El desbarranco del proyecto de ley ómnibus, que generó la ira del presidente Javier Milei, también descubrió el conflicto de intereses del sector tabacalero nacional que involucra a las provincias productoras -Salta, Jujuy y Misiones-, a las empresas que industrializan el producto y venden cigarrillos, como Philips Morris-Massalin Particulares, Nobleza Picardo y Tabacalera Sarandí, y a un grupo de integrantes de la Cámara de Diputados que intercedió por los distintos grupos.
El bonaerense Cristian Ritondo (PRO) y el salteño Carlos Zapata (La Libertad Avanza), que se define como “olmedista”, intercedieron para cambiar la redacción original del proyecto que envió el Ejecutivo nacional.
Eso provocó el fastidio de Milei, que esperaba recaudar más con el aumento de impuestos al sector. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si se aprobaba la redacción original el Estado podía recaudar US$100 millones en 2024.
También quedaron enojadas las provincias tabacaleras porque “en el proyecto de ley (ahora abandonado) no quedó ningún beneficio para los productores y, sin embargo, Milei señala a los gobernadores como culpables; así echó sin sentido a la secretaría de Minería, Flavia Royon, y cortó el Fondo compensador del Transporte al interior".
En medio de su frenesí en redes sociales para señalar quiénes, a su criterio, contribuyeron al fracaso del proyecto, Milei señaló al “Señor del Tabaco”.
Según fuentes del sector y del Congreso, Milei llamó así al empresario Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí, que en sociedad con la multinacional británica Imperial Brands -cuarta tabacalera mundial- produce y comercializa en la Argentina marcas secundarias de cigarrillos -su nave insignia es la marquilla Red Point-.
Las cámaras que agrupan a los productores sumaron su enojo. “Como estaba el proyecto, producto del lobby, también nos perjudicaba, porque hay empresas que no tributan y desfinancian el Fondo Especial del Tabaco que reciben los productores”, explicaron fuentes del sector.
Tabacalera Sarandí cuenta con un amparo judicial que, según fuentes industriales, le permitió “ahorrar” impuestos por más de US$2.000 millones. Ahora el caso está en la Corte Suprema de la Nación. La empresa de Otero asegura que el “impuesto interno mínimo” que impuso el gobierno de Mauricio Macri en 2017 "es inconstitucional". En 2022, el juez federal Enrique Lavie Pico otorgó un amparo hasta que se resuelva el fondo de su reclamo, luego que la Corte revocara la medida cautelar que tenía.
Desde el comienzo, la ley ómnibus propuso aumentarle retenciones al sector tabacalero al 15% de sus exportaciones, medida incluida en el paquete de aumento de retenciones a todas las economías regionales. Ese punto se eliminó en Diputados.
Sin embargo, quedó en la redacción del proyecto la suba de la tasa del Impuesto Interno a los cigarrillos, que está en el 70% y buscaban subirla al 75% para recaudar más. Las provincias tabacaleras apoyaron esa suba, porque desde allí se financia el Fondo Especial del Tabaco, que es el dinero que reciben los productores como compensación o complemento del precio de venta del kilo de tabaco.
El tercer punto que envió Milei fue la eliminación del Impuesto interno Mínimo, un gravamen que pagan las empresas, más allá del precio de la etiqueta del atado de cigarillos. Ese gravamen es el que Tabacalera Sarandí no está pagando desde 2017, argumentando que "le genera una desventaja comercial frente a las grandes empresas". Sin embargo, actualmente tiene el 45% del mercado.
Según explicó un diputado que estuvo en la negociación de la letra de la ley en el capítulo del tabaco, el Ejecutivo quería eliminar el Impuesto Mínimo que Tabacalera Sarandí objetó en la justicia y nunca pagó. Allí surgió el tándem Ritondo y Zapata -este último, productor de tabaco- y se opuso a la eliminación del impuesto. Los representantes de las provincias tabacaleras estaban de acuerdo con su eliminación porque, argumentan, “pone en igualdad de condiciones a las tres empresas del sector”.
La Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET) también expresó su apoyo al aumento del impuesto interno y la eliminación del Impuesto Mínimo.
“Acá hay que defender a la producción tabacalera. No engañen a los productores. Mantengan el Fondo Especial del Tabaco que se financia con los impuestos. Sin embargo, hubo un lobby de los diputados de la provincia de Buenos Aires que se desentienden de lo que pasa en Misiones, Salta o Jujuy”, dijo el legislador a Letra P
El proyecto que envió Milei también incluía contemplaba el cobro de impuestos a los cigarrillos electrónicos, que ahora están prohibidos en Argentina por disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). La industria estaba dispuesta a pagar el impuesto porque, entienden en el sector, “eso iba a permitir generar el sendero de la aprobación desde el Ministerio de Salud para los cigarrillos electrónicos, vapeadores y calentadores de tabaco”. También eso fue eliminado.
Las provincias productoras son Salta, Jujuy y Misiones y, en menor medida, Catamarca y Tucumán. Las dos primeras producen el tabaco Virginia, que es el más refinado, con un proceso de selección y secado muy tecnificado. De allí se exporta el 40%, fundamentalmente para ser usado en los dispositivos de tabaco calentado, vapeadores y sistemas que se utilizan en otros países para reducir la nicotina y el alquitrán.
Es una economía regional muy fuerte. Allí se cultivan hasta 20.000 hectáreas que generan 20 mil puestos de trabajo directos. Hay productores de hasta 300 hectáreas. Misiones produce tabaco Criollo, que lleva mucho menos proceso, se seca en un tendal en un tinglado y se vende. Allí son más frecuentes los productores familiares de pequeñas parcelas y, según fuentes provinciales, mucho de ese tabaco se va por el río a Brasil, de contrabando.