La oposición fracasó en su primer intento, pero apenas 125 días tardó en iniciar el camino de destitución del presidente Pedro Castillo. Con un nuevo proceso que parece no haber evaluado las experiencias recientes que acabaron con mandatos presidenciales de forma anticipada, la derecha nacional no consiguió los votos mínimos para aceptar el pedido de vacancia tras haber acusado al maestro rural de “incapacidad moral” por una serie de acusaciones que llevan al país andino de nuevo al borde de una crisis institucional que ya terminó con tres presidentes y que, por el momento, no puede con el cuarto.
Finalmente, el pedido fue rechazado con 46 votos a favor, 76 en contra y cuatro abstenciones, pero su caída temporal no significa su muerte definitiva. Este recorrido destituyente comenzó el pasado 25 de noviembre, cuando la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, presentó, con el respaldo de los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, un pedido de vacancia de más de 200 páginas contra Castillo por “causal de permanente incapacidad moral”, es decir, por considerar que el mandatario no estaba capacitado para conducir el país. Entre los delitos que se le imputaban aparecían, entre otros, el “uso ilegal de fondos públicos en la campaña electoral de 2021”, la “designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo”, “tráfico de influencias”, ataques a la “libertad de expresión”, atentar contra la estabilidad económica y ser permisivo con la violencia de género. Este martes, la oposición falló en su segundo paso para acabar con la recién iniciada presidencia de izquierda, pero nada impedirá que vuelva a intentarlo en los próximos meses.
En diálogo con Letra P, el director de Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Omar Awapara, aseguró que el proceso de vacancia fue una “nueva estrategia” de los mismos sectores opositores que intentaron desconocer la victoria electoral de Castillo ante la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por apenas 44 mil votos en el ballotage del 6 de junio. “Hay una intención de no dejarlo gobernar”, afirmó y explicó que la vacancia “es un tema absolutamente político que no se trata de presentar evidencia legal” sino de “convencer a la opinión pública y al Congreso de que el presidente es moralmente incapaz, algo que es muy amplio”. “En las acusaciones no había una bala de plata. No había nada que demuestrara cien por ciento que hubiera incurrido en alguna de las cosas de las que se lo acusaba”, detalló.
El proceso impactó individualmente sobre Castillo, pero, en líneas generales, sobre un país que sufre una crisis política desde 2016, que en cinco años ya acabó con cuatro presidentes y tres congresos. Desde entonces, Perú vive un proceso de atomización de la política y una explosión del sistema de partidos atravesado por escándalos de corrupción que ha provocado que, desde la recuperación de la democracia, en 2000, seis de sus ocho presidentes hayan tenido que enfrentar a la justicia luego de abandonar el cargo. Durante ese período, por un lado, la política se ha corporizado alrededor de ciertos intereses particulares, como la educación o el libremercado; y, por el otro, se ha individualizado en figuras que comandan partidos en procura de sus propios intereses, como Fuerza Popular, de la familia Fujimori, o el propio oficialista Perú Libre, de Vladímir Cerrón. En esta ecuación, el resultado buscado no es un proyecto nacional, sino intereses particulares. En el camino por alcanzarlos, sus promotores no dudan en chocar con la figura presidencial, el Congreso o la Justicia.
Este proceso corporativo solo se profundiza con este nuevo intento. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el Poder Legislativo apenas tiene un nivel de aprobación del 21% y el 27% de las personas considera que “no tiene nada de positivo”. Además, el 36% asegura que al cuerpo “no le interesa la gente” y que sus integrantes “solo piensan en ellos”. Un ejemplo de esto es que el 55% desaprobaba el pedido de vacancia a pesar de que Castillo apenas contaba con un 25% de apoyo. Es decir, los intereses partidarios que posponen las demandas sociales hacia un segundo plano generan dos consecuenticas directas. Por un lado, un alejamiento y un desinterés de la ciudadanía hacia su funcionamiento, su composición e, incluso, su importancia, lo que genera graves retos hacia el futuro. Por el otro, la inestabilidad política que se vive desde hace cinco años, sobre la cual parece caminar en círculos, a veces hacia la izquierda y otras, hacia la derecha.
“En Perú hay problemas de fondo. Hay un sistema político colapsado que hace que haya 15 partidos, que cualquiera pueda ganar y que entren muchas fuerzas al Congreso”, aseguró Awapara en diálogo con este medio. En las últimas elecciones, las 130 bancas legislativas se repartieron entre 11 partidos diferentes y el oficialista Perú Libre se quedó apenas con 37 y ni siquiera todas responden a Castillo, porque el mandatario es un invitado a dicha organización para ser candidato a presidente ya que el líder, Vladimír Cerrón, no pudo postularse. “Hay un problema de lealtad, de apego al fair play de los actores políticos”, consideró el analista y explicó que, aunque Castillo intentó generar gobernabilidad con sectores del centro, la polarización volvió difícil la búsqueda de consensos. “Los 87 votos finales para destituirlo parecían lejanos, pero el solo hecho de que estemos hablando de esto indica que hay un problema en el sistema”, agregó.
Al momento de asumir, el principal desafío de Castillo no era cambiar la Constitución ni llevar a la práctica su ambicioso programa de gobierno, sino, simplemente, sobrevivir al Congreso. Cuatro meses después, se sobrepuso a su primera prueba de fuego, pero deberá fortalecerse para quitarse de encima el golpe de la trituradora de presidentes que ha demostrado no tener piedad y que le pisa los pies.
