En nuestro país, la presencia y el fortalecimiento de la ciencia son fundamentales. Necesitamos más científicos y científicas, más inversión, más ciencia, no menos. ¿Puede un país en desarrollo prescindir de la ciencia? ¿Debería el Estado reducir o eliminar el presupuesto destinado a la ciencia y la tecnología? ¿Es necesario desmantelar, achicar o eliminar instituciones científicas como el Conicet?
La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo NO. Ningún país en desarrollo, ni aquel que aspira a mejorar el bienestar social y la calidad de vida sin deteriorar su medio ambiente, puede prescindir de invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI).
Los países desarrollados ejemplifican esta premisa con una inversión que triplica la de las naciones sudamericanas. Según datos del Banco Mundial (2019), Estados Unidos destina el 3,45% de su PBI a CTI, Japón el 3,26%, Bélgica el 3,48%, Alemania el 3,14% e Israel y Corea del Sur destacan con un 4,9%. Brasil invierte el 1,21%, Chile el 0,34%, Uruguay el 0,48% y Argentina, el 0,31% de su PBI en ciencia.
En 2020, la inversión total en CTI en nuestro país alcanzó los 142.837 millones de pesos corrientes. Esto marcó una desaceleración en la caída del financiamiento destinado a promover las actividades de CTI, con un incremento de la inversión medida como porcentaje del PBI. Durante el periodo 2016-2019, se registró una disminución del 27% en la inversión total en CTI con respecto a 2015.
En 2020, esta tendencia se ralentizó, con una caída del 1% respecto a 2019 en valores reales. Aunque fluctuante, esta inversión ha permitido mantener una ciencia con impacto en la sociedad y construir una base sólida capaz de responder a situaciones de crisis, como la vivida durante la pandemia de la COVID-19.
Gracias a la inversión en CTI, durante esa crisis se desarrollaron kits de diagnóstico, vacunas, terapias y barbijos; se realizó vigilancia molecular del virus a nivel nacional en tiempo real y los recursos humanos capacitados contribuyeron a brindar respuestas oportunas en tiempos récord.
Medidas como no actualizar el presupuesto, despedir administrativos, no efectivizar nombramientos de nuevos becarios en instituciones como el Conicet y no transferir los subsidios ganados por investigadores e investigadoras por concurso llevarían a una pérdida casi irreversible. La ciencia argentina dejaría de estar a la vanguardia en áreas críticas como la salud, el medio ambiente y la energía, obligando al país a depender de importaciones y enfrentar desafíos de gobernabilidad.
La formación de recursos humanos en ciencia lleva años y perder este impulso costaría mucho tiempo recuperarlo. Es esencial reconocer el valor estratégico de la inversión en ciencia para el desarrollo sostenible y la autonomía del país.
Ya no se habla de privatizar la ciencia, como en la campaña presidencial 2023. De todas maneras, es oportuno aclarar que la inversión del sector privado en ciencia siempre existió. En términos porcentuales, en nuestro país el 60% de la inversión en CTI es financiada por el sector público (gobiernos nacional, provinciales y municipales y universidades públicas), un 25% por el sector privado (empresas, universidades privadas y entidades privadas sin fines de lucro) y el restante 15% por el sector externo (organizaciones internacionales, empresas y otras organizaciones extranjeras).
De 2016 a 2020, la inversión del sector público osciló entre el 60 y el 72% y la del privado, entre el 19 y el 26%. Estos porcentajes varían de país a país, pero lo importante es que el Estado siempre actúa como inversor en CTI entendiendo que es una estrategia que da soberanía.
Argentina tiene historia en ciencia. La trayectoria de varios investigadores ha sido incluso objeto del máximo galardón en el mundo, el premio Nobel: Bernardo Houssay en Fisiología y Medicina en 1947, Luis Federico Leloir en Química en 1970, César Milstein en Fisiología o Medicina en 1984. Muchos otros científicos y científicas han sido premiados internacional y nacionalmente. Según registros de 2023, 120.146 personas realizan actividades de CTI en nuestro país, incluyendo 90.397 investigadores/as y becarios/as y 29.749 personas que realizan otras tareas de CTI. La mayor parte del personal dedicado a CTI tiene como lugar de trabajo las universidades públicas y los organismos públicos de CTI, que en conjunto concentran el 78% de los recursos humanos.
En estos momentos de preocupación y desconcierto, es importante hacer valer lo dicho también para la ciencia: “Fuera de la ley, nada; dentro de la ley, todo”.
Vale por ello recordar que existen leyes en ciencia: la 27.614, de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fue aprobada en 2021 por unanimidad de ambas cámaras del Congreso Nacional, a excepción de dos abstenciones en la de Diputados.
Esta norma, a su vez, se fundamenta en la 25.467, de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en su artículo 5 establece que, entre las responsabilidades indelegables del Estado nacional en materia de política científica, tecnológica y de innovación, se encuentra la de “financiar la parte sustantiva de la actividad de creación de conocimiento conforme con criterios de excelencia” (apartado b).
En la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se detalla que su objeto es establecer el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a CTI hasta alcanzar, en 2032, como mínimo, una participación del 1% del PBI de cada año. Estaba previsto que el incremento de la inversión en CTI estuviera destinado a promover la federalización del sistema científico tecnológico, desarrollar la matriz productiva, generar empleos de calidad, visibilizar los avances científico-tecnológicos, promover la formación de profesionales, incrementar la infraestructura y equipamiento, generar incentivos para la inversión del sector privado, propiciar la participación de las mujeres y la población LGTBI+, jerarquizar la investigación científico tecnológica y contribuir al desarrollo del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Con el fin de garantizar el incremento progresivo y sostenido de los recursos, las inversiones tienen que crecer anualmente de acuerdo a los porcentajes mínimos: 0,28% del PBI en 2021; 0,31% en 2022; 0,34% en 2023; 0,39% en 2024; 0,45% en 2025; 0,52% en 2026; 0,59% en 2027; 0,68% en 2028; 0,78% en 2029; 0,90% en 2030; 0,95% en 2031 y 1% en 2032. La asignación de recursos para ciencia y tecnología del presupuesto nacional nunca será inferior, en términos absolutos, a la del presupuesto del año anterior, establece la norma.
Frente a estas decisiones tomadas democráticamente por nuestras autoridades nacionales, se construye, en oposición, la letanía de que “no hay plata”, pero, sin embargo, índices aportados por el INDEC indican que el PBI argentino creció alrededor de 10% en 2021 y 5% en 2022, para estancarse, sequía mediante, en 2023.
Durante 2023, Argentina, como hecho inédito y superador, también dio carácter de ley al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que establece el conjunto de políticas para el sistema de CTI para la próxima década.
El documento, que fue propuesto por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias e instrumentos para todos los actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La importancia de este plan es su visión de mediano y largo plazos, sin importar quién gobierne en la Argentina. Este plan tiene como objetivo, además, la articulación de las actividades científicas y tecnológicas con el proyecto de desarrollo nacional, la federalización y el impacto social y productivo, generando valor agregado en los bienes industriales y servicios.
Nuestro país no puede perder su historia, lo construido en ciencia y tecnología; tiene que ir por más, nunca menos. Como lo manifestó acertadamente Houssay, fundador del Conicet, “la ciencia no es cara; cara es la ignorancia”.