Marcelo Urban, abogado sindicalista y exapoderado del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) durante la gestión del polémico dirigente Omar "Caballo" Suárez, ha emprendido una estrategia para tomar el control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).
Urban, quien fue hombre de confianza de Suárez, ahora apunta a desplazar al actual secretario general de UATRE, José Voytenco, mediante un plan judicial que le permita asumir la intervención del sindicato.
El nombre de Urban no es ajeno a las intervenciones en sindicatos. En 2019, el entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, lo designó interventor del Sindicato Unidos Portuarios de Puerto General San Martín (SUPA), decisión que llamó la atención debido a sus antecedentes como apoderado de Suárez, quien fue encarcelado tras una denuncia del gobierno de Cambiemos por presunta corrupción en el SOMU.
Más adelante, en 2021, Urban volvió a hacer una jugada estratégica para asumir el control financiero de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA). En esta oportunidad, logró que el entonces secretario general, Juan Correa, le delegara la administración de la obra social tras un reconocimiento de la Superintendencia de Servicios de Salud que generó controversia entre los afiliados. Así, Urban reforzó su reputación de operador político en el ámbito sindical, avanzando sobre cajas gremiales de alta importancia económica.
Actualmente, el abogado ha encontrado un aliado en el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien, en una medida judicial que sorprendió a muchos, apartó al fiscal interviniente Mola. Este último, al ser desplazado, denunció que el caso es un claro ejemplo de “forum shopping”, alegando que se seleccionó a Villena de manera irregular para favorecer los intereses de Urban en su intento de controlar UATRE.
La cronología fue la siguiente:
- Viernes 25 de octubre, 21.14: el juez Villena dicta una medida cautelar, fuera del horario judicial, contra Voytenco, sin notificación formal ni respaldo de una causa previa del fiscal.
- Sábado 26 de octubre, 12.04: Se informa de manera extraoficial a un abogado de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre la medida. La notificación se realiza fuera del horario administrativo, lo cual impide a OSPRERA el derecho a defensa.
- Sábado 26 de octubre, 15.09: la medida cautelar contra OSPRERA es ratificada oficialmente.
- Domingo 27 de octubre: se difunde a los medios un supuesto allanamiento a OSPRERA, información que luego se desmintió, ya que no se concretó ningún allanamiento en la sede de la obra social.
La controversia se intensificó al conocerse la existencia de cámaras ocultas instaladas en las oficinas de UATRE, aparentemente parte de una red de espionaje ilegal cuya extensión y objetivos son aún desconocidos. Las autoridades del sindicato han denunciado esta situación y están evaluando acciones judiciales para frenar el avance de Urban sobre el gremio.
Urban continúa su camino hacia la intervención de UATRE, utilizando tanto alianzas políticas como maniobras judiciales para alcanzar sus objetivos. Este nuevo episodio en su carrera sindicalista ha encendido las alarmas entre los trabajadores rurales, que ven en sus acciones una amenaza a la estabilidad de la organización.