La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para anular su procesamiento en la causa conocida como "los cuadernos de las coimas" y, así, dejó firme la acusación en su contra por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa y cohecho pasivo por 27 hechos, en calidad de coautora.
Con el voto positivo de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone y la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, la causa que fue elevada a juicio oral el 20 de septiembre de 2019 seguirá su curso con la vicepresidenta como principal acusada. Según el expediente, la Justicia considera que existió una “asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".
Según relató el diario Clarín, el juez Barroetaveña rechazó el recurso presentado por la defensa de la expresidenta comandada por el abogado Carlos Beraldi porque “no logra refutar de forma adecuada la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que se advierte como objeción al recurso de casación intentado".
La investigación judicial sostiene que la asociación ilícita fue comandada en un primer momento por el entonces presidente Néstor Kirchner y luego, por su esposa, Cristina Kirchner, y que el dinero de las coimas era “entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o sus secretarios privados en Uruguay 1306 (el domicilio actual de la vicepresidenta), en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno”.
En la causa también figuran como organizadores de la asociación ilícita el entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, y el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión Roberto Baratta, a quien se acusa de haber garantizado la realización de “los cobros comprometidos”. A raíz de esto, tanto De Vido como Baratta y el exsecretario de Obras Públicas José López se encuentran con prisión preventiva acusados de cohecho pasivo y de haber sido los organizadores de la asociación ilícita.