Tabacalera Sarandí, la segunda compañía más grande del rubro en la Argentina, logró todo lo que se había propuesto en apenas un mes. La empresa, socia de la multinacional Imperial Brands, ejerció su poder de lobby con intensidad en el Congreso y modificó la voluntad del Poder Ejecutivo, plasmada en el dictamen de mayoría del plenario de comisiones para la ley ómnibus del presidente Javier Milei, para evitar la eliminación del impuesto interno mínimo a los cigarrillos. A la medida de la firma que comanda Pablo Otero, el gravamen interno subirá dos puntos, de 73% a 75%, decisión que afecta en mayor medida al resto del sector y perpetúa su posición en el mercado.
Desde hace semanas las negociaciones frenéticas por la ley ómnibus en el Congreso tienen al sector del tabaco en el centro neurálgico de la rosca por el capítulo de los impuestos internos. Según fuentes del sector, Tabacalera Sarandí contó con un socio estratégico para impulsar el lobby en el parlamento: el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.
La eliminación del Impuesto Mínimo preocupa a Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que por amparos judiciales no paga ese impuesto, lo que le permite vender cigarrillos más baratos. Parte de la recaudación del tributo interno financia el Fondo Especial del Tabaco (FET) que se distribuye en las siete provincias productoras.
Tabacalera Sarandí está demandada por la AFIP en una causa de evasión al fisco por US$ $2.000 millones del denominado Impuesto Mínimo. La empresa, junto a otras del sector, dejó de pagar ese impuesto a partir de un amparo judicial y así logra comercializar sus marcas (Red Point, West, Nevada) a un tercio del valor de las demás del mercado que sí pagan el impuesto. De ese modo, logró aumentar su participación de un 8,5% a más del 45% del total del mercado de cigarrillos.
Según testigos que participaron de una reunión reservada, Tabacalera Sarandí logró imponer sus intereses para llevar el impuesto interno al 75% y borrar del mapa las nuevas alternativas menos dañinas que el cigarrillo. Casualidad o no, estos cambios fueron justamente los plasmados en la última edición de la ley ómnibus.
El proyecto original establecía una suba de la tasa del 70% al 73% y eliminaba el Impuesto Mínimo para los cigarrillos. Con ese texto, Tabacalera Sarandí quedaba igualada con el resto del mercado y obligada a pagar los mismos impuestos que sus competidoras.
El proyecto de ley del Gobierno recibió el apoyo de la Cámara Nacional de Empresas Tabacaleras de la República Argentina (CANET) porque “equipara la carga impositiva para las empresas de capital nacional con las dos firmas oligopólicas, y con la cual se evita la recurrente intervención judicial y los conflictos como los que provocaron el cierre a una compañía santafesina (Bronway Technology)”.
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Tabacalera Sarandí tiene hoy el 45% del mercado. En el sector se lo atribuyen a haber evitado el pago de los US$ $2.000 millones correspondientes al Impuesto Mínimo a través de una serie de medidas cautelares diseñadas a su medida por la Justicia Federal.
El negocio no tiene fisuras. Tabacalera Sarandí maneja un 50% de rentabilidad, a pesar de que la producción y venta de sus productos es un rubro de poco margen, donde el Estado históricamente ha intervenido con impuestos para desincentivar su compra. Así, logra vender cigarrillos a precios híper competitivos. Con costos bajísimos -Red Point $278, Master $278, Kiel $256- y comercialización a $600 y $800, alcanza ganancias monumentales debido a que no paga el Impuesto Mínimo.
Además del proceso judicial iniciado por la AFIP, la directiva de Tabacalera Sarandí conoce desde hace años los pasillos de la justicia penal federal por distintas investigaciones sobre el uso de estampillas falsas y evasión impositiva. La última de las causas es de noviembre de 2023, donde la justicia federal realizó un allanamiento en la planta.
La firma, que desde 2021 viene diversificando sus alcances a otros rubros, cuenta para las lides tribunalicias con el asesoramiento de Maximiliano Rusconi, el experimentado letrado que fuera defensor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Rusconi actuó en casos de alto impacto que lo mostraron como pez en el agua en el barro judicial representando al exministro Julio de Vido y a Diego Lagomarsino, acusado de la muerte del fiscal Alberto Nisman.
