La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Olavarría, María Paula Serrano, que investiga la venta irregular de terrenos donde hay funcionarios del intendente Ezequiel Galli involucrados, señaló que habría "alrededor de 100 operaciones fraudulentas", una cifra que se desprende de la declaración de las personas estafadas y de la documentación secuestrada. Según se informó, entregaron alrededor de $800 mil pesos en cada operación, lo que equivaldría a una estafa de entre $80 y $100 millones.
El caso, que se inició a principios de año, derivó en una serie de allanamientos y en la imputación del asesor municipal Mariano Ciancio, de los policías Leonardo Sampaoli y Nelson Loisa, y de Claudio Ariel Peralta, referente de Juntos por el cambio en la zona. Hasta el momento, la causa está caratulada como “Estafas reiteradas”, aunque trascendió que podría tratarse de una “Asociación ilícita” debido a la posibilidad de que existan más funcionarios municipales involucrados luego del peritaje de los teléfonos secuestrados.
“Se realizó la evaluación de toda la documentación que fue secuestrada en las Escribanías de Alfredo Catanzaro y de Juan Fal, estamos citando una por una a las personas que pudieron haber hecho algún tipo de transacción de las que estamos investigando. Son alrededor de ochenta o cien personas”, precisó la fiscal al portal En Línea Noticias.
En ese sentido, aseguró que las citaciones se basan en que la documentación dice “cesión de derechos y renuncia entre Peralta y otra persona”.
"Todos los damnificados se confiaron y entregaron dinero. Algunos tienen el terreno, han construido de manera irregular y están viviendo con incertidumbre que aparezcan los dueños, otros no tienen nada”, detalló e indicó que la estafa también involucra lotes municipales.
Desde la Fiscalía precisaron que las denuncias ratificadas y formalizadas son alrededor de “treinta o cuarenta” y en las declaraciones que toman de manera diaria se suma “más gente”.
Peralta, el principal denunciado, declaró en medios televisivos que su rol era de “presta firma” en una operatoria que -según dijo- tiene como autores intelectuales a Ciancio (asesor municipal), al secretario de Desarrollo Humano de Olavarría, Diego Robbiani, y al exfuncionario Gastón Acosta.
