NUEVO GOBIERNO | CÓRDOBA

La pulseada con los gremios amenaza con empañar el verano de Martín Llaryora

El recorte de contratos impacta en hospitales serranos en plena temporada turística. Protestas quirúrgicas y una promesa de revisión. La herencia cordobesista.

“Todavía estamos esperando que nos llamen”. Con esa expresión, que conjuga un malestar creciente con la expectativa, los estatales cordobeses describen la situación de un conflicto local que escala y amenaza con nacionalizarse desde los centros turísticos de Córdoba, que por estas horas reciben su tradicional pico anual de visitas. Martín Llaryora ya definió la estrategia y los gremios, a la espera, analizan los pasos a seguir, aunque vaticinan “un verano caliente”.

Se trata del primer conflicto que deberá afrontar el creador del Partido Cordobés, que empuja las complejidades de la última etapa del cordobesismo que hizo gala de ser la administración con menos empleados públicos del país, aunque “con un ejército de monotributistas y becarios a los que hoy dejan en la calle”, según denuncian los referentes sindicales que advierten que el mayor impacto se encuentra en el área de salud donde se concentrar los contratos que no se renovaron.

Ese es uno de los puntos más complejos para la administración provincial que buscará acelerar la búsqueda de acuerdos para que la escalada del conflicto no se extreme en algunos de los hospitales públicos anclados en los valles turísticos más importantes de la provincia, como el de Punilla o el de Calamuchita. Ese será el foco donde el SEP y otros sindicatos buscarán reflejar el descontento. Los gremios empiezan a proyectar medidas de fuerza que cuyo impacto podría trascender al debate cordobés, es por eso que el oficialismo deja pasar alguna luz por la ventana con la posibilidad de analizar las vinculaciones caso por caso.

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El camino

Mediante un comunicado que se dio a conocer el martes por la noche, la Secretaría General de la Gobernación, sin especificar cantidad de cargos ni funciones, reconoció la existencia de contratos que finalizaron el 31 de diciembre y que no fueron renovados, tal como anticipó este portal.

“Se recuerda que esta clase de contratos tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento”, advierten en una explicación que no parece apuntada a conformar a la contraparte sindical que denuncia que la situación actual se debe a una decisión de la conducción gubernamental que estuvo a cargo de Juan Schiaretti hasta el pasado 10 de diciembre.

Hubo una decisión política de no cubrir las bajas que se fueron produciendo en los últimos años”, advierten desde los sectores sindicales que denuncian que esas vacantes se cubrieron con un “ejército de monotributistas y becarios”, una práctica que desde el sector municipal también adjudican a la gestión capitalina que encabezó el actual gobernador.

A pesar de eso, el comunicado del martes deja la puerta abierta a un escenario en el que las posturas podrían acercarse. “Los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables serán objeto de análisis”, agrega el comunicado de la Secretaría General a cargo de David Consalvi.

La salida

En ese contexto y con la motosierra nacional bramándole en la nuca, el gobierno cordobés afina los números para sentarse a renegociar el acuerdo de Schiaretti con los estatales que tenía vigencia hasta el 31 de enero y que ataba la suba salarial a la inflación.

La Provincia ya advirtió que no podrá cumplirlo y se prepara para una convocatoria que podría hacerse efectiva la semana que viene. Pero en el sindicalismo los problemas se suman y la paciencia se termina, por eso convocaron a una reunión entre los representantes de todos los sectores que dependen del Estado provincial que tendrá lugar el jueves y que definirá los pasos a seguir.

Desde la dirigencia que representa a unos 70 mil trabajadores y trabajadoras advierten que la única salida es habilitar una mesa de diálogo en la que se alcancen los acuerdos necesarios para una salida consensuada en medio de una crisis nacional que reconocen, pero a la que no quieren atar su suerte.

“Habíamos llegado a un acuerdo que luego se rompió, no nos parece razonable que las cosas se manejen de esa manera”, señaló uno de los referentes de los trabajadores públicos del centro del país.

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Calvo y Acosta con los representantes sindicales, en la reunión tras el primer cruce entre el gobierno de Martín Llaryora y los estatales. "Hubo un acuerdo que se rompió unilateralmente", denuncian desde el gremialismo.

Calvo y Acosta con los representantes sindicales, en la reunión tras el primer cruce entre el gobierno de Martín Llaryora y los estatales. "Hubo un acuerdo que se rompió unilateralmente", denuncian desde el gremialismo.

Después del paro más rápido que se recuerde en la historia reciente, los representantes sindicales ponen la pelota en el campo del gobierno. “No nos parece correcto acelerar los procesos, las acciones decantarán naturalmente pero hoy la única salida es una mesa en la que nos digan cómo van a hacer para reemplazar el acuerdo que el propio gobierno decidió incumplir unilateralmente”, señala uno de los referentes más importantes de los empleados públicos cordobeses.

En la Provincia ya saben que los números de la recaudación quedarán muy por detrás de la inflación del 2023. El panorama es irreversible a pesar de que todavía quedan por oficializarse los datos de diciembre, pero desde el sindicalismo toman nota de otra realidad, los más de 15 mil millones de pesos que habían quedado pendientes de la gestión anterior y que el gobierno nacional le giró a la provincia el último día hábil del 2023 y de los que sólo se informó la parte que ya fue transferida a los municipios, un quinto del total.

Con todo, Acosta y Calvo deberán renegociar una parte de la suba que quedó pendiente de diciembre, y empezar a proyectar el 2024, donde los aumentos atados a la inflación serán parte del pasado, a pesar del deseo de los sindicatos. A esa tensión, se sumará la negociación por las fuentes laborales que la Provincia asume con fecha de vencimientos el pasado 31 de enero y la estrategia para que los ingresos no se vean afectados de modo directo por la suba de los aportes que aprobó la Legislatura.

Con todo ese combo, de un lado se toman su tiempo para llamar y del otro van perdiendo la paciencia.

Martín Llaryora, sin alianzas sindicales en tiempos complejos. 
Manuel Calvo y Guillermo Acosta, en la pelea por la caja.

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