La carrera de espejos que mantienen oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados está por cerrar su capítulo de mayo y el Frente de Todos (FdT) muestra sus cartas para encontrar una salida al debate judicial más importante del año. De hecho, está dispuesto a aceptar a un miembro de la Corte Suprema en la Magistratura. Este mes será recordado como el tiempo en que avanzaron en paralelo el tratamiento de los proyectos para implementar la boleta única de papel y el debate sobre la reforma del Consejo. Hasta ahora, ambos temas avanzan en las mismas jornadas. Al intento de cambiar el sistema electoral le queda una semana de trabajo en comisiones, mientras que la otra iniciativa ingresará en una etapa de negociaciones clave. Según confiaron en el FdT, los intercambios concluirían en junio con un dictamen de mayoría que, si prospera en el recinto, volverá en revisión al Senado.
El pasado martes se concretó una extensa sesión informativa que contó con más de 20 expositores. Los invitados participaron del tercer plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales que presiden los diputados oficialistas Rodolfo Tailhade y Marcelo Pérez Araujo. En las últimas tres semanas se repitió la misma escena: cada vez que las dos comisiones, junto a Presupuesto, tramitan el debate sobre la boleta de papel, le sigue un nuevo capítulo sobre la reforma del Consejo. Fue previsto por el FdT para contrarrestar la estrategia de JxC de imponer la agenda legislativa con un tema electoral que divide posiciones.
En ese trajín, mientras los integrantes de la comisión escuchaban a los invitados, comenzó a delinearse la hoja de ruta que comenzará cuando la carrera con boleta única haya terminado. La oposición quiere contar con un dictamen la próxima semana y cuando suceda, el debate judicial se habrá despegado del duelo mediático.
Tal como anticipó este portal, en el oficialismo están "dispuestos y abiertos a cualquier cambio" que pueda permitir sacar el proyecto. El jueves pasado juraron la diputada Roxana Reyes (UCR) y el senador Martín Doñate (FdT) como los consejeros que faltaban para que el Consejo volviera a la composición de 20 miembros que tuvo entre 1997 y 2006. Con esa ceremonia cerró el capítulo más reciente de la controversia por el Consejo.
La disputa comenzó el 15 de abril cuando venció el plazo que había previsto la Corte para que el Congreso sancione una nueva ley para definir la integración del Consejo de la Magistratura. En diciembre declaró inconstitucional la composición establecida en 2006 y le dio 120 días al Poder Legislativo para sancionar otra. El Senado alcanzó a aprobar el proyecto que había mandado el Ejecutivo, con cambios negociados con el rionegrino Alberto Weretilneck y luego comenzó a operar el fallo de la Corte: el organismo volvió a los 20 miembros presididos por el titular de la Corte. La pelota quedó en Diputados con el giro que vino del Senado.
Todos los consejeros que están en funciones deberán ser renovados en noviembre. Sin embargo, con el Consejo funcionando, el oficialismo trabaja silenciosamente para concretar el anticipo que hizo el senador cristinista y consejero Mariano Recalde, cuando dijo que estaban dispuestos a introducir cambios en Diputados para que vuelva al Senado. El proceso está en marcha y es llevado por diputados oficialistas que mantienen contactos con la oposición y también con espacios claves, como el Interbloque Federal donde está la diputada y consejera Graciela Camaño. La legisladora considera que para cumplir con el mandato del artículo 114 de la Constitución Nacional debe haber un representante del máximo tribunal pero no puede presidir el organismo.
"Estamos dispuestos a admitir a la Corte adentro, pero no presidiendo", confirmaron en la coalición oficialista, aunque admiten un límite. Distintas fuentes aseguraron que el FdT acompañaría un dictamen alternativo de Camaño en vez de impulsar uno propio. La opción suena remota en el conglomerado oficialista, aunque todavía sus miembros no han tomado una posición común. No lo harán hasta que hayan concluido las exposiciones de los invitados que continuarán la semana próxima.
Las opiniones de juristas, jueces, especialistas, investigadores, docentes y fiscales que desfilaron por el plenario no pasaron inadvertidas y, además, aportan tiempo para la negociación. En JxC mantienen su negativa. Quieren incluir a la Corte en el Consejo y que lo presida su titular, pero la disposición del oficialismo debilita la intransigencia de la principal coalición opositora que tiene el recinto.
"Esa ley como viene del Senado no le conviene a nadie, hasta el oficialismo dice que prefiere que esto siga igual porque pudieron meter a Doñate y a nosotros no nos sirve que los cambios vuelvan al Senado porque ahí no tenemos número para impedirlo", confiaron a Letra P en JxC para reflejar las dudas que tienen sobre el ánimo negociador del oficialismo. En el FdT aseguran lo contrario. "JxC no quiere tratar la reforma porque le conviene que siga todo así. Hoy vimos bastante consenso en que la corte no integre el consejo o que no lo presida", dijo Tailhade.
En el bloque opositor late un problema interno. La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, amplió su pedido de juicio político contra el cortesano Ricardo Lorenzetti porque asegura que se reunió con el expresidente Mauricio Macri y con el exministro de Justicia, Germán Garavano, para pedirles que saquen a la Corte del organismo judicial, todo lo contrario a lo que sostiene el proyecto unificado de JxC.
En el PRO relativizan la acusación de Carrió pero no descartan que haya existido la reunión. Si el pedido existió, el interbloque de JxC estaría ante una incómoda contradicción, pero podría no obstaculizar la negociación que avanza con sigilo mientras los expertos y juristas aseguran que sigue viva la oportunidad de sancionar una nueva ley para cambiar el Consejo.
