Una serie de irregularidades en el desarrollo de la licitación pública que realizó el Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta para la contratación de diferentes servicios clave dejó expuesto al titular de la cartera provincial, Abel Cornejo, quien quedó en la mira de la opinión pública por una sucesión de hechos que parecen allanar el camino para que la empresa Nubicom se beneficie en la demorada compulsa de proyectos.
El llamado a licitación realizado por la cartera de Seguridad y Justicia salteña involucra la contratación del Sistema de Video Vigilancia, el Sistema de Gestión de Emergencia 911 y el Sistema Integrado de Comunicaciones Troncolizado de Radio con el fin de actualizar, modernizar y ampliar los sistemas existentes, cuya presentación de ofertas se llevó a cabo el pasado 5 de agosto.
La licitación pública N° 268/2022 supone la contratación de dichos rubros bajo el formato de “servicio llave en mano 24 x 7 x 365 por un plazo de 60 meses”. Estas condiciones determinan que, además de la implementación e integración de los tres sistemas, quien se adjudique el concurso deberá brindar un servicio de mantenimiento preventivo/correctivo las 24 horas de los siete días de la semana por los próximos cinco años. Dos empresas se postularon: Decoteve (Express Telecomunicaciones) y Nubicom. La primera firma presentó una propuesta U$S10 millones más baja que la de su competidor, pero los antecedentes recientes y una serie de irregularidades que se interponen en la adjudicación de la concesión parecen dejar en evidencia un trato preferencial hacia Nubicom en este concurso público.
La compañía de telecomunicaciones Nubicom cobró notable relevancia durante los últimos años, de la mano de la gestión de Juan Manuel Urtubey al frente de la provincia norteña. Conocida como una empresa modesta que se dedicaba a brindar internet a compañías mineras y a establecimientos agropecuarios en el interior de Salta, en 2017 tuvo un crecimiento exponencial al ganar la licitación del programa Salta Segura para gestionar la conectividad de las cámaras de vigilancia. Voces opositoras denunciaron que dicho concurso fue diagramado y manipulado para favorecer a Nubicom.
Si bien la empresa perdió la licitación dentro del mismo programa para gestionar el software y hardware de las cámaras de videovigilancia en manos de la firma Datandhome, a esta compañía se le rescindió el contrato poco tiempo después y el servicio fue adjudicado de manera precaria a Nubicom en 2020, bajo la premisa de que en un plazo de tres meses se llamaría a una nueva licitación para perfeccionar esa adjudicación. A casi tres años de aquel hecho, Nubicom sigue prestando el servicio. La calidad de las prestaciones recibió múltiples cuestionamientos.
Actualmente, varias empresas estaban a la espera de que la cartera comandada por Cornejo convocara la licitación de los sistemas de seguridad, pero se quedaron afuera del concurso por diferentes disposiciones del proceso licitatorio que empleó el Ministerio de Seguridad y Justicia.
Por un lado, las compañías esperaban que se licitaran por separado los tres servicios de seguridad. Finalmente, la convocatoria se formuló de manera conjunta, sino que se brindó un plazo de tan solo tres semanas para presentar el proyecto y toda la documentación pertinente. Además, se requería de manera obligatoria y excluyente una verificación en el sitio de al menos el 30% de las cámaras de cada Centro de Video Vigilancia y el 30% de las dependencias policiales y comisarías de todo el ámbito provincial. El estándar de exigencia obligó a varias firmas interesadas a pedir una prórroga, pero el ministerio se negó aduciendo un supuesto apuro, dado que se trata de una cuestión clave de cara a las elecciones del año que viene. De esta manera, muchas compañías que tenían interés en prestar sus servicios, incluida Telecom, dieron de baja su participación por falta de tiempo para la elaboración de sus proyectos.
Asimismo, la licitación pública N° 268/2022 en cuestión otorga una puntuación superior a las empresas locales que tengan experiencia en, al menos, uno de los tres sistemas de seguridad. Nubicom, por supuesto, cumplía con estos requisitos, pero nadie imaginaba que Decoteve, otra empresa local, se asociaría tecnológicamente con otras empresas y entraría al ruedo con una propuesta técnicamente mucho más competitiva y casi U$S 10 millones más baja que la presentada por su competidora.
Cornejo, quien fuera juez de la Corte y Procurador General de Salta, ha ocupado importantes cargos con un derrotero de temas conflictivos. Hoy es señalado como el autor intelectual de las irregularidades que rodean a la licitación del sistema de seguridad de Salta.
El procedimiento legal se realizó hace más de 50 días y todavía no se conocen los resultados del concurso licitatorio, lo que echa por tierra la excusa del “apuro electoral” que impedía prorrogar el tiempo para presentar inicialmente la documentación. La demora abona aún más las sospechas de un trato preferencial en la gestión de la seguridad pública salteña.