Una serie de hechos políticos producidos en las últimas horas por Javier Milei o que lo tienen como protagonista central revela el modo en que el Presidente decidió abrirle de par en par las puertas del poder a la quintaesencia de lo que él mismo suele denostar como "la casta".
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La nominación de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema, el involucramiento de un estudio jurídico top en la redacción de la reforma impositiva en ciernes, la cooptación y neutralización del PROcon casi la totalidad de sus cuadros tradicionales llave en mano y la aproximación a lo más rancio del viejo "partido militar" muestran cómo el poder desnudo se adueña de la administración de La Libertad Avanza (LLA).
¿Cómo se puede pensar el sentido más profundo de esta tendencia?
Con su patente debilidad parlamentaria, los esfuerzos para reflotar un proyecto de ley ómnibus que ahora es XS, el Pacto de Mayo en veremos, el DNU 70/2023 en la cuerda floja de la Cámara de Diputados, sus reformas desreguladoras trabadas en diversos escalones del Poder Judicial y, no menor, la dolarización jaqueada por la interpretación constitucional de Horacio Rosatti, el Presidente se lanzó a la caza de la Corte.
Que vuelva Carlos
No lo hizo como su admirado "prócer" Carlos Menem, ampliando su composición, sino recostándose en el hasta ahora raleado Ricardo Lorenzetti a través de la promoción de Lijo, un juez federal que ha sido protegido por el supremo y que, a la vez, ha sabido cuidar al magistrado de Rafaela. Para ello, obvió otra vez a Victoria Villarruel y pasó por encima de los lazos que pretendió tejer el ministro Mariano Cúneo Libarona con la actual mayoría del cuerpo.
Según repasa Pablo Lapuente en Letra P, García-Mansilla es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a la vez que muestra una nutrida foja de servicios en el asesoramiento corporativo.
Defensor de la dolarización, asegura una dosis fuerte de conservadurismo con una postura antiaborto que llega a considerar inconstitucional la ley de interrupción voluntaria de los embarazos, incluso en casos de violación. Como se esperaba, la mirada femenina en el máximo tribunal de la Argentina es absolutamente innecesaria para el jefe de Estado.
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Manuel García-Mansilla está nominado. Javier Milei quiere en la Corte al decano de Derecho de la Universidad Austral.
A García-Mansilla, Milei pretende sumarle a Lijo, representante por excelencia de la casta más controvertida de la Justicia federal, a la que llegó en 2004 de la mano de Néstor Kirchner.
Además de lorenzettista, Lijo es un hombre de fino olfato político y no ha sido ajeno a casi ninguna polémica.
De relación ambigua con Mauricio Macri, a quien investigó pero cuya posible responsabilidad en la causa "Correo" pisó, fue el magistrado que procesó y terminó mandando preso a Amado Boudou, a la vez que investigó la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y fue acusado por CFK de haber filtrado ilegalmente escuchas para perjudicarla, en 2017.
Hoy lleva una causa contra Malena Galmarini por la supuesta compra con sobreprecios de vehículos para AySA.
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Ariel Lijo, tambien nominado. Antikirchnerismo judicial para la Corte.
Entre esos y otros casos resonantes –procesó y mandó a juicio oral a Menem y al exjuez Juan José Galeano por el encubrimiento del atentado a la AMIA, por caso–, ha sido señalado como pocos magistrados por buena parte de la prensa y, en lo político, por la Coalición Cívica y, en particular, por la jefa del partido, Elisa Carrió.
Siempre llamaron la atención los movimientos de su hermano Alfredo –sindicado como un operador judicial todoterreno–, su nivel de vida, sus negocios, sus relaciones, sus vínculos con el mundo de la inteligencia, su tiempismo político…
Desde ya que no por numerosas y continuas, las acusaciones deben ser ciertas. Así, aunque puede que Lijo sea un santo varón, llama la atención que sea la opción del presidente anticasta para cubrir la Corte, más aun cuando su condición irritante para el peronismo hace pensar que sería por lo menos difícil que su nombre reuniera reúna los dos tercios de los votos necesarios en el Senado. Milei ya explora un acuerdo con Unión por la Patria, como reveló Mauricio Cantando.
Una reforma impositiva a medida
Pablo Íbañez contó en Cenital la sorprendente historia del rol del abogado Liban Ángel Kusa en el proyecto de reforma impositiva que el Gobierno sometió a consideración de los gobernadores.
Kusa aparece como uno de los más activos aportantes de ideas y retoques a un Word compartido, de modo imprudente, en la nube. El detalle es que, como indicaron a su vezAri Lijaad y Franco Mizrahi en El Destape, este especialista en impuestos y litigios tributarios es uno de los tres abogados del estudio Bruchou & Funes de Rioja que visitaron la Casa Rosada entre diciembre y enero.
Es imposible no ver la mano de ese bufete y los intereses tributarios de sus clientes detrás del paquete fiscal del mileísmo, que no se sabe para quién gobierna ni quién gobierna en su nombre.
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En nombre de Funes de Rioja. Liban Ángel Kusa, editor online de reformas a medida.
Esto, añadido a los arrumacos con la casta repasados más arriba, hace al nudo del problema del poder en la administración paleolibertaria: la relación entre Estado y grupos de interés.
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Tras la crisis de los estados benefactores de los años 1970, el cientista social Philippe Schmitter desarrolló un enfoque sobre el neocorporativismo que entrañaba una tipología de vínculos entre los sectores organizados y el Estado. Menciona, por un lado, al "gobierno de interés privado –PIG es su desafortunado acrónimo inglés–, que existe donde una organización no estatal controla en régimen de monopolio bienes, servicios o status que son indispensables para sus miembros. Por ello, es capaz de influir y potencialmente controlar sus conductas, y lo podrá hacer con un estímulo específico en forma de autorización y ayuda estatal".
"El Estado impondrá a cambio ciertas responsabilidades y comportamientos públicos a la organización. Resumiendo, un PIG está basado en la autorregulación de los grupos a través de organizaciones formalmente privadas, reforzadas por una delegación de la autoridad estatal y legitimadas por la pretensión de actuar en interés público", amplía.
"Otro posible modelo de interacción entre el Estado y las organizaciones de intereses -continúa- es el de un 'gobierno privatizado' en el que una organización, con toda probabilidad monopolista, coloniza a un organismo particular del Estado y puede así hacer un uso privado de sus poderes públicos para dictar normas, conceder subsidios, etcétera".
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Javier Milei: la casta es mía.
¿Qué se perfila en la era Milei? ¿Un PIG o, más bien, la forma extrema de un gobierno privatizado? Como sea, el resultado no sorprende en un hombre que se define como anarcocapitalista, alguien que sólo acepta la existencia de un Estado mínimo –minarquismo– como una alternativa realista y que está consagrado a un proceso de disolución de la autoridad?
Si el poder público se retira y se automutila, caduca cualquier noción de posible y relativa autonomía del Estado, incluso en tanto invocación de legitimidad para gobernar un cuerpo social diverso.