El presidente de Perú, Pedro Castillo, declaró para este martes el estado de emergencia y de inmovilidad ciudadana en las dos provincias más grandes del país, Lima y Callao, para intentar contener una serie de protestas de transportistas, campesinos y agricultores por la subida del precio de los combustibles que ya provocaron, hasta el momento, la muerte de cuatro personas. “Hago un llamado a la calma, a la serenidad, la protesta social es un derecho constitucional, pero debe hacerse dentro de la ley”, aseguró en su mensaje oficial.
La decisión, que estará vigente, por el momento, hasta las 23.59 de este martes y afecta a más de diez millones de personas generó una fuerte polémica en el país porque fue anunciada por el propio Castillo pocas horas antes de su implementación.
Su objetivo es contener las manifestaciones que se registran desde la semana pasada en todo el país por la suba de los precios y este lunes provocaron serios enfrentamientos con la Policía, saqueos y la quema de instalaciones públicas en distintas regiones.
El presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú, Geovani Diez, uno de los líderes de las protestas, calificó la medida gubernamental como “dictatorial” y anticipó que, “si no hay solución en 48 horas, este paro puede volverse indefinido”.
El nuevo conflicto social, que recae en un país ya convulsionado por el impacto de la pandemia de Covid-19, se inició la semana pasada ante el aumento internacional de los precios del combustible, que golpea a nivel nacional y amenaza con impactar sobre el precio y el abastecimiento de los alimentos y los productos que deben ser transportados internamente.
Además, la tensión escaló durante los últimos días a raíz de diferentes declaraciones de las figuras del gabinete nacional que solo provocaron avivar las llamas del fuego. El jueves pasado, el propio Castillo calificó al paro y los cortes de ruta como “malintencionados” y manifestó que sus líderes “han sido pagados” para emprender dichas acciones. Además, el primer ministro, Aníbal Torres, también generó el rechazo de los sectores movilizados por desestimar que haya desabastecimiento e inflación en el país. “No veo tanta escasez en los mercados. Lo que pasa es que ha subido el precio. No podemos bajar los precios por ley. Hay que consumir pescado, que tenemos en bastante cantidad”, afirmó.
El escenario nacional genera una nueva crisis para el gobierno de Castillo, que enfrenta la particularidad de ser un líder sindical que conquistó una fuerte notoriedad pública en 2017 luego de liderar un paro nacional y movilizaciones de los gremios docentes contra el presidente de entonces, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Además, uno de los epicentros del conflicto es la provincia de Junín, la región donde nació y creció el partido gobernante, Perú Libre.
Asimismo, el Gobierno sufre un contexto de debilidad luego de superar, a fines de marzo, un segundo pedido de vacancia presidencial, un mecanismo constitucional por el cual el Congreso puede destituir al Presidente con el voto de 87 bancas de sus 130 asientos. El primero ocurrió en diciembre, es decir, superó dos intentos de destitución en menos de un año de gobierno.
La particularidad de esta crisis es que, por primera vez desde su llegada al Palacio de Pizarro, en julio de 2021, sufre un paro sindical en su contra y las demandas surgen desde sectores de izquierda y empobrecidos, esos mismos a los que prometió representar durante su campaña basada en alcanzar una mayor representación política y una mejor distribución económica nacional.
