Declararon en cisma a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. La decisión impacta en Argentina por los antecedentes de la vice con ese espacio tradicionalista.
El Vaticano declaró en cisma a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, excomulgó a obispos ordenados sin mandato pontificio y advirtió a la feligresía sobre las consecuencias de adherir a ese espacio. La decisión, respaldada por León XIV y firmada por el cardenal Tucho Fernández, volvió a poner bajo la lupa la relación de Victoria Villarruel con ese universo ultraconservador.
Tal como contó Letra P hace cuatro meses, cuando la Fraternidad ya anticipaba que avanzaría con nuevas consagraciones sin autorización de Roma, el vínculo de la vicepresidenta con ese sector tradicionalista generaba inquietud tanto en ámbitos eclesiásticos argentinos como en el Vaticano. Aquella advertencia terminó de materializarse con la declaración formal de cisma.
La resolución llegó después de que la FSSPX realizara ordenaciones episcopales en Écône, Suiza, desoyendo las advertencias del pontífice. Para la Santa Sede, el gesto implicó un rechazo explícito de la autoridad del papa y de las reformas impulsadas desde el Concilio Vaticano II, una disputa que atraviesa a ese movimiento desde hace décadas.
En Argentina, el conflicto tiene una dimensión propia. Como reconstruyó este medio, Villarruel participó de celebraciones preconciliares en la capilla Nuestra Señora Mediadora de Todas las Gracias, en el barrio porteño de Monserrat, vinculada al lefebvrismo. Fuentes eclesiásticas la ubicaron en misas en latín, con el sacerdote de espaldas a los fieles y una liturgia preconciliar.
La presencia de la FSSPX en el país no es nueva: se remonta a fines de los años '70, con epicentro en General Rodríguez y expansión posterior en el conurbano bonaerense. En 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, el Estado argentino le reconoció personería jurídica, un dato que sus críticos suelen citar para cuestionar el grado de inserción institucional que fue ganando el grupo pese a su condición marginal dentro del catolicismo.
El antecedente más controvertido de la fraternidad en Argentina se remonta a 2009, cuando el obispo lefebvrista Richard Williamson, entonces residente en la localidad bonaerense de La Reja, negó públicamente el Holocausto y luego rechazara retractarse. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le ordenó abandonar el país, en un episodio que expuso que la disputa con la FSSPX no se agotaba en cuestiones litúrgicas.
En Roma sostienen que el caso argentino nunca pasó inadvertido. La presencia de dirigentes políticos en celebraciones vinculadas a la Fraternidad fue seguida como un indicador de la capacidad de influencia de un movimiento que el Vaticano considera enfrentado con la autoridad papal. La decisión de León XIV y el dicasterio vaticano busca cerrar ese conflicto doctrinario, pero también enviar una señal clara a la feligresía sobre los límites de la comunión con la Iglesia católica.
El Dicasterio para la Doctrina de la Fe que conduce Fernández no se limitó a las sanciones mínimas previstas por el derecho canónico. El decreto excomulgó a los seis obispos involucrados en la ceremonia del 1 de julio —los cuatro recién consagrados y los dos consagrantes, el español Alfonso de Galarreta y el suizo Bernard Fellay— y extendió la pena a todo el clero de la FSSPX.
También invalidó los sacramentos de la confesión y el matrimonio que administran esos sacerdotes, y advirtió que los fieles que "se adhieran formalmente" a la fraternidad incurren, ellos también, en excomunión automática.
La nota explicativa que acompañó el decreto recurrió a un lenguaje materno —"la Iglesia, como madre solícita, acogerá con sincero afecto"— para dejar abierta la puerta a un eventual regreso, aunque sin crear ninguna estructura vaticana específica para gestionarlo, algo que sí existió tras la crisis de 1988.
La diferencia con el escenario de 2009 —cuando Benedicto XVI levantó las excomuniones a los cuatro obispos consagrados en 1988 como parte de un intento de acercamiento— es sustancial. León XIV, que había apostado a tender puentes con el ala tradicionalista durante los primeros meses de su pontificado, optó esta vez por una respuesta dura, ejecutada por su prefecto doctrinal.
Fernández había recibido en febrero al superior general de la FSSPX, Davide Pagliarani, y le había ofrecido un "camino de diálogo específicamente teológico" a cambio de suspender las consagraciones. La fraternidad rechazó esa propuesta y avanzó igual.
Para la feligresía argentina que participa de misas vinculadas a la FSSPX, el decreto tiene consecuencias concretas: quienes "se adhieran formalmente" al grupo quedan también bajo pena de excomunión, y los sacramentos de confesión y matrimonio celebrados por sus sacerdotes son considerados inválidos por Roma.
La definición reabre, en un contexto de alta exposición pública de Villarruel, el interrogante sobre qué implica —en términos canónicos y políticos— su vínculo con ese espacio religioso.
El propio Fernández, en la nota que acompañó el decreto, insistió en que la Iglesia "acogerá con sincero afecto" a quienes decidan volver a la comunión plena, pero no estableció mecanismos concretos para instrumentarlo, a diferencia de lo ocurrido en 1988.
La ambigüedad de ese punto, señalada incluso por sectores tradicionalistas que sí permanecen en comunión con Roma, deja abierta una incógnita sobre el futuro de la relación entre el Vaticano y su feligresía en Argentina.
