salvajes privatizaciones y el remate ruin de la “joyas de la abuela”. Joyas, que por otro lado significaron décadas de trabajo, esfuerzo e inversión del Estado nacional. Otra ocasión histórica, hoy sostenida por transitorias mayorías electorales en que nos cuentan que desregulando todo y haciendo añicos el Estados, sus organismos e institucionalidades, vendrá la panacea inversora.
Los patagónicos, y en mi caso como rionegrino, conocemos el valor económico, histórico, cultural y moral que tiene cada hectárea de nuestro suelo y lo que significa la carencia de control público sobre el mismo y sus devastadores consecuencias.
La Patagonia, y Río Negro, no son abstracciones en un mapa, son la propia enormidad fértil de nuestros valles, la cordillera y su impresionante valor de frontera y recurso mineral y acuífero, el potencial de las estepas y la importancia como proyección de nuestras costas atlánticas. Permitir dueños privados y, sobre todo extranjeros, en forma impune y sin proporciones adecuadas, convierte toda esa magnificencia en un simple valor bursátil. Ya vimos como magnates ajenos al pais (y muchos propios también) adquirieron miles de hectáreas en donde transitan nacientes de agua, pasos oficiales, bosques nativos, accesos a espejos de agua públicos y hasta poblaciones enteras de asentamientos humanos de pueblos originarios y también productores crianceros de bajas rentabilidades. Allí se cercaron ilegalmente sus posesiones, impiden el transitar de vecinos y finalizan ese raid convirtiendo esos sitios en enclaves privados de carácter cuasi feudal.
Hoy, por la desidia operativa, de gobiernos incluso “nac y pop”, existe eso con la ley vigente que limita la compra extranjera. ¡Imaginen, lo que ocurriría si se aprueba esta ley!
¿Este rumbo es el que deseamos los patagónicos? Asegurar presencia nacional e interés estratégico en nuestras fronteras no es un grito surgido de voces xenófobas, es el legitimo reclamo que busca lógicas de seguridad nacional, equilibrio ambiental y armonía social.
Nuestra región donde la meseta patagónica y la cordillera de los Andes combinan altísimo valor en virtud de ser una imponente reserva de agua dulce, biodiversidad continental y minerales estratégicos no puede quedar fuera del registro público. El mundo está mostrando permanentes conflictos en su disputa por recurso vitales y en la búsqueda de materias primas imprescindibles para las industrias tecnológicas, digitales y de IA. Hoy se compran, mañana, de no haber presencia oficial que resguarde esos activos, se tomarán. Ya avanza con una ONU desgastada e ineficiente, la ley del más fuerte. Y Argentina si no se protege hoy, quedará desvalida y debilitada en sus posibilidades de defensa.
El proyecto de los libertarios, además, desprecia el federalismo e ignora valores regionales al bajar pisos exigidos en la Ley de Tierras, dato necesario para impedir que provincias enteras queden al arbitrio de multimillonarios terratenientes. No estamos en contra de la inversión extranjera productiva, ni de la presencia de capitales privados, pero sí creemos en límites racionales y transparentes. Desvirtuar las limitaciones vigentes, sobre todo en zonas fronterizas, involucra habilitar adquisiciones indiscriminadas de espacios limítrofes, áreas protegidas y donde el Estado perderá capacidad de presencia.
No está de más recordar que países como Francia, Brasil, Canadá y particularmente Estados Unidos sostienen posiciones inflexibles que revisan toda inversión extranjera que estimen pone en riesgo la seguridad nacional.
Los senadores patagónicos deben responder a los intereses históricos de su región, no son representantes de operadores financieros ni corporaciones inmobiliarias sino de la gente que vive, real y ciertamente, en sus provincias y a ellos deben su voto.
No existe un pais posible, si está rematado su territorio.
Defender la tierra, los recursos más valiosos que en ella impregnan sus entrañas y la capacidad decisora del Estado está lejos de una posición de dogma político, es una efectiva realidad de apego por nuestro pais.
