El magistrado decidió restituir el lugar a Mateo Corvo Dolcet, investigado por lavar dinero de narcos colombianos. En el lugar funcionaba un vacunatorio y dependencias municipales.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso la restitución de un predio en el kilómetro 46 de Panamericana a Desarrollos Inmobiliarios S.A., una empresa conducida por Mateo Corvo Dolcet, investigado en causas por narcolavado. La decisión dejó sin funcionamiento a un centro de vacunación que operaba en el lugar desde la pandemia por coronavirus.
La resolución generó malestar entre los vecinos y organizaciones sanitarias, que destacaron la importancia del vacunatorio. Según fuentes judiciales, el inmueble había sido cedido en comodato durante la emergencia sanitaria, pero la empresa reclamó su propiedad en los tribunales.
Desarrollos Inmobiliarios S.A. aparece mencionada en informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. A pesar de estos antecedentes, el juzgado federal de Campana avaló el reclamo y ordenó la restitución.
El fallo se basa en la falta de documentación que formalizara la cesión del predio al municipio. Sin embargo, autoridades locales aseguran que el centro de vacunación operaba con autorización oficial desde 2020.
Según menciona el sitio Pilaradiario, en el marco de la causa, los investigadores encontraron vínculos de Corvo Dolcet con la familia de Pablo Escobar, el mítico líder del Cártel de Medellín muerto por la policía. Se trata de un documento en el que el imputado dejó asentado que María Isabel Santos y Sebastián Marroquín (viuda e hijo del famoso narco colombiano más famoso) eran quienes le habían presentado en 2008 a Piedrahita Ceballos, servicio por el cual el imputado les abonó una suma de dinero equivalente al 4,5% de la operación que el abogado realizaría con el colombiano.
Desde la municipalidad de Pilar, expresaron preocupación por la medida y adelantaron que recurrirán la decisión ante la Cámara de Apelaciones. Organizaciones sociales también repudiaron el fallo y exigieron que el servicio sanitario no se vea interrumpido.
Mientras tanto, el centro de salud fue trasladado a una sede provisoria, con el objetivo de garantizar la continuidad de la campaña de vacunación en la zona.