La novela de Javier Milei y sus intentos por completar la Corte Suprema tiene un capítulo extra: este viernes, como adelantó Letra P, el kirchnerismo presentó un dictamen de rechazo al pliego de Manuel García-Mansilla, designado por decreto junto a Ariel Lijo quien sí consiguió los votos en comisión aunque no pudo jurar como cortesano. Al cierre de esta nota, la jugada de Unión por la Patra no era válida porque le faltaban aliados.
Sí tenía de su lado a sus siete miembros de la comisión de Acuerdos, como juraban sus voceros, UP aún requería dos rúbricas más para que su despacho sea legítimo. Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (UCR) informaron que presentaron su propio dictamen, pero que no tienen validez porque hay un desertor de UP.
"Es falso. Tenemos las siete firmas. Hay que ver si ellos tienen las suyas", dijo a este medio una autoridad del peronismo, que si el dictamen se oficializa, el lunes pedirán la sesión.
El problema estaría en que para Tagliaferri la firma de José Mayans no es válida porque no participó de la audiencia. En UP no aceptan ese argumento: señalan que el artículo 105 del reglamento no tiene esas exigencias. "Están diciendo eso para presionar a qué más radicales firmen", explican.
La maniobra de LLA
Atento a esta interna, La Libertad Avanza ensayó una maniobra de bloqueo, que consiste en no presentar su dictamen de aceptación al pliego de García-Mansilla y de esa manera invalidar todos. Es que si no hay una mayoría de los miembros d ella comisión que adhiere a algún despacho -ya sea a favor o en contra-, ninguno es válido y el pliego sólo podría tratarse en el recinto con dos tercios de los presentes, una mayoría imposible de alcanzar por la línea dura de UP.
La actitud de LLA tiene otro trasfondo: en caso de que el pliego de García-Mansilla se trate, las chances de que un tercio del recinto lo rechace y lo deje en el olvido son amplias. Si eso ocurre, el kirchnerismo considera que el académico debería dejar su cargo en forma automática. En la Casa Rosada creen que no es así, porque su designación por decreto es un expediente aparte.
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Anabel Fernández Sagasti y José Mayans. Bloque Unión por la Patria del Senado.
Para evitar ese dilema, el oficialismo prefiere que no prosperen los dictámenes y, por ahora, lo está logrando, en medio de acusaciones cruzadas entre la oposición.
El futuro de la Corte Suprema
Como explicó Letra P, el plan del kirchnerismo es citar a una sesión para rechazar los dos pliegos: el de García-Mansilla y el de Lijo, que sí tiene dictamen y podría tratarse con una mayoría simple, pero no está el número garantizado para su rechazo, porque el magistrado cosecha adeptos de todas las bancadas.
El académico, en cambio, no tiene demasiadas amistades en el Senado y carga con haber dicho en la audiencia pública que no asumiría en la Corte si lo nombraban por decreto, como ocurrió. No cumplió con su palabra y desorientó al Congreso al rechazar la licencia sin goce que pidió Lijo para asumir.
Cristina Fernández de Kirchner ordenó a su tropa juntar firmas para que ambos pliegos sean rechazados y por ahora no lo logra, por las diferencias en UP. Necesita 25 votos, pero igual o más difícil es tener 37 para abrir el recinto. De los 34 de UP, sólo 20 están decididos a votar en contra de Lijo y tal vez algunos más para forzar la salida del académico.
En el resto de la oposición dialoguista no hay mayor entusiasmo en armar una sesión para complicar al Gobierno con este tema: sería romper filas con Milei sin mayores beneficios. Lousteau y Tagliaferri se anotaron contra García-Mansilla; mientras que Carolina Losada, Pablo Blanco (UCR); y el exlibertario Francisco Paoltroni, están dispuestos a levantar sus manos contra Lijo. No mucho más.
¿Se va García-Mansilla?
LLA tiene motivos para evitar que el pliego de García-Mansilla sea dictaminado: si finalmente es rechazado en el recinto, el kirchnerismo está dispuesto a considerarlo fuera del máximo tribunal, a pesar de haber jurado esta semana. En la Casa Rosada no piensan igual: entienden que el decreto que lo nombró hasta el 30 de noviembre seguirá vigente, pase lo que pase en el Congreso.
El debate gira en torno al artículo 99 de la Constitución, que se contradice en sus incisos. En el cuarto, dice que el Presidente "nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto".
En el inciso 19, lo habilita a "llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura". Esta última letra es la que usó Milei para nombrar por decreto a García-Mansilla y Lijo hasta el 30 de noviembre, cuando termina el período ordinario de sesiones.
Según una presentación de cuatro ONGs (ACIP, INECIP, CELS y CEPIS), Milei hizo un uso "abusivo" de la carta magna con el nombramiento de sus candidatos en la Corte. Según el kirchnerismo, si los pliegos son rechazados por el Senado, el inciso 4 correría primero y García-Mansilla debería irse.
Como no está estipulado expresamente que así sea, en LLA piden que sólo podrían desplazar al académico por un juicio político, una hipótesis que también avalaría la conducción de la Corte, a cargo de Horacio Rosatti; y de su socio Carlos Rosenkrantz. Junto a García-Mansilla, esta dupla votó en contra de la licencia como juez federal de Lijo, enemigo de la dupla que lidera el máximo tribunal y cercano al otro integrante, Ricardo Lorenzetti. Todavía no pudo asumir. No tiene previsto renunciar.
