El colapso del sistema penitenciario improvisado en comisarías porteñas. El acuerdo por Devoto que pone en riesgo miles de vidas y la seguridad vecinal.
Motín en el penal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de mejores condiciones de detención.
En la Ciudad de Buenos Aires hay un problema que viene de hace mucho y parece que no es prioridad solucionarlo. En estos momentos, 2.200 personas están detenidas en alcaidías y comisarías. Esto está prohibido. Sin embargo, desde 2020, las comisarías de barrio se llenaron de presos en condiciones inhumanas.
Los detenidos duermen en cualquier lado: patios, oficinas, celdas improvisadas. Sin colchones, sin muebles, a veces sin duchas y con baños de difícil acceso.
En los últimos seis años, la Ciudad fue improvisando su propio sistema penitenciario. Usó las comisarías como si fueran cárceles, puso containers en lotes vacíos y convirtió a policías en agentes penitenciarios, sin preparación. Los resultados fueron tan endebles como era de esperar: un sistema de encierro sin planificación, sobrepoblado, con infraestructura que no está preparada para funcionar como cárcel.
En la madrugada del 25 de mayo, en una comisaría del barrio de Balvanera, un incendio en las celdas —que aparentemente comenzó con una protesta por las condiciones de detención en las que se encontraban los más de 70 detenidos— terminó en caos, desalojo, intervención de los bomberos y siete internados. Solo la casualidad explica que ninguno de este tipo de hechos que se repiten haya terminado en tragedia.
Desde la pandemia hasta hoy, la Ciudad le reclama a la Nación que traslade a los presos que están en las comisarías y alcaidías a las cárceles federales. La Nación argumenta, con razón, que no tiene lugar donde alojarlos. El Servicio Penitenciario Federal (SPF) se encuentra al tope de su capacidad desde hace años, con más de 13 mil detenidos alojados en sus unidades.
Sin embargo, en paralelo sucede otra situación. La Ciudad y la Nación firmaron un acuerdo en 2018 y un acta de entendimiento a principios de 2026 para, supuestamente, resolver el problema de las personas detenidas en comisarías.
En esos documentos se dispone que la Ciudad debe terminar la obra del nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz, con capacidad para 2.240 personas, y lo entrega al SPF; a cambio, obtiene el control sobre la rezonificación y venta del predio donde hoy funciona el Complejo Devoto.
Para las 2.200 personas hacinadas en comisarías, la solución que ofrece el acta es otra: módulos prefabricados en predios federales de Ezeiza e ingresos de entre 90 y 100 personas por semana al SPF; un sistema que, al ritmo propuesto, llevaría meses en resolverse y que el propio documento reconoce que se suma a un sistema penitenciario federal que ya opera por encima de su capacidad.
Es decir, mientras en las comisarías se acumulan personas en situaciones inhumanas, se prioriza vaciar Devoto para que la Ciudad pueda disponer de un predio de altísimo valor inmobiliario.
Con las personas alojadas en Devoto, el cupo de los nuevos módulos quedaría casi cubierto, sin lugar para poder alojar a quienes están en el sistema improvisado de la Ciudad.
Llama poderosamente la atención que entonces se decida trasladar Devoto en lugar de priorizar el traslado de las personas detenidas en las comisarías porteñas, más aún teniendo en cuenta que la Ciudad viene reclamando en forma incesante ese traslado al SPF.
Las gravísimas condiciones de detención ponen en riesgo la vida y la integridad física de quienes están allí alojados, pero no solo eso: también ponen en riesgo la seguridad y la tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Pareciera que el negocio inmobiliario que implicaría desalojar Devoto pesa más que cualquier decisión racional sobre la vida de las personas privadas de su libertad y la seguridad de los porteños.
La convocatoria estará abierta hasta el 15 de junio y apunta a especialistas en control público, auditoría e innovación estatal.