Alcira Camusso tenía 19 años, una beba de seis meses y un embarazo incipiente cuando una patota de uniformados se la llevó de la casa, en Ituzaingó, hasta un lugar que tiempo después supo que era la comisaría de Ramos Mejía. Pasó el primer “tiempo indeterminado” en un calabozo ciego, hasta que la puerta se abrió y entraron tipos de civil. Durante su testimonio en el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en esa dependencia de la Bonaerense, ella no dudó en describir la cara de uno de ellos, "el más violento", el que la torturaba, la insultaba y la pateaba en el piso, y al que reconoció de inmediato entre la cuadrícula de la transmisión virtual del debate. “Las mismas cejas, la misma nariz, la misma forma de mirar. Godoy, no lo voy a olvidar nunca”, le dijo a uno de los tres acusados y único condenado a prisión perpetua en el juicio que culminó esta semana.
El Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires cerró el lunes el debate considerando que los hechos ventilados durante los siete meses del juicio oral y público conforman delitos de lesa humanidad perpetrados en el marco de un genocidio y condenando a tres acusados: Roberto Obdulio Godoy, su hermano Rodolfo Enrique Godoy y Francisco Novotny, tres militares retirados que integraron el Grupo de Artillería Mecanizada número 1 de Ciudadela y fueron responsables de violaciones a los derechos humanos contra personas que estuvieron secuestradas en la comisaría de Ramos Mejía durante la última dictadura cívico militar.
Camusso fue una de ellas. La despertaron los golpes y gritos de “abran la puerta” la madrugada del 24 de febrero de 1977. Dormía todavía junto a Gabriel Rodríguez, su pareja, y María Victoria Rodríguez, la beba de ambos, de seis meses, en la casa que alquilaban en Ituzaingó. La patota irrumpió en la vivienda, redujo a Alcira y se llevó a Gabriel a una habitación del fondo; mientras que a la beba la dejaron llorando en la cama. Un rato después, Alcira escuchó un disparo de metralla y, de inmediato, a una parte de los captores corrieron en huida. “Me dijeron que lo llevaban a Campo de Mayo”, testimonió Alcira. Jamás lo volvió a ver.
A ella le permitieron tomar a la nena en brazos, dejarla con una familia vecina y cambiarse. Luego la llevaron a un lugar que tiempo después supo que era la comisaría de Ramos Mejía. En el calabozo ciego del primer piso, fue víctima de las torturas de Godoy. Con el tiempo la bajaron a una celda común, en donde permaneció varios meses. Allí se enteró por boca de su suegra, que la visitó poco antes de que fuera blanqueada, que Gabriel –su pareja- había sido asesinado y su cuerpo entregado a la madre un día después del operativo de secuestro.
Alcira estaba embarazada, parió en la cárcel de Devoto a Martín, su segundo hijo. Recuperó la libertad a mediados del 78. Se fue del país y regresó a mediados del 84, justo para denunciar lo sufrido ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. “Desde entonces, estoy militando por los derechos humanos, por la justicia”, enfatizó en diálogo con Letra P al invitar a dimensionar lo que significó la condena del lunes para ella y su familia. “Un hecho reparatorio para nosotros e histórico en la búsqueda de justicia”, definió Camusso el veredicto.
Camusso, su hija María Victoria y su suegra Sara denunciaron el asesinato de Gabriel “recién en 2014, un poco tarde para lo que fue el proceso de justicia que ya estaba en funcionamiento”, dice, y reconoce que le “costó un poco” dar aquel paso. Incluso, pasó un tiempo más hasta que su secuestro, las torturas que sufrió en la comisaría de Ramos Mejía y los meses que estuvo desaparecida se convirtieran “en caso” y formaran parte de la causa llevada a juicio.
La condena, ocho años después
Ocho años después, el juez Ricardo Basilico y las juezas Gabriela López Iñiquez y Adriana Palliotti consideraron probados el secuestro y las torturas que sufrieron Camusso y otras ocho personas –Pablo Szir, María Cristina Ferrario, Héctor Ratto (trabajador de Mercedes Benz), María Victoria Joloidvosky, Marcelo Olalla de Labrá, Daniel Olalla de Labrá, Osvaldo Scarfia y Alfredo Chaves– en la comisaría de Ramos Mejía; como también el homicidio de Gabriel Rodríguez.
La pena máxima fue para Roberto Obdulio Godoy, el represor reconocido por Camusso, a quien el TOF responsabilizó del asesinato de Gabriel Rodríguez, el secuestro de las nueve víctimas y las torturas impuestas a siete de ellas. Durante los años bajo análisis en el juicio –de diciembre de 1976 a marzo de 1979– Godoy fue oficial de Operaciones del GA1 de Ciudadela, la unidad militar que dependió del Primer Cuerpo del Ejército. Tuvo a su cargo “operaciones de la denominada lucha contra la subversión”, aseguró en su alegato la fiscal Ángeles Ramos, quien también las vinculó al circuito represivo que unió los centros clandestinos Vesubio, Sheraton –la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza– y la comisaría de Ramos Mejía.
“Varias víctimas de este juicio han permanecido secuestradas antes o después de Ramos Mejía o Vesubio en el centro clandestino de detención Sheraton", sostuvo la fiscal semanas atrás. Así, el veredicto confirmaba que la comisaría donde estuvo detenida ilegalmente Camusso fue, efectivamente, un centro clandestino de detención, contrariamente a lo que intentaron establecer las defensas de los acusados.
Aunque fue segundo jefe y jefe de la plana mayor del GA 1, Rodolfo Godoy recibió una condena de 18 años de prisión, al ser considerado coautor de seis secuestros y de cinco casos de imposición de tormentos. Los hermanos Godoy ya purgan condenas de lesa humanidad recibidas en el tramo II de la causa Sheraton. En cambio, para Fernando Novotny, la imposición de 17 años de cárcel que le aplicó el TOF 1 fue la primera condena que recibió por su responsabilidad en secuestros y torturas durante la última dictadura.
