Los sectores díscolos de la UCR plantean objeciones. Pichetto quiere saber cómo serían los operativos. La ministra aclara que habrá una división especial.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Luis Petri.
Patricia Bullrich dedicó la semana corta a reunirse con miembros de los bloques de Diputados para anticipar los proyectos que enviará los próximos días, e incluyen el uso de fuerzas armadas para combatir el narcotráfico. La ministra de Seguridad no logró un respaldo unánime: hay dudas sobre los operativos y las chances de controlarlos una vez que empiezan para evitar escaladas de violencia.
La funcionaria encabezó las reuniones junto a su par de Defensa, Luis Petri. El lunes ambos recibieron a referentes La Libertad Avanza y el PRO; y el martes, a autoridades de la UCR y de Hacemos Coalición Federal.
El paquete incluye cinco proyectos. Uno se denomina “antimafia” y se refiere al combate contra las organizaciones criminales y otro es sobre “reincidencia, reiterancia y unificación de condenas”, que apunta a aumentar las condenas.
Hay una iniciativa para ampliar el registro de ADN a todos los delitos; y una “ley de orden público”, con incremento de penas por cortar las calles. También llegará al Congreso una reforma de la ley de seguridad interior que habilita la intervención de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. Para garantizar la constitucionalidad de la medida, incorporarán el concepto de “terrorismo”.
En la reunión con LLA, Bullrich y Petri trataron de aclarar las tareas que harán las fuerzas armadas en la calle, que aún no están plasmadas en un escrito.
“No habrá un despliegue de militares por todo el territorio, sino que sólo habría un combate específicamente contra el terrorismo, con una fuerza especializada en el tema”, explicó a Letra P un diputado libertario.
En la reunión con las autoridades de Hacemos Coalición Federal, el martes por la tarde, la intervención de las Fuerzas Armadas acaparó la mayor parte de la charla.
El contingente de HCF lo lideraron Miguel Pichetto (jefe de la bancada), Nicolás Massot y Emilio Monzó. Advirtieron que, más allá de las causas que permitan la intervención de las Fuerzas Armadas, será esencial especificar cómo empieza y termina un operativo para evitar escaladas de violencia.
Pichetto aclaró que su bloque es heterogéneo y si bien debaten los temas en conjunto, cada grupo tiene libertad de acción. El espacio es integrado por la Coalición Cívica, referentes del gobierno de Córdoba y figuras como Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer.
La UCR estuvo representada por el presidente Rodrigo De Loredo; y la secretaria parlamentaria, Soledad Carrizo, ambos cordobeses.
En el partido centenario no es posible que haya una posición unificada sobre ningún tema porque está fragmentado en tres partes: el sector de los gobernadores (que representa De Loredo), el de Martín Lousteau y el liderado por Facundo Manes. Estos dos últimos suman seis y cinco votos, sobre los 34 totales.
De Loredo invitó a los representantes del bloque en la comisión de Seguridad Interior, Defensa y Legislación Penal, pero la mayoría no estaba en Buenos Aires y fue con Carrizo.
La otra autoridad del bloque es Karina Banfi -no asistió por temas personales-, quien en enero negoció sin éxito con Bullrich reformar el capítulo de seguridad de la frustrada ley ómnibus.
La bonaerense trató de explicarle a la ministra la necesidad de sostener una proporcionalidad en las penas -se aumentaban por cortes de tránsito- y el riesgo de aumentar los casos de legítima defensa, con la habilitación del gatillo fácil.
La nueva ley de orden público podría replicar parte de ese contenido. Entre los díscolos hay diferencias con los anuncios. En el grupo de Lousteau prefirieron no opinar hasta no ver los textos.
En diálogo con Letra P, el exjuez federal Fernando Carbajal, del grupo de Manes, consideró “un invento” el proyecto de “reiterancias” y sostuvo que el Gobierno debería definir una reforma del Código Penal integral y no por partes.
Respecto a la ley “antimafia”, Carbajal señaló que siempre es importante combatir el crimen organizado, “pero con un proyecto serio”.
“En vez de dedicarse a planificar políticas públicas con los instrumentos que tiene, Bullrich desvía la atención diciendo que el problema son las leyes. El problema es que la ministra de Seguridad haga lo que tiene que hacer”, sostuvo el diputado.
Sobre la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico, Carbajal estimó que el problema no es la Constitución, sino la eficacia de la medida.
“Si te duele la rodilla no vas al odontólogo. Es lo mismo: la formación de las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la seguridad. Pueden hacer una simulación, pero no sirve para nada. Es una burrada. Es sólo circo”, cerró el diputado.