El exinterventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el gobierno de Mauricio Macri, Gonzalo Mórtola, fue procesado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa que lleva adelante para investigar una contratación de manera directa e infundada de una consultora privada por un monto cercano a un millón de dólares.
El fallo del titular del juzgado federal 8 dictó el procesamiento sin prisión preventiva de Mórtola por haber sido hallado prima facie autor penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público y trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 400.000.
La acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público posee penas de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según fuentes allegadas a la causa, podría ampliarse a “fraude contra el Estado”, que tiene penas de hasta seis años de prisión efectiva.
Compañero de banco del expresidente en el Colegio Cardenal Newman y ahijado político del senador José Torello, Mórtola había llegado a la AGP a fines de 2015 prometiendo “combatir a las mafias”. Sin embargo, ahora fue procesado luego de que la Justicia considerara haber reunido pruebas suficientes que confirman el pago de una suma superior a los US$ 940.000 más impuestos a la firma española INDRA, que fue contratada de manera irregular para realizar una consultoría sobre pliegos para una futura licitación del puerto de la ciudad de Buenos Aires.
En su fallo judicial, Martínez de Giorgi consideró que el exfuncionario, que dependía orgánicamente del entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich, “simuló circunstancias en el expediente, que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada en autos, probablemente no habría sido cuestionado”. Para la Justicia, Mórtola disfrazó de legal algo que sabía que no lo era. “Todo demuestra que el accionar delictivo que aquí se le endilga, fue llevado a cabo por el nombrado con la voluntad y el conocimiento de la ilicitud de la conducta”, destacó el fallo de Martínez de Giorgi.
A pesar de contar con personal idóneo para esas tareas en la AGP, Mortola optó por contratar irregularmente a una consultora para realizar los pliegos de licitación que se iban a utilizar para la reprivatización de las terminales del Puerto Buenos Aires. El reglamento de contrataciones del organismo portuario establecía la necesidad de una licitación. Sin embargo, se encaró en septiembre de 2016 una contratación directa por US$ 772.483, superando ampliamente el límite establecido. Posteriormente se ampliaría el monto, para llegar a la suma US$ 940.508 más impuestos
Para sostener su decisión a favor de INDRA, Mórtola contrató a dos “asesores externos”, quienes acercaron una recomendación de contratar a la consultora española sin ningún tipo de justificación técnica o legal.
Los asesores, que también están imputados en la causa, presentaron un informe técnico de solo dos páginas, sin ningún tipo de fundamento ni documentación respaldatoria de sus afirmaciones, según fuentes con acceso a la causa. Sin embargo, basado en ese informe de los asesores externos que luego fueron incorporados al staff permanente de la AGP, Mórtola resolvió avanzar en la contratación irregular.
Durante la investigación judicial se demostró que la AGP estaba capacitada para elaborar los pliegos licitatorios y que existía una gran cantidad de empresas, consultoras y universidades públicas con la capacidad técnica para realizar la misma asesoría por la que se contrató directamente a INDRA.
La denuncia contra Mórtola fue realizada durante la gestión Cambiemos en 2018. Pese a los reiterados llamados a prestar declaración, el exinterventor de la AGP esquivó dar respuestas en Tribunales en dos ocasiones. Recién se presentó en el juzgado -donde se negó a declarar- tras haber sido notificado de que se iba a disponer el uso de la fuerza pública.