La asamblea no aceptó la propuesta hecha en medio de la conciliación. La huelga será por 48 horas. Magistrados esperan una pauta propia. El pedido de Sesin.
La asamblea general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ) rechazó este miércoles, por amplia mayoría, la propuesta de incrementos en sus remuneraciones que habían presentado el gobierno de Martín Llaryora y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la mesa de negociación.
De manera consecuente, el personal judicial decidió volver a las medidas de acción directa, con un paro de 48 horas que inició desde el primer minuto de este jueves, para todas las dependencias de la provincia.
La medida ya fue asimilada por el TSJ, que en una comunicación interna emitida en la misma tarde del miércoles recordó “la plena vigencia” de acuerdos que obligan a preservar la prestación del servicio frente a dichas medidas.
En paralelo, los magistrados ratificaron la continuidad de sus protestas, con una nueva exposición pública en el edificio de Tribunales I, a la espera de una propuesta de incremento específica para sus tareas.
El rechazo de los empleados judiciales a la oferta paritaria fue rotundo y superó toda expectativa optimista. El recuento arrojó un total de 513 votos para la postura negativa y 228 para la aceptación.
Aún con reparos por reclamos de larga data, desde la conducción de la AGEPJ valoraban positivamente la propuesta del TSJ. No obstante, preveían un desenlace más reñido para la asamblea.
La oferta rechazada ratificaba la aplicación del 2,6%, retroactivo a abril, correspondiente a la disposición de la Corte Suprema de Justicia, pero basaba su arquitectura en un adelantamiento de los tramos restantes para completar la ley de equivalencia de remuneraciones de jueces y miembros del Poder Judicial provincial con cargos de la justicia federal.
Para gran parte de los asambleístas, también para delegaciones del interior, el ofrecimiento resulta insuficiente. Según explican, la mejora a aplicar sobre el sueldo propiamente dicho (con independencia de la equiparación) no garantiza una recuperación salarial por encima de la inflación anual. Mucho menos la erosión del poder adquisitivo de los últimos años.
De inmediato, la misma asamblea aprobó la moción que propuso el inicio de un paro de 48 horas, desde este jueves, con continuidad del plan de lucha a la vuelta de la feria judicial.
“Habitualmente, estas negociaciones se encaminan cuando se empieza a hablar concretamente de plata. Acá, el tiempo transcurrido jugó en contra. Mucho más la vigencia de la reforma previsional. Lo que habíamos ganado con el primer tramo de equiparación muchos lo perdieron con la suba de aportes personales”, sintetiza un delegado gremial.
La profundización del conflicto en el primer escalón del servicio de Justicia evoca a la puja del pasado año, fruto de la cual la AGEPJ logró la aplicación del primer tramo de la ley 9725.
Por entonces también resultó relevante la participación de “autoconvocados”, un actor inusual en las dinámicas de conflictos en el gremio. Aunque finalmente predominó la recanalización institucional, su presencia invitó a explorar vías más combativas con las patronales.
Un año después las miradas se centran en el rol de otros “independientes”: los magistrados y funcionarios judiciales, principalmente secretarios y prosecretarios, que buscan respuestas por fuera de la articulación de la Asociación de Magistrados, hasta entonces el actor legitimado para las pujas colectivas.
Son estos mismos disidentes quienes sostienen un pedido de recomposición salarial para sí mismos. El mismo apuntala el reclamo de vigencia de la ley de equivalencia, pero exige que se cumpla la referencia del 90% de lo que percibe un par federal. Según calculan, hoy están unos 15 puntos debajo.
Por los vasos comunicantes entre los sectores en pugna deslizan sospechas sobre la influencia decisiva que esta prédica tiene hacia los empleados. “Les dicen que no acepten la propuesta, porque es una miseria”, afirman.
“Es sencillo. Hoy llaman a endurecerse los que habitualmente llamaban a no parar. Te corren la meta y más de uno recalcula”, añaden voces extraoficiales.
Desde el colectivo de los funcionarios disidentes deslindan responsabilidades y aseguran que son mayoría aquellos que no coinciden con la conducción del gremio de empleados. “No quieren aceptar”, resumen.
Las mismas voces, que consideran legítimas las razones de la huelga, ratifican la continuidad de sus reclamos por una propuesta específica para el colectivo. Hasta el momento, la única variable en análisis es la reducción de dos puntos en sus aportes, de aplicación diferida, derivada de una resolución del TSJ.
Con sumo cuidado, tampoco dirigen sus dardos al máximo tribunal, cuya conducción les ofreció una silla en una mesa aún informal. Su descripción encuentra al gobernador como principal responsable de la situación.
“Hay mucha molestia por los nombramientos de gente de la política. El Ministerio Público está copado por la política. Para eso sí hay plata”, protestan en camino al Palacio de Justicia.
La creación de la Procuración Penitenciaria es la estación más inmediata para las quejas; la intromisión de Llaryora en el tablero judicial, con nombramientos y designaciones en los órganos del Poder Judicial, es el verdadero trasfondo.
El espíritu de tales lamentos es compartido, también sotto voce, por la mayoría de los vocales supremos. Más que desconocer el juego político, critican la exposición pública de cada maniobra del Ejecutivo.
Desde el Tribunal Superior ya han emergido las advertencias de rigor sobre la reanudación de las huelgas. Vía electrónica, emitió un memorando que exige la conformación de guardias mínimas durante las medidas de fuerza.
El mismo remonta a acuerdos preexistentes en materia de “preservación del servicio”, para asegurar la continuidad y el normal funcionamiento del servicio de justicia. Además, pide a los responsables de área que informen la nómina de personal dispuesto para aquella cobertura mínima.
La comunicación generó un inmediato rechazo de la AGEPJ, que recordó viejos cuestionamientos sobre dichos acuerdos. También apuntó a los grises de la denominada “modernización laboral”, cuya vigencia ha sido cuestionada también por los magistrados.
Hasta esta misma mañana no se ha conocido reacción alguna por parte del Ejecutivo. Sus negociadores comparten una inquietud estampada hacia 2027: evitar que el costo político del conflicto se facture enteramente al gobernador.
