El funcionario destaca la decisión de Martín Llaryora de sostener las obras públicas ante la motosierra de la Nación. La inversión, en manos de la provincia.
La infraestructura no es sólo una consecuencia del crecimiento: es una de las condiciones que lo hacen posible. En Córdoba, para atraer inversiones, generar empleo y mejorar la calidad de vida, necesitamos obras planificadas y sostenidas en el tiempo. El Estado tiene un papel insustituible en esa tarea.
Con esa visión, el gobernador Martín Llaryora puso en marcha el Plan de Igualdad Territorial, destinado a acelerar inversiones en 12 departamentos que crecen a un ritmo menor que el resto de Córdoba. Allí, la inversión por habitante es actualmente cercana a dos veces y media la del resto de la provincia. El objetivo es reducir brechas históricas y evitar que el lugar de nacimiento o residencia limite las oportunidades de desarrollo.
En ese contexto, la construcción muestra un dinamismo destacado: según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), en junio de 2026 el empleo registrado del sector en Córdoba creció 10,8% interanual, frente al 0,4% del promedio nacional.
Dentro de esa política, las rutas cumplen una función decisiva: conectan la producción con los mercados, facilitan el acceso a servicios y acercan los destinos turísticos. Una red segura y eficiente reduce costos logísticos y tiempos de viaje, y permite que más localidades participen de las oportunidades de crecimiento.
Córdoba cuenta con más de 6.100 kilómetros de red provincial pavimentada, entre sus componentes primarios y secundarios. Representan alrededor del 12,2% de la red pavimentada de jurisdicción provincial del país. Esa dimensión expresa el patrimonio construido, pero también la responsabilidad de conservarlo y ampliarlo.
Durante años, la provincia sostuvo la construcción de autopistas y autovías, la mejora de accesos, la ejecución de puentes y la rehabilitación de rutas. La decisión es dar continuidad a ese esfuerzo, combinando el mantenimiento de la red existente con nuevas obras, elegidas por su aporte a la seguridad vial, la integración territorial y la competitividad.
La finalización de la autopista de la Ruta Nacional 19 entre Córdoba y San Francisco es un ejemplo concreto. Ante la paralización por parte de la Nación, el gobierno provincial asumió una inversión superior a $200.000 millones con recursos propios para completar los 62,9 kilómetros pendientes. Se trata de un corredor estratégico para la Región Centro y su vinculación con Santa Fe y el resto del país.
La Circunvalación de Río Cuarto responde a otra necesidad: reorganizar uno de los principales nodos logísticos del país. Con 42 kilómetros de extensión, configuración de autopista y una inversión total superior a 400 millones de dólares, permitirá separar el tránsito pesado del urbano y mejorar la conexión entre las rutas nacionales 8, 36 y A005.
En el oeste provincial, la pavimentación de la Ruta Provincial 28 entre Tanti y Taninga, concebida como un segundo Camino de las Altas Cumbres, abrirá una alternativa de vinculación con Punilla. Este corredor de aproximadamente 90 kilómetros mejorará la accesibilidad de localidades y parajes serranos, con nuevas posibilidades para el turismo y las economías regionales.
A su vez, la continuidad de la pavimentación de la Ruta Provincial 10 busca completar la gran columna vertebral norte-sur de la red cordobesa. Su extensión, cercana a los 512 kilómetros, y la diversidad de regiones productivas que atraviesa le otorgan un papel estratégico en el transporte de la producción y la integración de la provincia.
La experiencia de Córdoba demuestra que la provincia tiene capacidad para planificar, ejecutar y sostener obras estratégicas. Esa capacidad debe ponerse al servicio de las soluciones, también cuando se trata de corredores cuya importancia excede una jurisdicción.
Córdoba está preparada para asumir nuevas responsabilidades cuando eso permita avanzar con mayor rapidez. Pero cualquier transferencia de una obra nacional o de un corredor debe incluir los recursos, las competencias y las herramientas para ejecutarlo, conservarlo y sostenerlo en el tiempo. No se trata de trasladar obligaciones sin financiamiento, sino de acordar mecanismos de cooperación y responsabilidades claras.
El desafío es cuidar la red que tenemos y preparar la que necesitaremos en los próximos años. La Provincia seguirá destinando recursos y capacidad de gestión a esa tarea, con una mirada que integre a sus regiones y contribuya al desarrollo de la Región Centro y del país. Ese es el sentido de sostener la infraestructura vial como una política de Estado.
