Roberto Guillermo Bravo era un treintañero cuando 16 militantes de organizaciones político militares de los 70 fueron fusilados en la llamada Masacre de Trelew, a poco de cumplir medio siglo. Era “el verdugo típico”, lo describieron quienes sobrevivieron, además de señalar que se paseaba por la zona de calabozos de la base Almirante Zar con pistola martillada y sin seguro, y talante canchero, sobrador y patoteril. Fue Bravo, gritaron, quien ejecutó los tiros mortales al grupo de militantes. Por esos crímenes, este lunes el exmarino comenzará a ser juzgado por la justicia civil de Estados Unidos, donde se profugó y diluyó su pasado represor en el negocio de la seguridad privada. No pudo ser juzgado todavía en Argentina porque el país que lo recibió rechazó su extradición. “Mientras esperamos poder juzgarlo en Argentina, este proceso nos da fuerzas”, dijo Ilda Bonardi de Toschi, compañera de uno de los fusilados.
La ficha del fusilador de la Masacre de Trelew
El “Ñato” Bravo tiene ahora 81 años. Tras rematar a varios de los militantes muertos en Trelew aquella madrugada helada de agosto, pasó un tiempo en la base naval de Puerto Belgrano y de allí se armó de un salvoconducto para dejar el país: fue agregado militar en la Embajada argentina en Washington y, si bien no le gustó el frío de la ciudad, se asentó en Estados Unidos y se convirtió en ciudadano en 1987. Trabajó de vendedor, gerente y director ejecutivo de varias empresas. Llegó a fundar una compañía de servicios médicos, RGB Group Inc., con la que amasó una fortuna.
La Justicia federal de Rawson, Chubut, retomó la investigación sobre los fusilamientos de Trelew en 2006, después de que familiares de las víctimas iniciaron causas que no prosperaron en los tribunales. Bravo no fue ni siquiera indagado. En 2008, el juez patagónico Hugo Sastre solicitó su detención y captura internacional. En 2010, el exmarino fue hallado en Miami, detenido y liberado bajo fianza. Estados Unidos rechazó un primer pedido de extradición realizado ese mismo año.
Bravo es el principal acusado en la causa. Está sindicado de ser quien fusiló al grupo de militantes y el que ideó la versión para encubrir el crimen. Zafó del juicio que se llevó a cabo en Rawson hace 10 años con las condenas a perpetua para los marinos Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino y las absoluciones de sus camaradas Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, revertidas años después. Mientras se espera que Estados Unidos resuelva un nuevo pedido de extradición que Argentina hizo después del juicio, los familiares de las víctimas iniciaron allí una demanda civil en su contra. Acompañados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa penal local, y con el respaldo del Center for Justice Accountability (CJA), demandaron a Bravo sobre la base de la ley de protección de víctimas de tortura (TVPA, por sus siglas en inglés), que busca la rendición de cuentas de los acusados y permite tan solo una reparación económica para las familias.
“Pasaron 50 años y aún hay un pendiente en relación con la Masacre de Trelew: la condena a Bravo. Queremos que se siente ante la Justicia y sea confirmado como el genocida que es pero, mientras tanto, este juicio civil nos da fuerzas para seguir”, sostuvo Bonardi de Toschi, quien no viaja a Miami, Florida, donde se llevará a cabo el debate civil por jurados. Desde el CJA, reforzaron este argumento al afirmar que el caso “da la oportunidad (a las familias) para que puedan presentar su reclamo y sean escuchados en una corte donde Bravo tiene que responder”. El juicio civil comenzará este lunes en la Corte del Distrito Sur, en Florida, con la conformación de un jurado de entre ocho y 12 integrantes. Luego, los abogados presentarán sus alegatos de apertura y comenzarán a presentar evidencia, algo que llevará toda la semana. La deliberación y el veredicto lo emitirá el jurado.
El 15 de agosto de 1972, militantes de Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) presos en la cárcel de Rawson, Chubut, pusieron en marcha un plan de fuga que falló. Solo las cúpulas de las tres organizaciones lograron huir, llegar al viejo aeropuerto de Trelew y de allí, vía aérea, a Chile. Otro pequeño grupo de 19 militantes, que también escapó, no alcanzó a subir al avión y debió entregarse a las fuerzas de seguridad. No fue devuelto al penal, sino trasladado a la base Almirante Zar, en Trelew, a cargo de la Armada.
Hubo una versión “oficial” de esos hechos que aseguraba que el grupo de militantes había querido reeditar la fuga y, por eso, los marinos dispararon. Los cuerpos de Alejandro Ulla, Alfredo Kohan, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Bonnet, Susana Lesgart, María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar quedaron tendidos en el piso de los calabozos de la base en la madrugada del 22 de agosto de 1972 tras la balacera de metralla que recibieron. No todos murieron. Berger, Camps y Haidar sobrevivieron.
Aquella madrugada del 22 de agosto, los militantes heridos fueron trasladados en camilla hasta la enfermería de la base Almirante Zar, luego llevados al hospital naval de Bahía Blanca y de allí al penal porteño de Villa Devoto. En mayo de 1973, una noche antes de ser amnistiados por Héctor Cámpora, el poeta y militante Francisco “Paco” Urondo inmortalizó sus testimonios en una extensa entrevista que daría origen al libro “La Patria Fusilada”. Allí primero, y luego en otro diálogo que grabaron para un documental que Pino Solanas nunca concretó, el trío de sobrevivientes dio detalles de cómo fue esa semana de detención en Trelew y la noche del fusilamiento, y de cómo los perpetradores acordaron plantar la versión del intento de fuga. Dan nombres y apellidos de los verdugos, los describen físicamente y sus comportamientos, cómo los trataban, qué les decían. Bravo, coinciden en sus relatos, era el más duro.