La prórroga para la compañía genera tensiones por su impacto ambiental y falta de licitación, según el intendente de Lanús.
Julián Álvarez, intendente de Lanús.
Julián Álvarez, intendente de Lanús y representante en el Puerto de Dock Sud, rechazó la extensión de 10 años del permiso de uso otorgado a Exolgan, que incluye una obra portuaria de 95 millones de dólares. Cuestiona la falta de licitación y el impacto ambiental en la provincia de Buenos Aires.
El Directorio del Puerto de Dock Sud aprobó, con mayoría, una ampliación que contempla la demolición de un muelle y la construcción de uno nuevo de 750 metros. La inversión incluye un canon anual de 4,5 millones de dólares, pero el proyecto prescinde de una licitación pública, algo que Álvarez considera perjudicial para la transparencia y la competencia.
El intendente argumentó que, además de ser opaco, el proyecto incrementaría el daño ambiental y afectaría la infraestructura vial de municipios como Lanús, Quilmes y Avellaneda, principales afectados por el tráfico pesado.
Álvarez advirtió que se reserva el derecho de iniciar acciones legales para frenar el avance del proyecto. Este conflicto se suma a un reclamo judicial en curso, donde los municipios exigen indemnizaciones por los daños que las operaciones portuarias ya han causado en las vías de comunicación.
Desde su ingreso al consorcio del puerto en abril de 2024, Álvarez ha enfatizado en la necesidad de que las empresas asuman los costos de mantenimiento vial y prevengan los problemas derivados de la expansión logística.
El rechazo de Lanús, junto con Quilmes, subraya la urgencia de repensar los términos en que se otorgan concesiones portuarias. Ambos municipios coinciden en que la falta de planificación y supervisión ambiental podría comprometer el desarrollo urbano sostenible.
La disputa también visibiliza una demanda más amplia de las localidades para que el modelo de gestión portuaria contemple no solo los beneficios económicos, sino también las consecuencias sociales y ecológicas que acarrea.