La asamblea general formalizará este martes el cierre de seis meses de conflicto. Jueces y funcionarios mantienen la presión y exigen equiparación federal.
El personal de la Justicia de Córdoba dará este martes el primer paso formal para cerrar un conflicto que se ha extendido por casi seis meses. En asamblea general, el gremio que los nuclea refrendará la mayoritaria voluntad de aceptación, expresada en asambleas por circuito, a la última propuesta de mejora en sus remuneraciones.
De acuerdo al texto presentado por el gobierno de Martín Llaryora, a partir de septiembre comenzarán a percibir una parte sustancial de los distintos puntos presentados como mejoras. El plan escalonado llega hasta diciembre, con la última cuota de la equiparación con quienes revistan en la Justicia federal.
La falta de cumplimiento de la ley que establece dicha equivalencia sigue siendo la causa que esgrimen los magistrados y funcionarios judiciales para mantener sus propias advertencias. Despejado el conflicto con el personal, entienden que será su turno para obtener respuestas, sin necesidad de acudir a la vía legal.
La asamblea general extraordinaria convocada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) se realizará este martes, desde las 13, en la sede del Sindicato de Canillitas, en el centro de la ciudad de Córdoba.
Allí, delegados de las sedes del interior y de la capital deberían confirmar una tendencia que parece irreversible a favor de la aceptación de la nueva oferta del Poder Ejecutivo, superior a la que ya rechazaran horas antes de la feria de invierno.
Al cierre de esta nota, un 77,6% de los votos emitidos en las asambleas primarias se había inclinado por la aprobación. Los sufragios negativos se dividen entre quienes rechazan con moción de continuidad de las negociaciones (un 17,2%) y quienes impulsan un nuevo paro (5,2%).
Esta proporción responde a 927 votos, sobre un total de 2300 afiliados. Aunque resten las expresiones de quienes asistan para expresarse en la reunión general, se descuenta que por la progresión, en cotejo con otras discusiones, se aceptará por amplia mayoría la proposición que presentaron los negociadores de Martín Llaryora en la última audiencia.
En tal caso, desde la liquidación de haberes de septiembre se producirá una serie de mejoras que incluyen un incremento del 2,1% dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, un 1,9% de la propuesta del Ejecutivo provincial, el tercer tramo de la equiparación con el fuero federal, una bonificación por permanencia y la primera reducción de un punto de aportes personales (del 8% al 7%), descuento que afecta a 1400 trabajadores sobre un universo de 6400.
Quedarán para meses posteriores un nuevo incremento al básico, otra reducción de un punto de los aportes y el cuarto (último) tramo de la equiparación.
Al tanto de la segura aceptación del personal, magistrados y funcionarios judiciales recuerdan la vigencia de sus propios reclamos, que serán nuevamente expresados este miércoles al mediodía en la explanada del edificio de Tribunales.
Sus quejas, que no siguen canales formales, estriban en el incumplimiento por parte del Ejecutivo de la ley que garantiza la equivalencia con los funcionarios federales. Según explican, cada mes se alejan un poco más del 90% que sirve como meta, encontrándose hoy, en promedio, 13 puntos alejados de ella.
Sostienen dos pedidos, acercados una semana atrás a una de las vocales del Tribunal Superior de Justicia. El primero es la presentación de un compromiso, por escrito, del pleno cumplimiento con la ley de equivalencia antes que concluya el año. El segundo, convergente en el mismo objetivo, es la eliminación del tope de 30 años para los adicionales por antigüedad.
Sobre estos mismos ejes también trabaja ya la Asociación de Magistrados, el interlocutor formalmente legitimado. Así lo plasmó, hace una semana también, ante el pleno del TSJ y el Ministerio de Justicia y Trabajo, a cargo de Julián López.
Otra coincidencia vincula a la Asociación y los disidentes: ni una ni otros terminan de creer en la promesa de una merma de los aportes patronales.
Por lo bajo recuerdan también que cuentan con más de mil reclamos administrativos, para los cuales podrían solicitar pronto despacho a partir de la próxima semana. Esta advertencia es la antesala del inicio de la vía legal.
Como contó Letra P, para cumplir con lo comprometido el Gobierno provincial deberá afrontar una erogación de $10 mil millones para los cuatro meses restantes del año.
El número podría haber sido superior si la voluntad mayoritaria hubiese tomado el camino de quienes piden una mejora neta del 25% sobre los sueldos básicos. Muchos de ellos también piden que se devuelva lo descontado por paros, más allá de que no se repita la medida.
El número podría ser mayor si los magistrados logran imponer sus puntos. Según afirman, tendrían un impacto marginal frente a la masa total destinada a la Justicia. “El TSJ lo sabe, pero la plata la pone el gobierno. El mismo gobierno que destina millones a crear procuraciones y fiscalías y luego dice que no hay plata”, sentencian en diálogo con este medio.
Por el momento, en los pasillos de la gobernación la urgencia pasa por la pronta normalización de las actividades judiciales, afectadas durante seis meses por paros, asambleas y la impensada unión de jueces y empleados.
