GENERAL ROCA (Corresponsalía Patagonia) Una sanción disciplinaria aplicada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro al abogado Fernando Kosovsky, representante legal de comunidades indígenas en San Carlos de Bariloche, generó repudio en diversos actores de la vida institucional de esa localidad. La decisión se dio por el recurso extraordinario federal que el integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena utilizó luego de la sentencia del STJ rionegrino, que revocó el sobreseimiento de los integrantes de la comunidad en un caso de usurpación. La cámara de impugnación, basándose en legislación sobre pueblos originarios, alegó que no había delito sobre “un territorio que históricamente ocupan”. El letrado había solicitado solicitud el apartamiento de quienes integran el máximo tribunal provincial por temor de parcialidad y discriminación racial.
“Hay una clara conducta de amedrentamiento a los abogados que decidan defender intereses de los pueblos originarios”, le comentó Kosovsky a Letra P. Desde que trascendió la medida del STJ, se multiplicaron las muestras de respaldo para el joven letrado que cita la decisión del Juzgado Federal de Bariloche, que condenó al Estado a entregarle el título de propiedad comunitaria a la comunidad Buenuleo, reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), que conduce rionegrina la Magdalena Odarda.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fue otro de los espacios que se expresó en rechazo de la decisión del STJ es un ataque a la defensa de la comunidad. “No siempre todos somos iguales ante la ley, los despojos sufridos, la persecución policial, los cientos de procesos que sufren los pueblos originarios así lo demuestran”, advirtió la regional Bariloche de la APDH.
"Somos defensores de los derechos humanos y es ahí donde las ideas que no coinciden con pensamientos antidemocráticos necesitan una voz para poder defenderse en los tribunales. Yo expresé el temor de parcialidad que les inspiró a mis defendidos una sentencia que consideraron discriminatoria por no aplicar en la solución del caso el derecho indígena", sumó el abogado, en declaraciones a Radio Nacional Bariloche.
En Río Negro, la relación del Estado provincial con las comunidades es compleja. Con epicentro en la cordillera, los focos de conflicto por demandas territoriales zanjaron una brecha casi irreconciliable entre diversos sectores que conviven en Bariloche. La muerte de Santiago Maldonado y el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel propiciaron un caldo de cultivo antimapuche que marca la agenda electoral patagónica. Ese sentimiento que se expande, fue utilizado por los denominados halcones de Juntos por el Cambio (JxC).
Este medio describió cómo sectores de la política nacional despotricaron contra la celebración del Wiñoy Xipantu (vuelta al sol), con el izamiento de la bandera de ese pueblo en diversas sedes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), para reinstalar el discurso de la posible creación de una nación separatista del Estado argentino. “Es una provocación a la soberanía de la Argentina”, lanzó Miguel Ángel Pichetto, mentor de la cruzada. “Repudio fuertemente las acciones de la Universidad Nacional del Comahue. Realizarán un acto de soberanía política-cultural de un país mapuche. Izarán la bandera con la que se identifican estos grupos”, se lamentaba por entonces.
