.Javier Milei con el presidente de Israel, Isaac Herzog.
La decisión del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén surge de un impulso ideológico vinculado a la nueva ultraderecha internacional –unida en un respaldo irrestricto a los halcones israelíes que encuentra en la islamofobia una amalgama poderosa– que atenta contra el interés nacional.
La medida supone un desconocimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino, cuya representación aspira a instalar en el sector oriental de Jerusalén la capital de un futuro Estado independiente, y se da de bruces con la solución de dos Estados que plantean tanto Estados Unidos como la Unión Europea y casi la totalidad de la comunidad internacional. Más allá de esto, lesiona la legitimidad del reclamo nacional sobre las islas Malvinas, basado en el principio de integridad territorial y de desconocimiento del derecho a la autodeterminación de poblaciones implantadas a través de procesos de colonización.
Esto es, ni más ni menos, lo que ha hecho Israel en el sector occidental de Jerusalén desde la ocupación de la parte este de la ciudad en la Guerra de 1967, la que fue anexada y colonizada. En 1980, el parlamento de Israel –la Knéset– declaró esa ciudad "capital eterna e indivisible", algo que a priori no invalidaba la posibilidad de que fuera compartida por el Estado judío y por un futuro Estado palestino.
Contra toda legalidad internacional, el gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu reivindica y pretende acelerar la colonización en la propia ciudad y en Cisjordania, a la vez que sostiene que ya no persigue la idea de solucionar el conflicto a través de la creación de un Estado palestino. Estos conceptos hacen a su ADN, pero terminaron de verbalizarse a partir de la guerra contra contra el grupo terrorista Hamás en la franja de Gaza.
El paralelismo con la situación de los que kelpers en nuestras islas Malvinas es evidente. Como esa población colonial fue implantada por el Reino Unido, la Argentina rechaza el reconocimiento de sus "deseos", lo que incluye la posibilidad de que sigan siendo una colonia de Londres o, eventualmente, la autodeterminación.
Al hablar de sus "derechos", la canciller Daiana Mondino mezcló el reclamo de la población británica de Malvinas por un reconocimiento de sus "deseos" con la postura tradicional de nuestro país, que valida solamente los "intereses". Así, dejó flotando un halo de duda sobre cuál sería la postura del gobierno de ultraderecha.
Recientemente, la administración Milei afinó la puntería al restablecer el reclamo por las islas que demanda la Constitución nacional, pero no deja de enviar señales confusas respecto de su política de fondo, acaso por impericia, acaso por intención.
La ley 14.025, que el Congreso aprobó el 31 de mayo de 1951, establece las relaciones diplomáticas y consulares y señala como sede de la embajada a la ciudad de Tel Aviv. Así, el cambio debería pasar por el Congreso.
Cabe especular con que hay posturas diversas dentro del Gobierno sobre esta cuestión. Enfocado en la economía, Milei ha puesto la Cancillería en manos inexpertas, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel –miembro de la "familia militar" e hija de un excombatiente– tiene una postura más comprometida con el reclamo de la soberanía.
El alineamiento de Milei con Israel ubica a la Argentina en el pequeño grupo de países que ha llevado su embajada a Jerusalén. Sigue el ejemplo de Donald Trump, decisión de 2018 deplorada en su momento por Joe Biden, pero que el actual mandatario no revirtió por el costo político que supone internamente de cara al lobby proisraelí de los Estados Unidos.
Más allá del caso de Estados Unidos –polémico en ese mismo país–, también tienen embajada en Jerusalén Papúa Nueva Guinea, Guatemala, Kosovo y Honduras. Así, el alineamiento que prometió el presidente argentino con las democracias del "mundo libre" choca de frente con esta decisión desafortunada.