Una docena de policías federales retirados de la Superintendencia de Seguridad Federal enfrentan por primera vez a la Justicia. En el juicio de lesa humanidad que comenzó el viernes, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires, y junto a otros cuatro represores ya condenados en debates anteriores, están acusados de haber asesinado a 12 personas en enfrentamientos fraguados durante la última dictadura cívico militar. Dos de ellas se encuentran desaparecidas.
La clandestinidad en las detenciones, la brutalidad en los tormentos, la desaparición de los cuerpos para no dejar rastros de la masacre, se sabe, fueron características sobresalientes del plan sistemático de exterminio que desplegó la última dictadura cívico militar en el país entre mediados de 1970 y principios de los 80'. Sin embargo, hubo acciones que las fuerzas represivas llevaron a cabo a la luz del día y que dejaron registradas con casi todos sus datos verídicos: la fecha, el lugar, los efectivos intervinientes, la identidad de las víctimas.
Así ocurrió con los seis operativos que son eje del juicio que comenzó el viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py, a cargo de los jueces Ignacio Fornari, Daniel Obligado y la magistrada Sabrina Namer. “El juicio va a repasar los asesinatos de 11 personas, dos de ellas están desaparecidas, y una serie de allanamientos ilegales en el marco de operativos que personal vinculado a la Superintendencia de Seguridad Federal y a la Superintendencia de Seguridad Metropolitanallevó a cabo, registró e hizo pasar por enfrentamientos durante el terrorismo de Estado”, resumió la abogada Paula Álvarez Contreras, quien representa la única querella en debate, la de la Secretaría de Derechos Humanos. La acusación se completa con la que desarrolla el Estado a través del fiscal Pablo Ouviña.
Los hechos sucedieron entre 1976 y 1977, en su mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. A Jorge Casoy, a María Marta Carlota Imáz Maceda de Casoy y a Bernardo Levensor, por ejemplo, una patota de la Federal los acribilló en la madrugada del 18 de mayo de 1976, en el departamento en el que vivían en la calle Yatay al 700, “lugar donde se produjera un enfrentamiento con sediciosos”, registraron los represores. A Mario Lerner lo balearon en su casa de la calle Don Bosco, en Almagro, en marzo de 1977, y lo cargaron herido en el baúl del Ford Falcon en el que se movía la patota. Allí murió. Integrantes de la Brigada número 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que asesinaron a Carlos Jeifetz y Nora Salvarezza en un allanamiento ilegal a su casa de Villa del Parque, en enero de 1977.
A Mario Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Griffin los fueron a buscar a su casa de Flores y los mataron en abril de 1977. A Alberto Gorrini, profesor universitario de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, lo fueron a buscar en junio de ese año al departamento que compartía con sus padres en el barrio de Boedo. El operativo fue de noche, al matrimonio lo tabicaron y luego de revolver todo, la patota se fue llevándose a Alberto, que permanece desaparecido. A Oscar De Cicco, en tanto, lo asesinaron en una YPF de la localidad bonaerense de San Martín en abril. Su mujer, Graciela Treptow, estaba con él, pero su cuerpo nunca apareció.
A simple vista, parecieran seis operativos que no tienen vínculos entre sí, pero no: “Si se analiza en detalle, estamos en frente a la estructura del cuerpo de operaciones de la Policía Federal trabajando articuladamente en diferentes zonas: estos operativos tuvieron tareas de inteligencia previa y movimiento de recursos hacia los lugares donde sucedieron con un solo objetivo: eliminar a los militares”, subrayó Álvarez Contreras.
Eran 20 los policías federales retirados acusados, pero llegaron 17 con vida y en condiciones de afrontar el debate. En su mayoría, integraron los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia de Seguridad Federal, como es el caso de Juan Carlos Carrera, Esteban Sanguinetti, Antonio Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Berón, Norberto Varcasia, Rafael Romero, Osvaldo González, Daniel Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Horacio Ortiz, Miguel Olarte, Eduardo Comesaña, Gerardo Arráez y Germán Rimoldi. Alberto Mattone, por otro lado, fue jefe de la Zona 1 de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Alfredo Vidal, Luis Itchicovich y, Rodolfo Oviedo fallecieron.
Solo cuatro de los acusados transitó un juicio de lesa humanidad previamente y resultó condenado –Comesaña y Romero en Superintendencia I; Arráez en ABO III, Ortiz en La Plata–. El resto pisa un tribunal como acusado por primera vez. Y casi todos lo hacen en libertad.
Sus imputaciones se lograron a partir de la investigación exhaustiva de lo que hasta hace algunos años se llamó “Programa Verdad y Justicia”; que hoy es la Coordinación de acompañamiento a testigos víctimas; en su momento nació bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete en 2007; y es responsable de grandes avances en las investigaciones vinculadas a los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura. “En aquellos trabajos de investigación se hicieron análisis y entrecruzamientos de diferentes tipos de documentos, como legajos de la Conadep, sumarios policiales, legajos y estructuras de la Policía”, indicó Álvarez Contreras. Así, por ejemplo, se hallaron los sumarios policiales y las actas de Consejos de Guerra referentes a los operativos bajo juicio en los que quedaron registrados los efectivos que participaron”, completó.
