Los incidentes ocurridos la semana pasada en las afueras del Congreso y, en especial, el ataque a la oficina de Cristina Fernández de Kirchner generaron un nuevo cruce entre el gobierno nacional y la administración porteña. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que este jueves habrá un vallado para evitar nuevos hechos de violencia y aclaró que las mismas no estuvieron en el Parlamento por pedido expreso de la vicepresidenta. Horas más tarde, desde la oficina de la exmandataria salieron a desmentir "categóricamente" esas declaraciones.
"La Secretaria Administrativa del Senado de la Nación desmiente categóricamente que alguna de las autoridades de esta Cámara se haya comunicado con funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para solicitar que no se colocaran vallas de seguridad el pasado jueves 10 de marzo, mientras sesionaba la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con el FMI", comunicaron este martes desde la presidencia del Senado.
De esta manera, la titular de la Cámara alta salió al cruce del relato matutino del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro: "Vamos a vallar y utilizar la fuerza para garantizar el desarrollo del Congreso, que es uno de los pilares de la democracia", había anticipado el funcionario.
¿La razón? "La propia Cristina ha llamado pidiendo que saquen las vallas. Lo que vamos a hacer el jueves es poner un vallado que permita tener un pulmón para que la policía pueda actuar más rápido, pueda protegerse y distinguir a los violentos de los no violentos para actuar en consecuencia", agregó el funcionario porteño.
En el tren de la desmentida, la oficina de la vicepresidenta, que después del ataque a su despacho deslizó sospechas de "zona liberada" por la tardía actuación policial, emitió una gacetilla para aclarar que sólo hubo una comunicación entre Cristina Kirchner y autoridades de la Ciudad. "El 26 de agosto de 2020, en ocasión del tratamiento en el Senado de un proyecto de reforma del Poder Judicial. En ese entonces, y de manera puntual, se le solicitó a la ciudad que retire las vallas que estaban colocando en ese momento y que tampoco habían sido solicitadas, ya que no estaba prevista una convocatoria masiva. Esta comunicación telefónica tuvo amplia difusión mediática", completó el comunicado.
Otro detenido
En paralelo a la disputa política, continúa la investigación judicial por los incidentes de la semana anterior. Un integrante del movimiento social Teresa Rodríguez fue detenido en las últimas horas acusado de ser uno de los violentos que arrojó piedras durante la movilización para rechazar el acuerdo del Gobierno con el FMI que se trataba en la Cámara de Diputados.
Fuentes policiales informaron que los allanamientos se llevaron a cabo en la calle 519 al 2500 de la localidad bonaerense Gobernador Costa, en el partido de Florencio Varela, donde se emplaza una sede de esa agrupación social. El detenido fue identificado como Jaru Alexander Carrero Rodríguez, de nacionalidad venezolana.
Este lunes, ocho sospechosos de haber arrojado las piedras contra el despacho de la vicepresidenta fueron identificados mediante un software de reconocimiento facial utilizado por la Policía Federal. Se trata de personas jóvenes, sin vínculos aparentes entre sí ni militancia política reconocida por las fuerzas que motorizaron la protesta contra el acuerdo del Gobierno con el FMI, con la aprobación en Diputados la semana pasada.
