En un discurso marcado por el lenguaje no sexista, el presidente Alberto Fernández se refirió a las políticas de género y puso énfasis en el tema de los cuidados, un eje central de las demandas de los feminismos: se trata de la mayor brecha entre varones y mujeres y está en el centro de la desigualdad estructural.
Fernández anunció a la Asamblea Legislativa el envío de un proyecto elaborado junto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad que plantea la ampliación de las licencias por maternidad, paternidad y adopción, con el agregado de que incluirá a monotributistas y a quienes se rijan por el régimen autónomo, “sin generar mayores erogaciones a los empleadores”, aclaró.
El proyecto, al que tuvo acceso Letra P, propone la extensión progresiva de las licencias para ampliar la cobertura e igualar paulatinamente, de forma escalonada, las licencias parentales para todos los géneros, todos los tipos de familia y tipos de trabajadores y trabajadoras y un esquema similar para monotributistas y autónomos, un reclamo eterno de quienes están en situación de precarización cuando se habla de derechos laborales. Con el ojo puesto en la consabida oposición de las empresas, la propuesta prevé que las nuevas licencias y la extensión de las vigentes “sean financiadas por la seguridad social”.
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El proyecto surge en el marco de un proceso participativo conducido por la cartera de Elizabeth Gómez Alcorta a través de campañas territoriales, mesas interministeriales e instancias consultivas federales “para construir una organización del cuidado más justa que reconozca al cuidado como un derecho, una necesidad y un trabajo”. En esas instancias, surgió el reclamo por un sistema de licencias más justo. Todavía no está disponible la letra chica, que deberá especificar de cuántos días será la ampliación y cómo se pondrá en práctica. Por ahora, se piensa en una licencia por paternidad de 15 días, un lapso que iría creciendo, además del reconocimiento y la inclusión de las familias adoptantes, las parejas igualitarias y las diversas composiciones familiares en las que el cuidado está presente.
En la actualidad, Argentina se encuentra por debajo de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, ya que la licencia por maternidad es de 90 días (casi 13 semanas) y la de paternidad es de solo dos días. En América Latina, solo en Guatemala los padres tienen la misma cantidad de días. En Europa, Italia tiene una licencia por paternidad de 10 días obligatorios y uno opcional, Francia tiene una licencia por paternidad de 28 días y España igualó recientemente ambas licencias que, a partir del 2021, son de 16 semanas para cada responsable parental. En Suecia, por ejemplo, tienen un esquema aún más extenso: 480 días para repartirse entre ambos progenitores.
Según la experiencia internacional, solo las licencias con misma cantidad de días, mismo grado de obligatoriedad y misma fuente de financiamiento son las que garantizan “una verdadera igualdad de género en el cuidado”, argumentan desde el Ministerio de las Mujeres. Otra de las razones que sustentan estas modificaciones es que “la normativa vigente reproduce estereotipos que impactan de manera negativa en la distribución del cuidado dentro del hogar, genera discriminación hacia las mujeres y LGBTI+ en el mundo del trabajo y excluye a la diversidad de conformaciones familiares del acceso al derecho a cuidar y recibir cuidados”.
Además de mejorar la calidad de vida de las personas gestantes y no gestantes, la evidencia muestra que la extensión de las licencias produce efectos positivos en la salud de niñas y niños que, según Unicef, “contribuyen contribuyen indirectamente a la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición”. La justificación del proyecto también destaca que la equiparación de la responsabilidad del cuidado entre los géneros “es una de las aristas necesarias para combatir y desnaturalizar los roles y estereotipos de género que obstaculizan el desarrollo de una vida libre de violencias”. Otro de los ejes fundamentales es la inserción laboral de las mujeres: al posibilitar las licencias igualitarias, se elimina uno de los principales sesgos que provocan discriminación hacia las mujeres en el mundo del trabajo y que hoy provocan mayores índices de desempleo, subempleo e informalidad en esta población.
También vinculado con el trabajo no remunerado, en su mayor parte a cargo de mujeres, Fernández volvió a anunciar que enviará al Congreso un proyecto de ley para establecer “un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de un millón de personas”. Esto no es novedad en los discursos frente a la Asamblea Legislativa y se trata de una urgencia que se puso aún más de manifiesto durante la pandemia de COVID-19.
Prometió además que se avanzará en la construcción de 326 nuevos espacios de Primera Infancia y que se finalizarán otras 200 obras de mejora edilicia para 50 mil niños y niñas de hasta cuatro años.
Hubo dos párrafos referidos a otra demanda urgente, la violencia de género, un tema de agenda pública por lo menos desde el 3 de junio de 2015. Fernández destacó que el Programa Acompañar, que brinda recursos económicos a mujeres en situación de violencia, alcanzó a más de 130 mil mujeres. Además, destacó la construcción de una Red de 30 Centros Territoriales de Políticas de Género y Diversidad en todas las provincias, para resolver las situaciones de violencia por motivo de género y la creación de 80 equipos interdisciplinarios que asistan en casos de violencias de género y promuevan derechos en todo el territorio nacional.
Así como en 2019 el Presidente supo leer la demanda sobre la legalización del aborto, finalmente concretada en 2020, la expectativa para los años que vienen está puesta en la necesidad de las mujeres y diversidades de acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que los varones. En ese sentido, resulta imprescindible arreglar “las escaleras rotas” que representan la maternidad y los cuidados para las mujeres, uno de los temas más transversales en términos de políticas públicas. Su verdadera puesta en práctica no puede depender de un solo ministerio.
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