La senadora Alejandra Vigo avanzó con unos de los proyectos clave que forman parte de la “cruzada federalista” que busca encabezar en la órbita nacional el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y presentó un proyecto de ley a través del que busca que el Estado nacional traslade la administración de las empresas Edenor, Edesur y AySA a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, zonas en las que dichas compañías prestan los servicios de agua y energía.
“Que esos servicios estén en manos de la Nación afecta el modelo federal de gobierno adoptado por la Constitución Nacional”, dijo la única representante del bloque Córdoba Federal en la Cámara alta al anunciar el ingreso del proyecto el pasado viernes.
“El Estado nacional financia las tarifas del AMBA con fondos de todas las jurisdicciones. Es injusto y desigual con el resto de las provincias que lo hacen con su propio presupuesto. En Argentina vivir en el interior resulta siempre más caro. Es hora de superar esa injusticia”, señaló una de las espadas del peronismo provincial en el Congreso, que también denunció el alto monto que, en materia de subsidios, el Gobierno invierte en esas empresas.
A finales del mes de marzo, una iniciativa similar ingresó vía Diputados y fue presentada por el legislador de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo. En ambos proyectos, el plazo establecido para avanzar en el traspaso es el 1 de enero de 2023.
“No se trata de caer en el error de quitar a uno para darle a otro porque no es correcto. Porque nadie en un país justo puede decidir a quién quitar y a quien ayudar”, advierte el proyecto entre sus fundamentos, en los cuales se trasluce la intención de teñir de cordobesismo el pedido que desde hace tiempo se pone en la mesa de una buena parte de la dirigencia del interior del país. “El reclamo de Córdoba es muy claro: nosotros queremos por ley y no por voluntad del gobierno de turno, que se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos”, añadió Vigo.
El argumento que sostiene la crítica a la distribución de recursos entre las provincias es uno de los principales argumentos que el peronismo cordobés sostiene en su discusión con la administración nacional. De hecho, esa bandera también le sirvió para diferenciarse del cambiemismo durante las elecciones de 2021. En varios sectores del gobierno mediterráneo, la lectura es que cuando Mauricio Macri fue presidente “continuó con el mismo esquema de administración centralista” o, en el mejor de los casos, “no hizo nada”.
En ese argumento, se desconoce el peso que el propio Schiaretti tuvo en la negociación con las autoridades provinciales que llevó a cabo aquella administración en la previa a la firma del pacto fiscal 2017, en donde se contempló la posibilidad de avanzar con el traspaso de las empresas. De hecho, el tridente amarillo conformado por el entonces Presidente, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron esos traspasos durante la última etapa del gobierno de Cambiemos. Sin embargo, pese a que se pusieron en marcha algunos mecanismos para concretarlo, la administración de Alberto Fernández lo frenó y lo dejó sin efecto.
Vigo y Schiaretti: la iniciativa de la esposa del gobernador se suma a la cruzada federalista del cordobesismo.
A comienzos de este año, el propio gobernador Schiaretti salió al cruce del criterio utilizado para la distribución de subsidios para el transporte, denunciando “que AMBA concentra alrededor del 85%” de esos fondos y que, por esa razón, “el boleto urbano cuesta $18, generando una gran desigualdad con respecto a los boletos que pagan los ciudadanos del resto de las provincias”.
En esa cruzada, tiene un rol crucial el intendente capitalino, Martín Llaryora, que llegó a ser el impulsor de pedidos colectivos a través de los cuales fue sumando a pares de algunas de las ciudades más importantes del país. “Acá hay un intendente que se las aguanta y está dispuesto a ponerle los colectivos en el Obelisco hasta que nos pongan los recursos que merecemos”, llegó a decir en medio de la escalada discursiva que incluyó varios cruces con la Casa Rosada.
Sumado a la norma que pide la reducción gradual de las retenciones, presentada por el schiarettismo la semana pasada en la Cámara de Diputados, el ingreso de la iniciativa presentada por Vigo se encolumna con la impronta federal que el cordobesisimo quiere imprimir en su paso por el Congreso. “La mayoría de los recursos quedan en el AMBA y la Provincia de Buenos Aires en una Argentina en la que, de vivir en el interior, resulta siempre más caro”, dice el proyecto que se propone resolver “una injusticia que viene desde hace tiempo y que Argentina no logra superar”.
