“¿Quién va a investigar a Martín Insaurralde?”. La pregunta amenaza con iniciar una guerra fría entre los operadores de Comodoro Py y la Justicia Federal de Lomas de Zamora. ¿Cuál es el territorio más apto para que avance la causa? ¿Dónde podría sentirse más cómodo el exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires para defenderse? Esos interrogantes se escuchan entre los denunciantes y los abogados que representan a los imputados. La respuesta es una pelea sin cuartel con final abierto.
El viernes, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo -por dos años- del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, resolvió levantar el secretario fiscal y bancario de Insaurralde, Jessica Cirio y Sofía Clerici. El magistrado ordenó una batería de medidas de prueba que van desde la búsqueda de propiedades, automóviles, yates y caballos de carrera hasta el pedido de cuentas en Uruguay y gastos de tarjetas de crédito por un período de diez años.
Los tres involucrados están imputados por lavado de dinero, un delito que prevé penas de hasta los diez años de prisión. En tanto, Insaurralde arrastra otra acusación más leve, pero con un costo altísimo para su derrotero político: la sospecha de que se enriqueció ilegalmente durante su larga temporada en la función publica.
Kreplak aceptó quedarse con la causa contra el cacique peronista de Lomas de Zamora luego de que otro magistrado también de ese distrito- se apartara alegando “violencia moral”. Es decir, la investigación, que recién comienza, ya se cobró un juez federal. Kreplak también les pidió a dos fiscales de La Plata, que tienen causas contra el intendente en uso de licencia, que informen si tomaron alguna medida de prueba en los últimos cinco días y giren lo que tengan a su Juzgado. Ademas, envió oficios a todos los tribunales de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires para saber dónde se abrió el divorcio entre el dirigente y la conductora. Por su parte, en Lomas de Zamora ya se presentaron oficialmente el abogado del exjefe de Gabinete bonaerense y el defensor de Clerici. Todos estos son indicios de que Kreplak está decidido a resistir cualquier movimiento desestabilizador para correrlo de la investigación.
ernesto kreplak.jpg
Juez federal Ernesto Kreplak.
Compañero Kreplak
Ernesto Kreplak no es un desconocido para el oficialismo. Fue funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación durante la gestión de Julio Alak, aunque llegó a esa cartera de la mano de La Cámpora: fue números dos del actual candidato de Unión por la Patria a la intendencia de Lanús, Julián Álvarez. Es el hermano del ministro de Salud bonaerense, Nícolas Kreplak. ¿Puede un magistrado investigar al jefe de su hermano? ¿Está garantizada la imparcialidad? “No es causa suficiente para apartarlo”, explican en su entorno.
Hay otros aspectos que ponderan positivamente al juez subrogante de Lomas de Zamora. Investigó por lavado de dinero al jefe del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y Minoridad (SOEME), Marcelo Balcedo, aunque nunca pudo indagarlo por el acuerdo que hizo el acusado en la Justicia uruguaya. Balcedo fue condenado en ese país y jamás volvió a la Argentina. La causa sigue abierta y es una piedra en el zapato para el juez federal, que recolectó numerosas pruebas contra el gremialista.
Kreplak también llevó adelante la causa conocida como “La GestaPro”, donde un grupo de políticos y espías acordaron, reunidos en la sede del Banco Provincia, motorizar denuncias penales contra "El Pata" Juan Pablo Medina, líder sindical de la delegación platense de la UOCRA. Kreplak procesó a Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la gestión que encabezó María Eugenia Vidal, pero esa causa penal terminó arrancada del despacho del juez y quedó bajo la esfera de Comodoro Py en poder de Marcelo Martínez de Giorgi. Continúa vigente, pero se diluyó la responsabilidad penal de algunos de los imputados. Por eso, Kreplak sigue con la sangre en el ojo.
julian ercolini.jpg
Juez federal Julián Ercolini.
Tironeos
“Tarde o temprano, la causa de Insaurralde termina acá”, sentencia a Letra P un funcionario del tercer piso de Comodoro Py. Sucede que dos denuncias penales se acumularon en el Juzgado Federal Nª11, a cargo de Julian Ercolini. El magistrado, que mandó a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades en la obra pública, le delegó la investigación al fiscal federal Eduardo Taiano. Ambos tienen en su poder, desde años, la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman. En reiteradas oportunidades, la vicepresidenta manifestó su rechazó a la figura de Ercolini. Lo mismo hizo Alberto Fernández cuando se conoció el viaje del magistrado a la quinta de Joe Lewis en Lago Escondido.
Según trascendió en las últimas horas, Taiano tuvo una serie de inconvenientes con su teléfono celular -¿sufrió un hackeo?- y hace algunos días dispuso certificar qué investigaciones están abiertas en los tribunales federales. Si se tratase de una competencia de velocidad, el fiscal todavía estaría en la etapa de la largada. Taiano corre con una ventaja: sus superiores de la Cámara Federal suelen ganar casi todas las pulsadas cuando se trata de reclamar causas penales que jaquean al poder político. Todo termina en Comodoro Py 2020.
¿Por qué apurarse? Hay antecedentes.
El más reciente es la investigación por el espionaje ilegal durante gestión de Mauricio Macri. La investigación se inició en Lomas de Zamora, a cargo del juez federal Federico Villena, pero terminó en poder de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Lo mismo ocurrió con el falso abogado Marcelo D´Alessio, que fue detenido por orden del juez federal Alejo Ramos Padilla-en ese entonces en Dolores- y hoy está siendo juzgado en un tribunal federal de Comodoro Py.
Acaso lo sepa también el abogado defensor Fernando Burlando: presentó su primer escrito en representación de Jessica Cirio en el juzgado de Ercolini.
La historia se repite. El escándalo del yate abre otra pelea entre Comodoro Py y Lomas de Zamora. Final abierto.
