La mayoría quiere que los decretos puedan ser derogados por una sola cámara. El procurador Barra habla de inconstitucionalidad. El Presidente recluta héroes.
Miguel Pichetto, durante la sesión en Diputados.
La oposición en Diputados avanza en un acuerdo para aprobar un proyecto que restrinja el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), el arma preferida de Javier Milei para gobernar. El procurador Rodolfo Barra anticipó el rechazo del Presidente, que está dispuesto a vetar una eventual norma y buscar el tercio de la cámara baja para anularla.
Barra expuso este miércoles en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos, que volverá a reunirse dentro de siete días para dictaminar.
Según supo LetraP, el consenso mayoritario es poner un plazo de vigencia para los DNU, que con la legislación actual siguen firmes hasta que las dos cámaras lo rechacen, un requisito que permite su aplicación eterna con la validación de una de ellas.
En el borrador que circuló por las bancas se establece un plazo de 120 días de vigencia para los DNU. Durante ese tiempo, las dos cámaras del Congreso deberían aprobarlo. Con el rechazo de una, se consideraría derogado. Este texto tiene consenso de Unión por la Patria, Encuentro Federal (que conduce Miguel Pichetto) y la UCR rebelde.
Como la ley a reformar (26.122) es de Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo no quiere quedar pegado a una reforma integral y pide cambios quirúrgicos. Sólo podría agregarse al dictamen la imposibilidad de enviar dos decretos sobre un mismo tema durante un año. También se negocia bajar el plazo a 90 días.
Estos cambios no tienen unanimidad en la oposición: la radical Carla Carrizo pide que el rechazo a un DNU requiera la intervención de las dos cámaras. Para la mayoría de sus colegas es inaplicable, porque si una cámara lo rechaza y la otra no, el decreto quedaría en un limbo. Juan López, de la Coalición Cívica, sostiene que no es posible aplicar plazos, por la fragmentación del Congreso. Podría haber tres dictámenes, además del rechazo del oficialismo y aliados.
Barra hizo un tibio rechazo a la reforma de la ley 26.122, sin menciones a la norma sino a la Constitución Nacional, que en su artículo 99 inciso 3 define la utilización de los DNU no se establecen plazos ni necesidad de aprobación del Congreso.
"En ninguna parte de ese artículo lo dice. Puede ser derogado a través de una ley ordinaria, pero cuando sea", sostuvo el procurador del Tesoro.
"Se entiende que puede derogarse en cualquier momento porque no es exactamente una ley: tiene un régimen de tratamiento para un proceso de excepción y de urgencia", agregó el jurista.
Barra diferenció la Constitución argentina de la Italiana, que sí hace referencia a temporalidades de vigencia y plazos para el tratamiento legislativo. En LLA aún tienen esperanzas de juntar una mayoría en el recinto, pero con sin el aporte de un sector de la UCR y la Coalición Cívica sería imposible evitar una derrota.
La apuesta de la Casa Rosada, una vez más, es que en caso de prosperar la ley sea vetada y la oposición no reúna dos tercios para insistir. En este caso alcanza con sostener el respaldo de la UCR dialoguista y de los partidos provinciales, que se fueron del recinto cuando se emplazó la convocatoria de los plenarios.
Claro que en ese caso será necesario, una vez más, que Mauricio Macri acerque los votos del PRO, que por ahora se mantienen alineado a LLA en este tema.
El resto de los plenario de este miércoles se consumió con la exposición de especialistas, una estrategia para que pase el tiempo hasta la semana que viene. Juan Carlos Cassagne, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, defendió los DNU sin las restricciones que pide la oposición.
“La clave está en interpretar qué puede hacer cada poder. Los poderes son coordinados y cada uno tiene una función prevaleciente o predominante, pero eso no impide que ejerza la otra función también”, expresó.
Lo contradijo Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Consideró que los DNU son “una práctica que se generalizó de una manera excesiva en la época de (Carlos) Menem, que firmó 500. Antes de 1983 hubo 10 y (Raúl) Alfonsín dictó 30", remarcó.
El constitucionalista Alfredo Vítolo cuestionó la sanción ficta, que ocurre con el sistema actual. “El constituyente fue muy claro para dejar abierta esta cuestión para que el Congreso la resuelva; el Congreso es quien tiene la llave para decidir qué valor tiene el DNU”.