26|1|2023

El Norte Grande vuelve a la carga por una tarifa eléctrica diferencial

06 de febrero de 2022

06 de febrero de 2022

Los gobernadores del NOA y NEA definen una estrategia conjunta para un nuevo esquema de subsidios. Proyecto de ley unificado y choque con el FMI.

En medio de la tensión que generó en las huestes kirchneristas el entendimiento con el FMI para avanzar con una reducción progresiva de los subsidios a la energía, la administración de Alberto Fernández se vio sorprendida por un nuevo planteo económico proveniente del del interior del país que promete dejar un impacto negativo en las cuentas públicas.

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Las provincias que integran la región del Norte Grande -Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja- decidieron retomar la ofensiva que apunta a lograr un régimen de tarifas eléctricas diferenciales para los usuarios residenciales de las zonas más cálidas del país.

 

El nuevo esquema tarifario -al igual que el vigente en el servicio de gas que fue ampliado el año pasado- prevé un mayor desembolso de subsidios a cargo del gobierno nacional para que los clientes hogareños de las provincias del NOA y NEA abonen por los kilovatios hora (kWh) que consumen entre un 30% y 50% menos.

 

El encargado de pasar el aviso fue el mandatario chaqueño Jorge Capitanich, quien anticipó que, en la cumbre del Norte Grande que se realizará el próximo viernes en Misiones, la tarifa eléctrica diferencia” será una de las principales cuestiones que analizaran los gobernadores con el fin de definir una estrategia conjunta que les permita ir a la carga por ese beneficio ante las autoridades nacionales.

 

El reclamo de un tratamiento tarifario especial para los habitantes de las zonas cálidas comenzó a tomar fuerza a mediados de 2021 como una moneda de cambio por los votos favorables que aportaron los legisladores y las legisladoras de las provincias norteñas a la ley de extensión de subsidios gasíferos a las zonas frías que fue tratada y aprobada en tiempo récord en el Congreso.

 

Tras haber alcanzado inicialmente a 778.000 usuarios de la Patagonia, la Puna Cordillerana y la mendocina Malargüe; los subsidios para los usuarios de gas de las zonas frías, donde en invierno se registran temperaturas bajo cero, se ampliaron el año pasado a más de 3 millones de hogares las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y San Juan.

 

La ley aprobada había sido impulsada por el entonces titular del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa para reducir hasta un 50% las tarifas de gas de los clientes hogareños. Con esa modificación, el oficialismo logró incorporar al lote de beneficiarios a casi 1,5 millones de usuarios de 52 ciudades del sur y la zona atlántica bonaerense, entre las cuales se encuentran Mar del Plata y Bahía Blanca. Los recursos para cubrir esas bonificaciones salen del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales que fue creado en 2002. Dicho Fondo se nutre con el pago de un recargo por cada metro cúbico de gas que consumen los usuarios residenciales, comercios e industrias de todo el país. 

 

Esquema al margen de grietas

El reclamo de las provincias norteñas de un subsidio eléctrico diferencial sigue la misma lógica que el esquema gasífero. El planteo -que es apoyado si fisuras, ni grietas por mandatarios del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y partidos provinciales- se sustenta en el hecho de que los usuarios del NOA y NEA, que tienen temperaturas que promedian los 40 grados entre octubre y marzo y salarios más bajos, deben pagar por las facturas eléctricas entre 3 y 4 veces más que los hogares del AMBA.

 

Para corregir esa asimetría promueven la creación de un fondo fiduciario para cubrir los subsidios destinados a reducir el valor de la energía que representa entre el 40% y 45% del total de las boletas del servicio eléctrico que reciben los clientes residenciales del Norte Grande.

 

A diferencia del fondo del sector gasífero donde las distribuidoras están bajo la órbita del gobierno nacional y cobran un recargo aprobado por el Enargas; la prestación del servicio eléctrico depende de cada provincia y el ENRE solo tiene injerencia sobre Edenor y Edesur.

 

Este esquema organizativo hace que sea inviable la aplicación de un suplemento tarifario a todos los usuarios del país porque cada provincia debería convalidar su inclusión en las boletas, algo que ninguna estaría dispuesta a concretar en estos momentos de incertidumbre económica y deterioro de los ingresos por el avance inflacionario.

 

En caso de aprobarse la tarifa eléctrica diferencial, los recursos destinados a alimentar el fondo fiduciario tendrían que salir del presupuesto nacional, una medida que va en contra del recorte del gasto público que piden los técnicos del FMI para poder evitar el default y reprogramar la cancelación de la deuda heredada del préstamo concedido por el organismo a la anterior gestión de Mauricio Macri.

 

Si bien reconocen la existencia de ese escollo, el bloque de gobernadores que conforman Capitanich y sus pares Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Morales (Jujuy), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Saénz (Salta) y Gustavo Valdés (Corrientes) concentraría sus próximas acciones en tratar de resumir en un solo proyecto de ley las distintas iniciativas sobre el tema que están dando vuelta en el Congreso.

 

En las comisiones de Energía, Presupuesto y Defensa del Consumidor de ambas cámaras hay un total de 17 proyectos en danza. Los últimos 5 ingresaron en el segundo semestre de 2021 y llevan las firmas de legisladores del oficialismo.

 

Con distintos matices, todas las presentaciones coinciden en proponer la instrumentación de una bonificación en el precio de la energía del 30% para todos los clientes residenciales y un descuento del 50% para jubilados, pensionados, desempleados, monotributistas sociales, electrodependientes, trabajadores con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo.

 

Con un proyecto unificado, las provincias saldrían a redoblar la presión sobre la Casa Rosada para que la tarifa eléctrica diferencial de zonas cálidas entre en la agenda de los asuntos prioritarios de la primera parte del año.