La condena que recibió Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad no alterará la opinión de nadie. Quienes sostienen la culpabilidad de la vicepresidentamantendrán su convicción al respecto y lo propio harán los que proclaman su inocencia. Tampoco modificarán su postura los indiferentes frente a los temas judiciales y políticos, menos con el Mundial de por medio.
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La resolución de los jueces motivará las discusiones, marchas y contramarchas de montescos y capuletos que protagonizan el casamiento sin colados de quienes se alimentan de estos avatares asignándoles un sentido y una trascendencia que difícilmente la mayoría comprenda. Las minucias del fallo darán lugar a los exhaustivos análisis de los especialistas en leyes y los “todólogos” de turno, que advertirán en esos detalles las claves para iluminar el sentido oculto y profundo de las decisiones para profetizar los destinos posibles de la causa Vialidad y sus derivas políticas.
No faltarán tampoco moralistas e indignados. Se trata de un episodio más de una larga serie de muchas temporadas que ha fatigado audiencias con una trama de una complejidad y sofisticación que motivaría la envidia y el deleite de los guionistas de Outlander y Lost. El contexto refuerza este texto. Las imágenes de pugilato, gritos y gestos ofensivos trasmitidas durante la fallida sesión de la Cámara de Diputados para renovar sus autoridades se vieron motivada por las disputas por la integración del Consejo de la Magistratura, quizás el organismo más representativo de la endogamia del mundo político y judicial. Solo un porcentaje ridículamente pequeño de la comunidad está en condiciones de seguir y comprender lo que allí sucede. ¿Alguien puede sostener sin ruborizarse que las discusiones y disputas alrededor del tema tienen como propósito mejorar el funcionamiento del sistema judicial para facilitarle a la ciudadanía sus litigios cotidianos en el orden civil, comercial y penal?
A esta altura de los acontecimientos, lo que verdaderamente sorprende es que haya sorprendidos por el crecimiento de ofertas electorales extravagantes con propuestas bizarras que aprovechan la oportunidad que les abre el espectáculo de las cúpulas de los tres poderes del Estado enredadas en bloqueos sistemáticos que coexisten con un escenario endémico de estancamiento e inflación.
En cierta oportunidad, Bartolomé Mitre aconsejó a Julio Argentino Roca retirar un proyecto de ley para renegociar la deuda pública que lucía sensato, pero tenía una oposición enorme. Le dijo: “Cuando todos están equivocados, todos tienen razón”. Hoy la situación es exactamente la inversa: todos tienen razón y, por lo tanto, todos están equivocados.
Tienen razón quienes creen que hubo prácticas desde el sector público que vulneraron elementales principios de administración y también tienen razón los que sostienen que existe un doble estándar para investigar casos de corrupción. Tienen razón quienes sostienen que se establecieron mecanismos informativos que determinaron un estado previo de condenabilidad social que anuló por completo el principio constitucional de presunción de inocencia y tienen razón quienes señalan la ajenidad hacia los controles internos del Estado que caracterizaron prácticas de contratación.
Tienen razón quienes sostienen que se ampliaron hasta límites inverosímiles las fronteras de la responsabilidad objetiva de los funcionarios para involucrar en cuanto caso se pueda a las máximas autoridades públicas en delitos de funcionarios de rangos menores y tienen razón quienes destacan la naturalización de muchos dirigentes respecto de prácticas repudiables.
¿Por qué, entonces, están todos equivocados? Porque han parcializado de tal manera sus posiciones, que las han convertido en artefactos y dispositivos de ataque y defensa al servicio de un antagonismo caníbal justificando un escepticismo colectivo respecto de la posibilidad de consensuar pautas comunes de convivencia. Allí, precisamente en ese punto, es cuando una clase política se convierte en casta.
