GÉNEROS

Brecha de género y poder: quién manda en las provincias

Santiago del Estero tiene los mejores índices de paridad. Santa Cruz, los peores. Sólo una de cada diez intendencias está ocupada por una mujer.

La Argentina es modelo para la región y, en muchos casos, para el mundo, por su legislación de avanzada en ampliación de derechos humanos. El movimiento feminista impulsó muchas de estas acciones para reducir la brecha de género: el país fue el primero en el mundo en conseguir por ley pisos de participación en la representación política de las mujeres en el sistema electoral. La Ley de Cupo, de 1991, exigía que las listas de candidaturas para el Congreso incorporaran un 30 % de mujeres, piso superado con la ley de Paridad de 2017, que exige un 50%. En algunos casos, estas acciones afirmativas derramaron hacia la sociedad civil, como el cupo femenino para los recitales y la ley de equidad de género en los medios de comunicación, aún sin reglamentar. En varias provincias, también se avanzó hacia los otros poderes del Estado. Sin embargo, se sabe que los pisos de representación no necesariamente implican poder de decisión.

Bajo esa hipótesis, el centro de estudios Fundar desarrolló el Índice de Género, Decisión y Representación con foco en las posibilidades de acceso al poder de las mujeres en las provincias argentinas, no sólo en las legislaturas (representación política), sino también en poderes ejecutivos, en la Justicia y en el sector privado (poder de decisión).

No es la primera vez que se publican monitoreos sobre la presencia de mujeres en espacios de decisión. El proyecto Mujeres en el Poder del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género o los relevamientos de Proyecto Generar son, también, muy ilustrativos de la brecha entre varones y mujeres en el país. Lo distintivo de este índice es que se concentra en la desigualdad de género en el acceso al poder provincial.

Brechas

“El índice es una herramienta que no pretende establecer un ranking, sino identificar las esferas donde hay mejores desempeños e identificar los lugares donde hay que seguir investigando para extrapolar experiencias, compartir aprendizajes y encontrar los baches para crear los mecanismos que impulsen el acceso de las mujeres al poder”, explica Juan Martín Argoitia, autor del trabajo junto con María Emilia Cerra, Alejandro Avenburg, Paola Bergallo, María de las Nieves Puglia, Daniela Belén Risaro y Micaela Fernández Erlauer.

“Observamos una heterogeneidad en el nivel de participación de mujeres en las esferas del poder político, económico y judicial en las distintas provincias”. Lo llamativo de los resultados es que estas diferencias no se explican ni por nivel de desarrollo económico y riqueza de las provincias, ni por el signo político en el poder, ni siguen un criterio regional.

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Los datos hablan por sí solos: la provincia más igualitaria en términos de género es Santiago del Estero y la última es Santa Cruz. “El poder de decisión es el componente que mejor explica la variación de niveles de paridad entre provincias, debido a que aquellas que mejor puntaje obtienen en el índice de igualdad de género son las provincias en donde las mujeres ocupan en mayor medida posiciones en los poderes ejecutivo y judicial y en el sector privado”, dice el estudio.

Otro hallazgo de este índice es la falta de relación entre la paridad en los poderes provinciales y inmensa brecha a nivel municipal. Es que de 1172 municipios de toda la Argentina, 141 están conducidos por mujeres: solo 1 de cada 10 tiene intendenta. La provincia que más intendentas tiene es Río Negro: 9 de 38, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego directamente no hay mujeres al frente de municipios.

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La cantidad de mujeres al frente de intendencias es el indicador con peores resultados del índice, pero es sólo la punta del ovillo que lleva a uno de los sectores más masculinizados: los poderes ejecutivos provinciales. Prácticamente ninguna provincia tiene gabinete paritario: Chaco, Entre Ríos, San Juan, Santa Fe y Tierra del Fuego tienen más del 30% de ministras mujeres. Además, más de la mitad de las mujeres en los gabinetes ocupan los cargos más relacionados con los estereotipos de género: desarrollo social, salud, educación, cultura, medio ambiente, niñez, juventud, familia o género.

La hipótesis de que las provincias gobernadas por mujeres –Río Negro y Santa Cruz- tendrían mejores índices de representación y participación femenina se deshace en el aire cuando se contrasta con los datos: sus gabinetes están muy lejos de ser paritarios.

Claro que la masculinización del poder no es un problema sólo del sector público. El informe de Fundar da cuenta de que en el sector privado hay sólo una empresa liderada por una mujer de cada dos lideradas por un varón. Entre las MiPymes, sólo una de cada tres y, como ocurre en los poderes ejecutivos, la dirección de las empresas está vinculada con los roles de cuidado y reproducción atribuidos a las mujeres: el sector más feminizado es Enseñanza (el 73% de estas empresas está conducidas por mujeres) y el rubro con menor participación femenina es Energía (5%).

Mejores puestos

El Poder Judicial es el más feminizado, con la paridad promedio más alta (83%). Entre las posibles hipótesis de este fenómeno, analizan en Fundar, están “la estabilidad en las trayectorias profesionales de las mujeres que deciden hacer la carrera judicial o a las reglas institucionales de promoción”. En los fueros provinciales es donde más distritos se acercan a la paridad de género. Las mujeres son casi la mitad de la judicatura (2242 de 5030), pero solo 8 de las 24 provincias alcanzan la paridad. Chaco ranquea primera: el 58% de los máximos cargos están ocupados por mujeres: 124 de 213. Santa Cruz sólo tiene 20 de 62 puestos ocupados por mujeres. Desde Fundar aclaran que las estadísticas responden a tribunales superiores locales, que no contemplan juzgados federales.

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Luego del Poder Judicial, el Poder Legislativo es el segundo sector más feminizado: es que 22 de las 24 provincias tiene leyes de paridad (sólo faltan Tucumán y Tierra del Fuego) y casi todas esas leyes incluyen los concejos deliberantes, salvo Catamarca. Sin embargo, salvo San Luis, cuya ley exige que las listas lleven mujeres a la cabeza hasta cumplir con el 50%, o Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, que incluyen a otros poderes o al binomio para la gobernación, la paridad no está saldada en ninguna provincia y, como evidencia el Índice el Índice de Género, Decisión y Representación, mucho menos en los poderes ejecutivos o en el sector privado.

La brecha de género no distingue niveles de desarrollo, ideologías o regiones. “No importa el partido político gobernante, la región ni la riqueza: todas las provincias tienen cuentas pendientes en el logro de la paridad de género en todos los ámbitos de decisión”, concluye el estudio.

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