La negociación entre el oficialismo y la oposición dialoguista para aprobar el proyecto denominado Ley ómnibus volvió a quedar empantanada este jueves, en el segundo día de debate en el recinto de la Cámara de Diputados. El motivo es que los gobernadores del espectro no peronista no consiguieron reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para plantearle la necesidad de reincorporar el capítulo fiscal. Como en la UCR hay un grupo díscolo que puede alcanzar hasta 14 votos y no responde a ningún jefe territorial, una rebelión de los mandatarios pone en peligro los artículos troncales del proyecto, que son las facultades delegadas y privatizaciones.
El problema que surgió es que los mandatarios que tienen base en el bloque Hacemos Coalición Federal o en la UCR no quieren darle al presidente Javier Milei las herramientas para gobernar sin el Congreso si al menos no son escuchados en sus demandas. La principal es la posibilidad de volver a discutir algunos capítulos del apartado fiscal que fue excluido por el Gobierno que garantizaban ingresos a las provincias, como la moratoria y la prórroga del impuesto PAIS, que además piden coparticipar.
Hubo conversaciones entre mandatarios de HCF con colegas de Unión por la Patria para reunir los votos y reincorporar estos artículos. En la UCR creen que sería inocuo, porque si Milei no está de acuerdo los vetará y se iniciará un conflicto de poderes que no le conviene a nadie. Por eso creen que la única salida es la negociación.
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Las gestiones para concretar un nuevo encuentro entre Francos y los gobernadores las lideró Miguel Pichetto, jefe del bloque HCF. Según confirmaron a Letra P fuentes de esta bancadas, el miércoles, durante la sesión, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le garantizó al rionegrino que el ministro del Interior abriría su oficina este miércoles temprano. Fue por eso que anticiparon el cuarto intermedio a las 22 y lo extendieron hasta el mediodía de este jueves.
Las 14 horas de intervalo no trajeron novedades. Por el contrario, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que la decisión del Gobierno es discutir el paquete económico y fiscal después de aprobada la ley ómnibus, una hoja de ruta que ya no es aceptada en las provincias. De hecho, este miércoles, La Libertad Avanza supo que no tendrá el apoyo de los dos diputados que responden al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que son claves para el cuórum en el Senado.
Hubo otros gestos de acercamiento, como el de Nicolás Massot, compañero de Pichetto, quien en su discurso celebró la apertura del diálogo Nación-provincias e hizo otras propuestas para cerrar un acuerdo, como incorporar la reforma laboral que fue incluida en el mega DNU y la Justicia la invalidó por inconstitucional. Además, Massot elaboró una propuesta alternativa para aprobar el capítulo de privatizaciones. Se trata del tema que más trabado está y el Gobierno amenazó con bajar el proyecto si no se aprueba. Con la sesión iniciada podría hacerlo dejándola sin cuórum. Los caminos no parecen fáciles para el oficialismo: al menos hasta el cierre de esta nota, el destino del proyecto es aprobarse luego de una última reescritura, sin la sanción asegurada en la Cámara alta.
Rebelión radical
Los números se complicaron para la Libertad Avanza porque, mientras se dilata la negociación, el grupo rebelde de la UCR ratificó este miércoles que no votará facultades delegadas y privatizaciones, los dos capítulos innegociables para el Gobierno. Lo lidera Facundo Manes, quien en su discurso fue duro contra Milei: "No se puede gobernar sin razón y sin sensibilidad", gritó en el recinto.
Como retrató Letra P, de los 34 miembros de la UCR hay 14 que se alinean entre los díscolos, con referentes como el presidente del partido, Martín Lousteau, y el exgobernador Gerardo Morales. El jefe del bloque, Rodrigo De Loredo, logró convencerlos de dar cuórum y negocia que se abstengan en la votación en general, pero no puede definir sus posicionamientos en cada artículo. Confiaba en que al menos una decena vote facultades delegadas. Este miércoles, cuando Unión por la Patria quiso bajar la sesión, hubo 149 votos que la sostuvieron. Son 20 más que la mayoría. En la votación en particular, LLA deberá hacer las cuentas con cada artículo. Sabe que para aprobar facultades delegadas no cuenta con los seis votos de la Coalición, mientras que hay cuatro que ayudaron a habilitar la sesión y tal vez ni siquiera voten el proyecto en general: dos del socialismo (Mónica Fein y Esteban Paulon), Margarita Stoblizer y Natalia De la Sota.
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Con ese escenario, los gobernadores se saben con la llave de la ley y no quieren quedarse sin ningún beneficio. Todos juegan. Por caso, Martín Llaryora, de Córdoba, exige incorporar el compromiso de financiar las trece cajas previsionales de las provincias que tienen déficit. Era una condición para votar la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que finalmente fue excluido del proyecto del Gobierno, junto a otros temas como la reforma de pesca y algunos fragmentos del capítulo de seguridad. Los partidos provinciales agrupados en Innovación Federal (Salta, Misiones, Neuquén y Río Negro) dieron cuórum, pero su jefa, la salteña Pamela Caletti, anticipó reparos a las facultades delegadas.
Sin los gobernadores en la cancha, la negociación continuará en el Congreso entre referentes de los bloques y los enviados del Gobierno, como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Menem reunió a las autoridades de las bancadas antes de reiniciar la sesión, pero no abordó cuestiones de contenido del proyecto. Ni lo hará. Su plan es que este jueves se agoten los oradores individuales (quedan más de 100) y el jueves se hagan los discursos de cierre y se vote. Antes, tiene que haber acuerdo del texto final. Aún no lo hay.
