Sólo tres de siete sillas están ocupadas. La feria judicial, fijada como límite para resolver el tema, llega sin acuerdo. La Cámpora, LLA, PRO y UCR pelean por un lugar.
Axel Kicillof completó la integración del Ejecutivo bonaerense en el Consejo de la Magistratura con tres representantes titulares y la Legislatura bonaerense terminará de hacer lo propio esta semana. Pero, a días de la feria judicial de invierno, los acuerdos para cubrir las vacantes en la Suprema Corte siguen sin aparecer, trabados por la interna del peronismo y la oposición.
El decreto del martes designó como titulares por el Ejecutivo al asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, junto a Lisandro Pellegrini y Santiago Révora, con Gabriela Demaria, Ana Laura Ramos y Gustavo Gamino como suplentes. Demaria responde al grupo de intendentes peronistas del conurbano con eje en Lomas de Zamora. La Cámara de Diputados bonaerense ya había aprobado el lunes a Mariano Cascallares, alineado a Kicillof, y Sofía Vanelli, del massismo, por la Legislatura.
En el Senado, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, ya quedaron definidos los senadores Sergio Berni y Fernando Coronel, titular y suplente por el oficialismo, y María Luz Bombaci, de La Libertad Avanza, por la oposición. Falta un último lugar opositor, sin acuerdo aún entre el PRO y la UCR, que podría resolverse este jueves, en la segunda sesión ordinaria del año.
El movimiento se produce mientras la gran discusión de fondo está trabada y con pocos avances. Los acuerdos para la Magistratura no tienen correlato con la negociación por la cobertura de vacantes en la Corte provincial, cuatro sillones que podrían ser cinco dentro de pocos meses, codiciados por todos los espacios políticos. La interna en el peronismo, donde las diferentes tribus pretenden quedarse con uno de esos lugares, explica en buena parte el freno. Pero hay otros factores: Kicillof no termina de encontrar entre la oposición un sector que garantice los votos para un acuerdo posible.
Mientras tanto, en la Justicia bonaerense crece el malestar. El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, armó a fines de abril un acto institucional para pedirle al gobernador y a la Legislatura la cobertura urgente de las cuatro vacantes del tribunal, una movida sin precedentes en la provincia. Lo apoyaron la Asociación Judicial Bonaerense, el Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados: todos los actores del Poder Judicial en respaldo a un reclamo que no incluye solo los cargos en el tribunal, sino otras 200 vacantes en la Justicia bonaerense que tampoco terminan de resolverse.
El Gobierno bonaerense respondió el reclamo a través de Carlos Bianco, que dijo que Kicillof se maneja en este tema con "criterios de oportunidad", sin fijar plazos. Para el gobernador bonaerense, esos cuatro cargos son la última gran prenda de negociación de su gestión y buscará el mejor acuerdo posible con los tiempos a su conveniencia. Se supone, sin embargo, que el tema debería estar resuelto antes de fin de año.
Las cuatro sillas vacías corresponden a Héctor Negri, que murió en 2020; Eduardo de Lázzari, que renunció en febrero de 2021; Eduardo Pettigiani, que hizo lo propio en agosto de ese año, y Luis Genoud, jubilado desde el 1° de junio de 2024. El máximo tribunal funciona en la actualidad con Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan.
El intento más consistente por destrabar la integración surgió en diciembre de 2025, cuando la negociación por el endeudamiento provincial habilitó un principio de acuerdo: tres candidatos saldrían del propio peronismo -uno por el kicillofismo, otro por el cristinismo y un tercero por el massismo- y un cuarto por la oposición, en ese momento pensado para el radicalismo de Maximiliano Abad. Pero ahora, el eje de la negociación parece haber cambiado a un posible acuerdo entre el peronismo y los libertarios: por La Libertad Avanza empezó a circular el nombre del camarista de San Martín Sergio Pilarche como el candidato que impulsaría Karina Milei a través de Sebastián Pareja.
El obstáculo de fondo no está en los números. El peronismo tiene quórum propio en el Senado desde diciembre. El problema es quién controla la lapicera. Cualquier pliego judicial debe pasar por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que preside el senador camporista de Avellaneda Emmanuel González Santalla. Eso le da a La Cámpora una llave de veto de hecho sobre cualquier nombre que impulse Kicillof para la Corte.
Esa comisión estuvo a punto de partir en dos al bloque oficialista. En el decreto original de Magario, la presidencia de ACA pasaba al Frente Renovador con Malena Galmarini. La Cámpora se plantó y recién el 18 de mayo se destrabó con un canje: Galmarini se quedó con la comisión de Reforma Política, que definirá buena parte de las reglas de la elección de 2027, y González Santalla recuperó Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
El Senado bonaerense recién sesionó por primera vez en el año el 24 de junio, después de casi siete meses de inactividad. El regreso terminó en un cruce público entre el jefe del bloque oficialista, Berni, alineado con el cristinismo, y Magario, del sector de Kicillof. Un clima demasiado enrarecido como para trabajar sobre acuerdos de fondo.
En el kicillofismo circulan nombres: el propio Pérez Teruel, el operador judicial muy cercano al gobernador, es uno de los más fuertes. Por el cristinismo suena el propio ministro de Justicia, Juan Martín Mena, con respaldo de Cristina Kirchner.
Sobre ese cuadro se suma una versión sin confirmar en Tribunales: la posible jubilación en agosto de Kogan, de 81 años, que abriría una quinta vacante. La feria judicial de invierno, del 20 al 31 de julio, había sido fijada por la propia política como el horizonte para cerrar el esquema. Con la Legislatura a punto de entrar en receso y sin sesión prevista hasta agosto o septiembre, ese plazo ya se dio por perdido.
La pelea por la Corte ya suma más actores de los que caben en las sillas vacantes. Además del lugar que ya tiene en el Consejo de la Magistratura, La Libertad Avanza también pretende un sillón en el máximo tribunal, en competencia con el PRO y la UCR por la banca opositora. Y a la interna del propio peronismo se suma el grupo de intendentes del conurbano con eje en Lomas de Zamora, que busca sumarse como bloque autónomo a esa puja, no solo con la vista puesta en las candidaturas de 2027 sino para acelerar su llegada a los lugares estratégicos del poder judicial bonaerense.
