El camarista fue absuelto en dos causas e insiste con apelaciones al proceso que podrían llevarlo a juicio. Consejo de la Magistratura y lazos cordobesistas.
Abel Sánchez Torres, vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, es acaso el hombre de mayor peso en la Justicia Federal en la provincia. Transita los últimos meses de un complicado año judicial con mejores perspectivas sobre su futuro que hace sólo un par de meses.
En pocos días una serie de resoluciones favorables le permitieron despejar una investigación penal en su contra y un consecuente pedido de investigación impulsado en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En paralelo, el magistrado ensaya apelaciones y cuestionamientos para ralentizar el trámite de una delicada causa, para la que el juez Alejandro Sánchez Freytes pidió ya procesamiento.
Con experimentada muñeca, el camarista está dispuesto a ensayar todas las variantes posibles para lograr tiempo. No el que se mide por convenciones universales, sí aquel que corre con el paso que marca la política.
El jueves, el mismo Sánchez Freytes confirmó el sobreseimiento de Sánchez Torres y Graciela Montesi, presidenta de la misma cámara, en dos causas en las que se investigaban posibles delitos que remontan a una misma raíz: los vínculos con el Círculo Rojo.
En la primera de ella fueron acusados de vulnerar disposiciones emitidas por la propia cámara para la conformación de las salas penales. Según la denuncia, ante las vacantes en el tribunal, pergeñaron una estratagema para unirse en la misma sala, pese a la existencia de una acordada que establecía otros criterios.
La sospecha apuntaba a que, con tal procedimiento, lograban una mayoría automática, especialmente aplicada en causas en que se investigaban intereses de poderosos grupos empresarios.
Según el fallo del juez federal, los cambios en la integración de las salas no constituyeron un hecho reprochable. Sí reparó en una faz administrativa, que podría haber incluido un error. En la segunda de ellas, el juez dispuso sobreseer a ambos de una investigación por dádivas, provenientes precisamente de algunos pooles que podrían haberse beneficiado de la maniobra mencionada.
Aunque se constató que ambos camaristas habían compartido un vuelo a Uruguay con empresarios involucrados en expedientes sobre los que ambos habían resuelto, y en un avión propiedad del mismo grupo empresario, Sánchez Freytes desestimó que esto haya representado una contraprestación por favores.
Siguiendo el criterio establecido por los fiscales Maximiliano Hairabedian y Pablo Turano, ponderó la existencia de un vínculo amistoso entre los magistrados y los empresarios que los invitaron. Es decir, que aunque se reconoce la existencia de una relación fluida entre la pareja judicial (que no se había apartado) y representantes de poderosas firmas, sobre cuyos intereses económicos debían decidir, la misma no habría condicionado sus decisiones. Destaca el fallo un aspecto mencionado por la defensa: aquella amistad remonta a varios años ya.
Vale destacar que los propios fiscales habían impulsado la acción judicial, deteniéndose precisamente en las consecuencias de ese vínculo. El cambio de criterio dejó a muchos absortos.
Como toda sanción, Sánchez Freytes ordenó remitir las actuaciones al Consejo de la Magistratura de la Nación, atento a una posible sanción disciplinaria.
En la semana previa, Sánchez Torres había recibido ya una buena noticia desde el órgano encargado de ejercer el control disciplinario sobre los jueces. En su sesión del 28 de octubre, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura desestimó un pedido de trasladar a la Cámara de Acusación las distintas investigaciones abiertas en Córdoba contra el magistrado.
La solicitud que llevaba entre otras firmas la de Luis Juez, representante por el Senado en el consejo, contaba con avales de voces libertarias en el consejo y planteaba también desestimar las denuncias contra Montesi, cerrando el círculo en torno a su pareja. Pese a la elocuencia del planteo del exintendente, el voto contrario de los consejeros de origen peronista denegó el curso solicitado.
No pocos vieron allí una corroboración de que el poderoso camarista cordobés mantiene aceitados vínculos en el órgano colegiado. Ahora, cualquier intento de reimpulsar acusaciones en su contra debería ser dirimido por la nueva conformación de consejeros, donde el peronismo cordobesista, con el que mantiene firmes lazos, tendrá más fortaleza.
La semana cerró con sabor agridulce para Sánchez Torres. Facundo Cortés Olmedo, uno de los nuevos integrantes de la Cámara de Apelaciones, rechazó las recusaciones que había planteado contra dos de los integrantes del tribunal que debe definir el pedido de procesamiento de Sánchez Freytes en la causa en que se lo acusa por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por violencia de género contra Celina Laje Anaya, quien oficiaba como secretaria penal de la Cámara.
El acusado había recusado a Soledad Mancini, la otra nueva camarista, y a Fabián Asis, quien oficiaría como subrogante en el tribunal tras el apartamiento de los otros tres camaristas: la mencionada Montesi, Eduardo Ávalos y Liliana Navarro.
En su presentación, los abogados de Sánchez Torres expusieron que tanto Mancini como Asis contaban con antecedentes que permitían anticipar una resolución contraria a los intereses de su defendido.
Fuentes judiciales explicaron a este medio que las acusaciones remitían a hechos ya remotos o difusos y difíciles de sostener, por lo que la resolución de Cortés Olmedo siguió caminos difíciles de objetar. Como tampoco había recibido objeciones la primera jugada conjunta de los noveles tribunos para marcar presencia.
“Abel cree que todos son parciales. Pero en realidad no debe querer que lo juzgue nadie de Córdoba. Eso también habla del modo en que se ha manejado, el modo en que ha ejercido su poder”, desliza el inquilino de un juzgado.
Tras la confirmación, los integrantes del tribunal deberán definir el pedido de procesamiento en la causa considerada madre. Según explican los abogados de Laje, ésta padeció las represalias por oponerse al muñequeo de los procesos que los acusados pretendían. Tal manejo, afirman, debería ser considerado en la causa por las dádivas posteriormente denunciadas.
Aliviado en dos frentes, preocupado en otro, Sánchez Torres mantiene una decisión: apelará y cuestionará toda resolución en su contra. No hay porfía, sí experiencia sobre la permeabilidad de la Justicia a los vientos políticos.
