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Festival País en la TV Pública: look federal y favores políticos

La pantalla del canal estatal se puebla de numerosos eventos provinciales en verano. Rating, vidriera interior y herramienta de gentileza con gobiernos afines.

La transmisión de festivales federales durante el verano es una tradición de larga data en el canal estatal, que sobrevive a gestiones de distinto signo político. Además del contenido federal y de reportar al canal cifras de audiencia por encima de su promedio, en ocasiones ha sido una herramienta al servicio de la lógica amigo-enemigo entre el gobierno central de turno, provincias y municipios. 

 

En el periodo 2011-2019, la TV Pública emitió 43 festivales populares de 19 provincias argentinas. Algunas fueron transmisiones en vivo, que se extendieron por varios días con amplio despliegue técnico; en otros, breves resúmenes con lo mejor de cada evento. Organizados por gobiernos provinciales, intendencias o asociaciones civiles, las formas de transmisión suelen incluir la coproducción entre la emisora del Estado nacional y canales públicos provinciales que brindan parte de la técnica y logística para generar la imagen.

 

Los festivales aportan contenidos de alta factura técnica, algunos son en vivo y generan mayores niveles de audiencia. Según datos de Kantar IBOPE Media, en 2022 el Festival de Cosquín promedió 1,64 puntos de rating y el Festival de Jesús María, 1,57. En un contexto de caída de la audiencia de la televisión abierta y migración a otras plataformas, son números auspiciosos, si se tiene en cuenta que toda la programación de la señal promedió 0,79 el año pasado.

 

Durante los gobiernos kirchneristas, el viejo ATC programó, en promedio, 13 festivales por temporada. La transmisión de estos contenidos representó entre 150 y 260 horas de aire cada año. En 2016, el primer año de la gestión macrista, ocuparon 165 horas de programación (1,9% del total) y en 2017 superaron la treintena de eventos y alcanzaron las 620 horas (7,1% del total), un volumen que se interrumpió con la llegada de la pandemia y la suspensión de espectáculos masivos. 

 

Un exgerente que ingresó a la señal en tiempos de Cambiemos opina que en la TV Pública “convive esta idea de que tenemos que darle lugar a todos los que podamos. Como estrategia, es malísima”, ya que fragmenta la programación. La sucesión de gran número de festivales breves impediría fidelizar audiencia y generar un hábito de consumo estable. Por el contrario, otro ejecutivo del mismo periodo recuerda con agrado el aumento en la cantidad de festivales porque aquello le daba a la emisora un “look federal”.

 

Hernán Lombardi les decía que sí a todos”, recuerda otro exfuncionario en referencia a la transmisión de festivales, en ocasiones de discutible atractivo artístico. Lograban un lugar en la pantalla como forma de gentileza o devolución de favores políticos. Esta práctica no fue una novedad de la gestión macrista. La interferencia política en la decisión sobre qué festivales transmitir y cuáles no, según los alineamientos de los gobiernos locales o provinciales con el central, es conocida. “Los pedidos de transmisiones venían casi siempre de gente de la política. Tenía mucho que ver con quedar bien con diputados y gobernadores”, recuerda esta fuente.

 

Los compromisos son tantos que los festivales no caben en la grilla. En la actualidad, en ocasiones se emite un festival en televisión abierta y, al mismo tiempo, otro distinto desde la web oficial. El fin de semana pasado, la TV Pública emitió en simultáneo los festivales de Baradero (Buenos Aires), la Chaya (La Rioja) y del Chamamé (Entre Ríos). Durante la temporada, Festival País acapara otros espacios de la grilla con segmentos que retratan la previa de los eventos a través del envío de cámaras desde Buenos Aires y reporte en vivo de periodistas de Radio Nacional en cada lugar.

 

Sobre los sesgos e influencias políticas en las decisiones artísticas, Martín Bonavetti, director ejecutivo entre 2009 y 2015, analiza la complejidad que implica administrar un espacio público. “A veces se cree que lo público se da en términos incoloros, inodoros e insípidos y que en esa pureza reside la legitimidad de lo público. Por el contrario, la administración de un espacio público comprende tensiones que son inherentes a la aspiración de ocupar ese espacio por cualquier manifestación artística, cultural o política”, asegura en diálogo con Letra P.  

 

En 2009, tras el paro agropecuario patronal del año anterior, la presencia del entonces vicepresidente Julio Cobos en el Festival de Jesús María (Córdoba) y de la Vendimia (Mendoza) dio lugar a especulaciones de censura a su imagen en la transmisión del canal oficial. En 2012, la prensa privada se hizo eco de un supuesto corte de transmisión cuando, durante la presentación del cantante Rally Barrionuevo, podían verse en el escenario carteles en contra de la megaminería en Famatina (La Rioja), tema por entonces en agenda e incómodo para el kirchnerismo. 

 

El móvil del programa Festival País de la Televisión Pública en la ciudad de Belén, Catamarca.

La vidriera nacional que da la señal pública a los festivales beneficia a las autoridades locales y ayuda a quienes los organizan a cerrar la contratación de artistas de mayor renombre. El criterio artístico, la tradición o el interés general se imponen muchas veces a las interferencias políticas, por lo que eventos de provincias opositoras a los oficialismos nacionales de turno son transmitidos sin discusión.

 

La lógica del festival provincial como forma de darle al canal ese “look federal” encierra una mirada telúrica que dificulta abordar aspectos problemáticos de estos contenidos a la luz de nuevas agendas y preocupaciones sociales. No obstante, por ejemplo, recientemente la emisora redujo la presencia de la doma a partir de la instalación del maltrato animal como tema de preocupación en la agenda pública.

 

La marca Festival País reúne un conjunto heterogéneo de imágenes producidas en distintos puntos del territorio, mejora los números de una emisora en la que casi nada parece funcionar y, en ocasiones, funciona como un mecanismo sutil de uso gubernamental del canal estatal.

 

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