ROSARIO (Corresponsalía Santa Fe) Al frente penal y futuro de Vicentin se le corrieron unos nubarrones. La Cámara Federal de Casación Penal revocó parcialmente una medida cautelar por la cual la cerealera no podía modificar su participaciones sociales o paquetes accionarios, ni la situación patrimonial o financiera de las 21 empresas que integran todo el grupo que fue denunciado por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). De esta manera, le pone coto a las polémicas por las cautelares en plena definición del concurso y podría permitirle vender activos tras un prolongado tiempo.
La cautelar había sido dispuesta hace más de un año y medio por el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, como resguardo de una investigación penal por presuntas maniobras de lavado de dinero que podrían perjudicar a los acreedores de la empresa en proceso de quiebra. Justamente la condición del tiempo es en lo que se basó la jueza Angela Ledesma en su voto.
"La decisión del caso debe enfocarse en el transcurso del tiempo y si persisten los motivos que fundaron su dictado. La medida fue ordenada sin plazo, y subsiste luego de haber transcurrido más de un año y medio desde su dictado. Además, corresponde traer a colación aquello cuanto expuso el Máximo Tribunal en el caso “Clarín” en orden a que se impone evitar que se desnaturalice la 'función netamente conservativa de las medidas cautelares'", fundamentó en referencia al proceso de la ley de Medios.
En su momento, la medida prohibió modificar la composición accionaria de las empresas con fines de eventual decomiso, en caso de recaer condena en la causa. Los abogados de la agroexportadora apelaron la medida y Casación resolvió revocarla y ordenar que se lleve a cabo una audiencia oral con la presencia de todas las partes. De hecho, sostuvieron a Letra P que se impidió ejercer su derecho de ser escuchada y de aportar elementos de juicio, y que son inconsistentes porque avanza sobre facultades del juez del concurso por ser cuestiones patrimoniales.
En tanto, el juez Carlos A. Mahiques coincidió con Ledesma "en que teniendo en cuenta el carácter provisorio de este tipo de medidas y atento el tiempo transcurrido desde su imposición (casi dos años), corresponde que el órgano jurisdiccional realice una nueva evaluación sobre la necesidad de mantenerla en la actualidad".
La causa se inició por una denuncia del abogado Mariano Moyano Rodríguez, que representa a un grupo de acreedores de Vicentín ante la Procelac por supuesto lavado de activos de origen ilícito. En la denuncia se alude a la venta de acciones de la firma Renova SA a otra empresa, Glencore, en diciembre de 2019, cuando Vicentin SA "ya se encontraba en estado de cesación de pagos y, no obstante, la suma abonada no habría tenido como destino el pago de sus obligaciones locales, sino que se habría cobrado en el exterior".
