20|1|2023

Pozo de Banfield, una visita a lo más profundo del horror de la dictadura

20 de noviembre de 2022

20 de noviembre de 2022

María Victoria Moyano Artigas pisó por primera vez el centro clandestino donde nació. Sus padres están desaparecidos. Ella fue apropiada y restituida en 1987.

El Pozo de Banfield es uno de los más de 200 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar eclesiástica, y uno de los más importantes del Circuito Camps de detención, tortura y exterminio que funcionó bajo la órbita de la Policía Bonaerense. Sede de la Brigada de Investigaciones de esa fuerza, el lugar es un laberinto enorme: tres pisos y un sótano de habitáculos, recovecos, pasillos, escaleras que María Victoria Moyano Artigas recorrió el martes por primera vez en el marco de la inspección ocular que ordenó el Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata. “Es el epicentro del horror en mi vida: el último lugar donde vieron a mis viejos con vida, el lugar donde nací y el único lugar en el que pude estar con mi mamá”, resume la mujer. 

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Las premisas van saliendo de a poco, a medida que la joven repasa en diálogo con Letra P la recorrida que hizo días atrás por el lugar que hoy se camufla entre edificios de departamentos a pocas cuadras del Camino Negro y a poco más de un kilómetro de Puente La Noria, vía de acceso entre el sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, y que entre 1974 y 1978 escondió secuestros, torturas, fusilamientos y partos clandestinos. “Es un lugar contradictorio para mí, el epicentro del horror en mi vida –intenta definir–. El último destino de mis padres con vida y el único en el que mi mamá y yo estuvimos juntas".

 

Desde hace dos años, los crímenes del Pozo de Banfield son repasados junto a los que sucedieron en otros dos centros clandestinos que funcionaron en las Brigadas de Quilmes –el Pozo de Quilmes– y de Lanús –El infierno– en el juicio de lesa humanidad que se conoce como “Juicio Brigadas”, y que motivó la inspección ocular de la que participó Moyano Artigas. 

 

El martes, Victoria Moyano Artigas caminó el lugar junto a otras hijas de víctimas que pasaron por el Pozo de Banfield: las hermanas María Lavalle Lemos y María José Lavalle Lemos, las hermanas Teresa Laborde y Martina Laborde, Paula Logares y Alejandrina Barry. Como Victoria, María José también nació en el centro clandestino y fue apropiada por Teresa González, una sargento de la Brigada de San Justo.

 

Teresa Laborde llegó con su mamá, Adriana Calvo, minutos después de que la pariera en el asiento de atrás del auto en el que represores la trasladaban desde la Comisaría 5ta de La Plata, otro centro clandestino. Cuando se la quisieron arrebatar de los brazos de su mamá, el grupo de mujeres con el que compartían cautiverio lo impidió. Todas están desaparecidas. Los padres de Logares, la primera nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, estuvieron cautivos en Banfield, tras haber sido secuestrados en Montevideo. A ella la apropió el subcomisario de la Brigada de San Justo, Rubén Lavallén

 

“En la mesada de la cocina nací yo”

Moyano Artigas realizó casi todo el recorrido de la mano o cerca de su amiga, Logares, que llegó con su abuela, Elsa Pavón. Conoció el Pozo de Banfield en 2006, en el marco de una movilización de vecinos, sobrevivientes y militantes para que la Policía deje de usarlo como base de operaciones; pero solo alcanzó a cruzar el portón de chapa por donde en tiempos del terrorismo de Estado ingresaban los autos con personas apresadas. Aquel día, acabó descompuesta. El martes no paró de llorar mientras recorrió ese “lugar laberíntico y espantoso”, pero –afirma- quedó entera. 

 

De todos los lugares que vio, uno –dice Moyano Artigas- le impactó especialmente: la cocina, ubicada en el primer piso del predio. “Me pasé tantas veces imaginando el lugar y de repente pisarlo fue como convertir en realidad todo lo que pasó. Ahí, en la mesada de la cocina de ese lugar, nací yo”, afirma. Su mamá, María Asunción Artigas, la parió en la mesada de ese habitáculo de azulejos blancos el 25 de agosto de 1978, hacía tiempo que estaba encerrada en el Pozo de Banfield. Su caso es uno de los 16 de embarazadas que pasaron por esa maternidad clandestina.

 

María Asunción Artigas y Alfredo Moyano, el papá de María Victoria, habían sido secuestrados en diciembre de 1977 en el marco de una serie de operativos represivos que salieron a cazar militantes uruguayos en Buenos Aires, una muestra de la ejecución del Plan Cóndor entre la Argentina y los países vecinos. Los llevaron al COT I Martínez y luego a la Brigada de San Justo, donde ya habían sido torturados años antes. 

 

De San Justo fueron trasladados a Banfield y de allí, varias veces, llevados al Pozo de Quilmes para ser interrogados bajo tortura por genocidas argentinos y uruguayos. A Alfredo lo vieron por última vez con vida en mayo del 78. “A mi mamá la obligaron a limpiar la mesada y la cocina tras parir, y con la misma sábana luego tuvo que arroparme. Unas ocho horas dicen que estuvimos juntas. Después me fue a buscar mi apropiador, Oscar Penna, que era comisario de San Justo, y me llevó”, cuenta María Victoria.

 

Penna se la entregó a su hermano, que con un certificado de nacimiento falso firmado por el médico de la Policía Jorge Vidal, la inscribió como hija propia. Abuelas de Plaza de Mayo le devolvió a María Victoria su identidad en 1987. Tenía 9 años y desde entonces fue criada por su verdadera familia.

 

 Al sótano por primera vez

El testimonio del sobreviviente Pablo Díaz marcó el ritmo de la visita judicial, encabezada por los jueces del tribunal, abogados y abogadas querellantes. Marta Ungaro, hermana de Horacio Ungaro, uno de los adolescentes desaparecidos durante la Noche de los Lápices, también participó, entre otros familiares de víctimas.

 

La inspección fue importante porque fue la primera vez que se pudo acceder al sótano del lugar, un espacio que Díaz indicó en su testimonio como el sitio en donde el grupo de adolescentes platense fue fusilado. Allí, Pablo, Marta y las hijas insistieron en que los acusados en el juicio deben estar en cárcel común; sobre todo Juan Miguel Wolk, quien dirigió el centro clandestino, y Jorge Antonio Bergés, el médico policial que estuvo a cargo de la maternidad clandestina que funcionó en el Pozo de Banfield.