Ousset y González, los encargados de la transición en Neuquén.
Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez. Una foto que resume el tiempo político en Neuquén y del MPN.
Los equipos del gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, volverán este jueves a la Casa de Gobierno para retomar la transición formal rumbo al 10 de diciembre. La cita que encabezarán Juan Luis “Pepe” Ousset y Sebastián González esta vez estará rodeada de un clima algo enrarecido por sucesivos conflictos y alertas de crisis que parecieran haberse liberado tras los resultados de las elecciones del 16 de abril.
En el oficialismo se empezó a construir una narrativa, ayudada por los alarmantes números de la macroeconomía, de que la provincia está en una situación preocupante. Algo que a nadie en el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se le hubiera ocurrido mencionar durante la campaña, pero que hoy empieza a generar zozobra en varios sectores del Estado.
“Si yo hubiera resultado gobernador electo, no podría dormir”, resumió un exministro tras describir el estado de las finanzas provinciales. En su cuenta, evaluó que un 65% de los gastos corrientes hoy se van al pago de salarios, otro 18% se destina al servicio de la deuda y que el resto es apenas el margen que el gobierno tiene para administrar.
En los equipos de Figueroa todavía no se inquietan. El gobernador electo regresó el sábado a la mañana a la provincia tras su viaje por Europa y ahora está con agenda “incendiada”, poniéndose al día con las elecciones que faltan y la organización de su estructura futura.
“Lo que se ve es un escenario de sinceramiento”, analizaron en su espacio sobre los conflictos que empezaron a aparecer en las últimas semanas. Insisten en mantener la distancia con la gestión actual para que no se confunda transición con cogobierno y dan un mensaje: “El punto de partida que recibamos será expuesto”.
Si se analizan algunos de los principales indicadores de la provincia, la evaluación que hizo el dirigente azul sobre un eventual insomnio de Figueroa tiene poco de exagerada.
La masa salarial va por su tercer aumento en lo que va del año, por efecto del acuerdo de actualizaciones atadas a la inflación que hizo el gobernador saliente Omar Gutiérrez con los sindicatos estatales. De enero a esta parte, las subas por Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya añadieron cerca de 15.000 millones de pesos extras a la provincia. En diciembre del año pasado, el gobierno pagaba mensualmente unos 26.000 millones de pesos en sueldos. Cuando aplique el último aumento del 8,67%, con los salarios de mayo, estará destinando para el mismo fin casi 40.000 millones.
A todo esto se debe sumar el crecimiento vegetativo de la planta de personal, producto de las recategorizaciones o cambios de encuadramientos que habilitan los convenios colectivos de trabajo anualmente. El Ejecutivo celebró a fines de 2022 la firma del convenio general para que prácticamente el 100% de la planta estatal quedara bajo este paraguas, pero ahora debe afrontar las implicancias económicas que conlleva. Se calcula que agrega entre un 18% y 20% más a las subas salariales.
Al gobierno de Figueroa también le tocará afrontar un servicio de deuda pública mucho más elevado que a su predecesor. No es por obra de la casualidad, sino porque, justamente, fue Gutiérrez quien renegoció las condiciones de los dos bonos internacionales que la provincia tiene en el mercado, el Ticade y el Tideneu, para patear sus vencimientos hacia más adelante.
Ese proceso de reestructuración se realizó durante 2020, cuando la administración estaba asfixiada por las consecuencias de la pandemia y el parate económico, y significó un alivio que el año que viene va a terminar. “Adelante” es ya, 2024.
Además de tener que cancelar Letras del Tesoro en pesos colocadas por esta administración, el gobernador electo deberá pagar vencimientos de intereses y amortización de capital por unos 500 millones de dólares en sus cuatro años de gestión.
Solo en su año debut, se le irán casi 140 millones de dólares en esos bonos. Para poner en dimensión: Gutiérrez pagará este año intereses y capital por algo más de la mitad.
Para sumar, un plus: en su último año de gestión, Figueroa deberá terminar de cancelar el préstamo con el banco Credit Suisse, cuyo remanente de stock, al cierre del primer trimestre, era de 148,5 millones de dólares. Ese crédito lo tomó el gobierno de Jorge Sapag en 2015 para poder costear el generoso aumento que había dado a la planta estatal en la previa a la campaña de ese año. Cuatro años y otra elección después lo amplió el de Gutiérrez, para recuperar “caja”.