La autora afirma que es tiempo de volver a jerarquizar la profesión. La docencia, en el centro del debate educativo. ¿Quién enseña en la Argentina?
Era Javier Milei: el sueldo de los docentes es el más bajo de los últimos 20 años
Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) indica que el salario real de los docentes de la Argentina se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 20 años. El dato resume con crudeza la situación actual del sistema educativo en la era Javier Milei.
No es un problema exclusivamente económico. Estamos frente a un problema social y político: el salario no solo remunera un trabajo, también expresa el valor que una sociedad decide asignarle a una profesión.
El documento del CIPPEC subraya que “la docencia es el corazón del sistema educativo.” No es una frase de ocasión. Es una definición que debería orientar cualquier discusión seria sobre el presente y el futuro de la educación argentina.
Y recuerda que los maestros y profesores de nuestro país están cobrando un salario real que está por debajo de lo que cobraban en 2005, cuando se tomó la decisión de establecer la Ley N° 26.075 de Financiamiento Educativo que buscó jerarquizar la profesión y mejorar sus condiciones de trabajo.
Allí, por ejemplo, se estableció un sendero progresivo de incremento en la inversión educativa con el objetivo de que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a la educación no fuera inferior al 6% del Producto Bruto Interno (PBI). Salvo excepciones, nunca se alcanzó esa cifra y el Congreso eliminó esa metas en el presupuesto 2026.
El informe del CIPPEC señala la necesidad de construir una carrera que vuelva a resultar atractiva para las nuevas generaciones.
Es cierto que el deterioro salarial no comenzó con la gestión actual. Es el resultado de un proceso prolongado, atravesado por sucesivas crisis económicas que generó la pérdida del poder adquisitivo.
Sin embargo, algunas decisiones del gobierno de Milei y el secretario de Educación, Carlos Horacio Torrendell, profundizaron la tendencia a la baja de los sueldos docentes. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), por ejemplo, significó mucho más que la supresión de una partida presupuestaria: redujo ingresos, trasladó una mayor carga financiera a las provincias y debilitó uno de los pocos instrumentos nacionales destinados a fortalecer el salario de los maestros y profesores en cada jurisdicción.
El propio informe de CIPPEC plantea que fortalecer la profesión docente exige una mirada integral: mejorar las condiciones para enseñar, fortalecer la formación inicial, ofrecer desarrollo profesional continuo, construir una carrera con posibilidades de crecimiento y sostener políticas de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno.
Esta discusión, además, no es nueva. En mi columna anterior en Letra P, “Educación: ¿cualquiera puede enseñar?”, retomé evidencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que muestra que el conocimiento profesional del docente constituye uno de los factores escolares que más inciden en los aprendizajes.
La investigación internacional es consistente desde hace décadas: no existen sistemas educativos de calidad sin docentes bien formados, reconocidos y acompañados. Si aceptamos esa evidencia, resulta difícil no advertir una contradicción.
En el plano discursivo, la educación ocupa un lugar privilegiado. Todos coinciden en que es la base del desarrollo, la herramienta para reducir desigualdades y la condición para construir un mejor futuro. Sin embargo, cuando ese reconocimiento debe traducirse en decisiones concretas, la importancia parece diluirse.
Existe una diferencia entre el valor simbólico y el valor real que una sociedad le asigna a la educación.
El valor simbólico aparece en los discursos, en las campañas y en las declaraciones de principios. El valor real se expresa en las políticas públicas, en el presupuesto y también en el salario de quienes todos los días sostienen las aulas.
Porque, en definitiva, el presupuesto es la forma en la que el estado manifiesta sus prioridades políticas, sociales y económicas.
En los últimos años se instaló un discurso muy crítico sobre el estado de la educación argentina. Se habló —con razón— de aprendizajes insuficientes, de décadas de estancamiento y de la necesidad de transformar la escuela. Pero ese diagnóstico no encontró su correlato en políticas que fortalecieran a quienes son el principal factor de esa transformación.
Si el Gobierno sostiene que la educación argentina atraviesa una crisis profunda, cabría esperar que la profesión encargada de revertirla fuera una de las más fortalecidas. Ocurre exactamente lo contrario.
Naturalmente, mejorar los salarios por sí solo no resolverá los problemas de la educación argentina. La calidad educativa requiere mejores políticas de formación, desarrollo profesional, liderazgo institucional y condiciones de trabajo. Pero también es cierto lo contrario: ningún sistema educativo mejora deteriorando de manera sostenida el salario de quienes deben hacerlo posible.
