LA QUINTA PATA

Campaña de guerra

“Golpe” a “golpe”. La crisis institucional Gobierno-Corte le da forma al proceso electoral. Clima de guerra y narrativa adversa al peronismo. El talón de Massa.

El Gobierno denuncia un “golpe” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La oposición denuncia un “golpe” del Poder Ejecutivo contra el Judicial. “Golpe” a “golpe”, verso a verso… La decisión provisoria del alto tribunal sobre el pedazo de la coparticipación que debería corresponderle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha desatado un conflicto de poderes que puede rotularse, sin exagerar, como crisis institucional. En medio de este vendaval político, la Argentina cerrará el año y encarará, en apenas una semana, el inicio del 2023 electoral. Si la campaña electoral es el próximo tema grande de la agenda, ¿qué tono cabe esperar en su desarrollo?

 

El choque es por dinero: ¿cuánto cuesta mantener la Policía de la Ciudad transferida en su momento por la Nación? Sin embargo, no se limita a eso. El asunto de fondo es que la Argentina no está dirimiendo el reparto de la coparticipación federal, sino el reparto del poder.

 

Tanto por convicción propia como porque Cristina Fernández de Kirchner y los gobernadores peronistas no le dejan muchas alternativas, Alberto Fernández apuesta por el momento a la línea dura: el fallo es incumplible y por eso lo va a ignorar. El frente interno se ordena –precaria y provisionalmente, como siempre, hasta el siguiente cimbronazo–, pero todo lo demás se desmadra. Esa es la historia argentina de los últimos tres años.

 

El Presidente afirma que la medida de la CSJ es inaplicable porque no existe eso que el tribunal considera fondos estrictamente nacionales. Tiene razón, ya que toda partida presupuestaria se aplica, de un modo u otro, en territorios en los que vive gente, por lo cual cualquier redistribución en beneficio de la capital implicaría la detracción de dinero necesario para costear una obra o un beneficio en otro lado.

 

Eso alude al costado político, pero hay otro, de tipo legal: hacer eso supondría que el Congreso votara una enmienda del Presupuesto 2023, dice la Casa Rosada, algo que los legisladores y legisladoras de numerosas provincias jamás harían. El parche legal de la Corte Suprema podría abrir una mamushka de litigios.

 

La Argentina es un país lleno de gente que tiene razón, pero de modo contrapuesto, lo que hace que esa legitimidad sirva a esta altura de poco y nada.

 

Si lo que alega el Gobierno podría ser considerado cierto, también lo sería que el Presupuesto del año próximo debería haber tenido una asignación precautoria a la espera de una decisión que, se sabía, el máximo tribunal del país estaba por pronunciar. No hubo precaución y ahora no hay dinero.

 

Lo anterior lleva a otro punto relevante. El primer paso del conflicto entre la Nación y CABA se produjo en septiembre 2020, cuando Fernández recortó una coparticipación que Fernández juzgó como desmesurada en favor del distrito, según dijo entonces, en virtud de una sobreestimación del costo de la transferencia de las tareas de seguridad. Ese decreto luego devino en ley.

 

La CSJ intervino en el caso a través de la concesión de una medida cautelar en favor de la administración de Horacio Rodríguez Larreta con una demora de más de dos años. Todavía, desde ya, queda tiempo hasta que resuelva la cuestión de fondo, probablemente de modo también esperado. Una duda: ¿qué dirían los supremos si la provincia de Buenos Aires –la gobernada por Axel Kicillof– acudiera a ellos, con razón, para que resuelva su histórica postergación en materia de coparticipación?

 

Los tiempos del Poder Judicial, al menos en el fuero federal y en lo que toca a los conflictos interjurisdiccionales, parecen menos fundados en la necesidad de dirimir litigios en tiempo y forma que en la conveniencia de contar con munición política para disparar en el momento adecuado.

 

Tras la condena a Cristina Kirchner en la causa “Vialidad” y el conflicto entre el Congreso y la propia Corte desatado en torno a la integración del Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le concedió el pasado lunes 12 una infrecuente entrevista a LN+. ¿Se arrepiente de haber aceptado, inicialmente, integrar el tribunal por un decreto inconstitucional de Mauricio Macri? ¿Ese antecedente no lo invalidaba moralmente para luego ser confirmado, como correspondía, con acuerdo del Senado? ¿Qué plan de acción tiene para paliar el desprestigio del la CSJ? ¿Qué pudo haber hecho el tribunal para evitar que un fiscal federal –Carlos Stornelli– se pasara una eternidad en rebeldía en una causa en la que, final y previsiblemente, resultó sobreseído? ¿Planea o puede hacer algo para que no sigan administrando justicia magistrados comprobadamente prebendarios del multimedio más importante de la Argentina, gente que, además, se sabe que conspiró de mil modos para ocultar esos favores? ¿Qué hará para restaurar una autoridad que ya no es tal? De nada de eso habló Rosatti, pero la entrevista igual estuvo interesante.

 

Es comprensible: el tribunal que preside y él mismo son parte de la guerra política que se ha instalado en la Argentina. Otro hecho que el supremo podría haber aclarado –pero eludió– es la razonabilidad de haber declarado inconstitucional en diciembre del año pasado una ley sancionada 15 años antes sobre la integración del Consejo de la Magistratura, dando 120 días exiguos para que la política acordara –en condiciones que, se sabía, eran imposibles– una nueva configuración. Transcurrido ese plazo, la Corte “legisló” al reponer la norma anterior a la derogada y él mismo quedó al frente del organismo que nombra, controla y destituye a los jueces y juezas.

 

Se avecina una campaña de guerra.

 

El peronismo tendrá en esa carrera pocos méritos para mostrar. La interna del Frente de Todos es un caos, la economía es una fuente enorme de insatisfacción, la recomposición de los ingresos populares es una promesa irremediablemente incumplida, la actividad se ralentiza y el objetivo de Sergio Massa de reducir la inflación está por verse. La figura más taquillera del espacio –la vice, claro– acaba de ser condenada en primera instancia por corrupción y se ha autoexcluido del proceso electoral. Así las cosas, el oficialismo –¿saliente?– queda arrinconado en una pelea con la Corte y atrincherado en una prédica institucionalista poco vinculada con su ADN y con lo que su base espera de él.

 

“El renunciamiento” de CFK es, en parte, un gesto de desafío: “Vengan por mí, métanme presa”. Con todo, también podría considerarse una confesión de impotencia de alguien que sabe que no puede contener la ofensiva judicial sin sacar definitivamente los pies del plato del sistema. El peronismo no es y no será un chavismo.

 

¿Será que al Gobierno no le viene del todo mal que en la campaña se hable de cualquier cosa menos de la economía? Es posible, pero salir de un terreno fangoso no implica necesariamente que se haga pie en uno más estable.

 

De hecho, ¿no contribuye la narrativa de guerra a empiojar más la gestión de la economía y, con eso, las propias chances electorales? Massa busca desesperadamente mantenerse al margen del fuego cruzado, tanto en lo que respecta a su imagen como al manejo de una economía que no puede sino sufrir más en este contexto. Sin embargo, mientras no deje de ser un presidenciable del panperonismo es improbable que evite quedar involucrado de las causas judiciales que abrirá Juntos por el Cambio (JxC) contra todos los funcionarios y funcionarias que tengan un rol en el cumplimiento de la orden de la Corte.

 

Este conflicto seguro que no ayuda a Larreta a federalizar su imagen y a juntar votos en las provincias que se sienten afectadas, una vez más, por el centralismo porteño. Sin embargo, su electorado no es necesariamente sensible esas cuestiones y JxC tiene, agazapadas, otras opciones para la carrera, notablemente Patricia Bullrich, a quien el casco le queda hermoso.

 

¿Quieren hablar de economía? Nos conviene. ¿Quieren hablar de República? También. Eso podría decir hoy Juntos por el Cambio. La campaña que se viene será belicosa y se presenta muy adversa para el peronismo.

 

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