Una resolución de primera instancia de la Justicia laboral ordenó el llamado a elecciones en el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), empoderó a la actual intervención sindical y echó por tierra un pedido de dos afiliadas que responden al empresario sindicalista Marcelo Balcedo (detenido en Uruguay) para reponerlo en el cargo, según se desprende de la resolución a la que accedió Letra P.
El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 31, a cargo de la jueza Analía Vigano, no hizo lugar al planteo efectuado por Susana Mariño y Alicia Mercedes Velich, dirigentes del balcedismo, para reinstalar en sus cargos a los integrantes del secretariado nacional que desempeñaban funciones al momento de concretarse la intervención en febrero de 2018, tras la detención del ahora exsindicalista, quien cumple condena en el vecino país.
Además, el pedido de Mariño y Velich, secretarias general y adjunta, respectivamente, apuntaba contra la actual intervención, solicitando la suspensión de la misma, requerimiento que también fue rechazado por la magistrada.
La acción de amparo refutada fue dirigida contra los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, autoridades de aplicación que concretaron la demanda judicial para designar el cuerpo colegiado de intervención del SOEME.
Todos los puntos requeridos por las exsindicialista fueron rechazados. La jueza consideró “imprudente” la reinstalación en sus cargos a Mariño y Velich, como al resto del secretariado nacional electo para el período 2016-2020, al sostener que podría conformarse “un escollo en la investigación de los delitos presuntamente cometidos en el ámbito de dicha asociación sindical”.
A fines de enero de 2018, el Juzgado Criminal y Correccional de La Plata Nº 3 a cargo del juez Ernesto Kreplak dispuso la intervención y el desplazamiento de la comisión directiva, en el marco de la causa penal FLP 2436/2015 “S.O.E.M.E. y otros s/ inf. art. 303 C.P. y asociación ilícita”, en la que se juzgan conductas delictivas presuntamente cometidas por la conducción al mando de Balcedo, un tramo del expediente se encuentra en plena etapa de juicio oral. Los ministerios de Trabajo acataron la decisión y concretaron la intervención el 2 de febrero de ese año designando a Julio César Simón como delegado interventor, quien fue revalidado judicialmente.
Además la jueza ordenó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que “dentro del plazo de 40 días (…) proceda a la normalización del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad S.O.E.M.E., adoptando las medidas que considere necesarias para ello”.
