LEGISLATURA

Impulsan una ley para evitar los ciberdelitos en Santa Fe

Se trata de dos iniciativas presentadas por el diputado provincial Oscar Martínez. Buscan dar soluciones ante la proliferación de este tipo de ataques.

El diputado provincial Oscar Martínez presentó dos proyectos de ley para evitar los ciberdelitos en Santa Fe. Según explicó, ambas buscan cambiar los marcos legales de la provincia ante la proliferación de ciberataques y modificar las leyes vigentes para enfrentar los desafíos que la tecnología plantea a la hora de perseguir e investigar delitos. Pide además que el Observatorio de Víctimas de Delitos realice audiencias públicas sobre esta problemática.

 

“En la faz criminal, el ciberdelito es una variedad ilícita que se monta en la innovación y por lo tanto hay que construir nuevas definiciones y tipicidades y la realidad que vivimos hoy es alarmante”, argumentó el legislador del Frente Renovador-PJ. En ese sentido, agregó: “Cada vez más se usurpan o clonan cuentas e identidades y con ellas se llevan adelante fraudes, en general económicos, ya sea pidiendo dinero a los contactos de las víctimas, o utilizando su identidad para acceder a cuentas bancarias”.

 

Además, Martínez subrayó que este tipo de estafas se denuncian muy poco y no se conocen públicamente las recomendaciones necesarias para no caer. “Un ejemplo reciente son los mensajes que otorgan turnos para la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus con un link para confirmar a través de  un código de seis dígitos que son el paso de verificación de Whatsapp para configurar la cuenta en otro dispositivo electrónico y luego mandar mensajes a la agenda de contactos”, mencionó.

 

“Asimismo se está viendo mucho en los últimos meses los enlaces con anuncios que prometen regalos y promociones y que no son más que una trampa para vaciar cuentas bancarias y robar datos personales. Las redes sociales también implican riesgos cibernéticos puesto que se  comparten datos  o información personal que pueden dar pie a posibles delitos. Compartir información personal, cambiar contraseñas desde links enviados a correos electrónicos, hacer clic en enlaces, no verificar las url a las que se acceden, son las principales causas de ciberdelitos. Tengamos en cuenta además que a estos se suman otros delitos gravísimos que van más allá de lo económico, como el grooming, el ciberacoso y la distribución de pornografía infantil”, amplió el diputado.

 

En este marco, propone que Santa Fe cuente con un Centro Provincial de Ciberprotección contra posibles ataques a la seguridad provincial. La iniciativa plantea que este participe en la prevención, la respuesta inmediata y la mitigación. Sus funciones principales serían centralizar, coordinar, y ejecutar procesos, medidas e intervenciones preventivas y de mitigación frente a incidentes de seguridad, eventos o ataques en el ciberespacio que afecten a personas, infraestructuras críticas y tecnológicas y/o sistemas informáticos. 

 

Por otra parte, la segunda iniciativa presentada pretende modificar el artículo 167 del Código Procesal Penal de la provincia, en el cual se establecen las condiciones de las órdenes de registro de lugares o espacios físicos en los cuales se ha cometido o podría haberse cometido un delito. “Este artículo no prevé el registro de dispositivos informáticos. Por lo cual esta modificación agrega al artículo que, cuando en ocasión de la realización de un registro sean hallados dispositivos tecnológicos que pudieran contener evidencia digital podrán ser secuestrados por disposición del juez interviniente”, argumentaron. 

 

Contempla además la modificación del artículo 171 que tiene que ver con el tratamiento de la evidencia digital. Para ello se admite expresamente la posibilidad de solicitar la conservación rápida de datos informáticos a proveedores de servicio, para que estos no sean alterados en el transcurso de la investigación. “La tecnología ha atravesado nuestras vidas, se ha hecho parte de nuestra cotidianeidad y hoy el componente informático está presente en la comisión de todos los tipos delictivos, desafiando a quienes deben procurar la investigación y persecución de los mismos, a recabar y analizar evidencia digital. Nuestro Código Procesal Penal si bien tiene reglas relativas a medidas de prueba tales como el registro, el allanamiento, el secuestro, la requisa personal y la interceptación de comunicaciones, la aplicación de las mismas a la evidencia digital no es posible, pues el desafío que plantea el tratamiento de la misma requiere de medidas de prueba específicas, o la adaptación legal de las ya existentes”, explicó.

 

Por último, Martínez destacó que se llevarán adelante audiencias públicas junto al Observatorio de Víctimas de Delitos y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, Joaquín Blanco. También serán convocados el poder Judicial, el Ejecutivo y el Ministerio Público de la Acusación, expertos y víctimas de ciberdelitos y ciberataques.

 

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