Reunión plenaria de las comisiones de Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad para tratar la modificación del régimen de licencias.
El proyecto de ley para ampliar las licencias laborales por maternidad y paternidad volvió a debatirse este martes, pero su aprobación en el recinto está todavía lejos porque no hay consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
De todas maneras, el oficialismo está decidido a avanzar y confía en conseguir el respaldo de la UCR para construir una mayoría. “Esta es la última reunión informativa. La próxima es para dictaminar”, anunció la diputada del FDT Vanesa Siley, al inicio del plenario de las comisiones de Legislación Laboral (que ella preside) y de Mujeres y Diversidad, encabezada por Mónica Macha.
Las diferencias por ahora son centrales, porque el principal espacio opositor se resiste a sumar días a la licencia de personas gestantes (que es de 90 días) y propone una gradualidad para aumentar la de no gestantes, que es de sólo 2 días, de los más cortos del mundo. Plantea llevarla a 15, con subas anuales hasta llegar a 45 en 6 años.
El oficialismo plantea llevar la primera a 126 días (45 anteriores al parto) y a 45 la segunda, sin ninguna progresión. "No se pueden otorgar derechos en cuotas", repiten en el bloque conducido por Germán Martínez. Los dos frentes plantean incorporar 90 días de licencia para adoptantes, aunque en el caso del opositor no definió si pretende extender el beneficio a ambos miembros de la pareja.
La otra controversia es sobre las licencias especiales, enumeradas en el artículo 158 de la ley de contrato de trabajo, que el oficialismo propone ampliar en los casos de fallecimiento de cónyuge (10 días corridos) o el de padre, madre, hermano, hermana, nieto o nieta (3 días). Y agrega otras como violencia de género (20 días) y discapacidad o enfermedad crónica de un familiar (180).
En el borrador del dictamen que elaboró la oposición (sobre el que tampoco hay pleno consenso interno) se otorgan menos días a algunas licencias (1 por fallecimiento de nieto y 2 de hermano/a) y hay otras que no se suman, como la de violencia de género. Para esos casos, se contempla un cupo de 30 días corridos de licencias sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como “razones particulares no planificadas”.
Los permisos especiales son el aspecto en el que más se hizo sentir la presión de las grandes cámaras empresarias, porque tienen que pagarlas. Las que se otorgan por nacimiento las financia el Anses, pero hay resistencia de las asociaciones de pymes por las vacantes laborales que generan ausencias más prolongadas.
Según un informe de la oficina de presupuesto (OPC), la versión del oficialismo demanda un costo fiscal de 124.634,78, el 0,074% del PIB para 2023, que surge de la inclusión de personas monotributistas y autónomas; la aplicación de asignaciones simultáneas para gestantes y no gestantes, y el financiamiento de obras sociales a través del régimen de asignaciones familiares.
Por poco que sea, el PRO tiene definido no aprobar proyectos que impliquen un costo fiscal y por eso sus representantes no participan de las negociaciones parlamentarias. Pero el principal lobby para frenar la ley surge de la UIA y las Cámaras empresariales, que en las primeras audiencias enviaron representantes para oponerse.
La primera expositora de este martes, María Orsenigo, coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem, el think tank radical, defendió la propuesta de sus correligionarias y también respaldó las críticas empresariales.
"No se puede ampliar las licencias sin estudiar la transferencia de recursos a los empleadores, que además no están distinguidos: No es lo mismo Techint, que tiene 500 mil empleados distribuidos en todo el mundo, que la Pyme de acá la vuelta".
Orsenigo propuso, además, la opción de que las personas gestantes puedan retomar las actividades laborales con tareas remotas, home office; o jornadas reducidas, sin necesidad de pedir un trimestre más de licencia sin goce de haberes, lo que se conoce como "período de excedencia".
Le respondió al final del plenario José Palazzo, diputado oficialista, dirigente del gremio de La Bancaria y radical en sus orígenes. Recordó que hubo conquistas de derechos laborales realizadas por gobiernos de la UCR con resistencia de la UIA y las cámaras empresariales.
“Quisiera que tomemos la decisión de que, le guste o no a la Unión Industrial Argentina y a los sectores empresarios que los trabajadores tengamos derechos, avancemos igual. Porque lo merecemos y además ya lo cobraron, porque desde 2015 los trabajadores perdieron un cuarto de poder adquisitivo”, desafió Palazzo.
Fuentes del oficialismo contaron a Letra P que la estrategia para aprobar la ley consistirá en lograr el voto radical y aislar al PRO y a la Coalición Cívica. De mínima, aplicarán la mayoría en comisiones para dictaminar después de las primarias, cuando la oposición presentará el suyo.
El plenario tuvo voces de respaldo a la propuesta del oficialismo, aunque con cuestionamientos. Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y asesora sindical en Asociación Argentina de Actores, reclamó la corresponsabilidad entre gestante y no gestante, que contemplaría la equiparación de las licencias. La idea nunca tuvo consenso en el Congreso, por la resistencia del lobby empresarial.
Yamile Socolovsky, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T), recordó que el cuidado es un derecho y no puede restringirse con una legislación laboral. “Se nos coloca a las trabajadoras en lugares de desprotección y vulnerabilidad”.
Noe Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT), anticipó que la central obrera respaldará la ley de licencias que propone el Frente de Todos. "Simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y aquellos que representamos el trabajo formal apoyamos con fuerza al informal y sostenemos lo público”.