Desde hace años, en cada temporada de verano, Pinamar es noticia. Muertes absurdas y evitables se repiten, como mínimo, una vez por verano. En 2022 ya tuvimos dos en apenas una semana.
En 2016, con Martín Yeza en la intendencia, se sancionó la Ordenanza 4794/16 que prohíbe los vehículos con motor en las playas y, en su artículo 7, establece al Ejecutivo como autoridad para aplicar las multas correspondientes. El intendente mira para otro lado.
En su lugar, delineó un corredor "seguro" por donde pueden circular estos vehículos, pero dejó a las playas sin ningún tipo de control policial que pueda prevenir y luego sancionar a partir de las normas que él mismo estableció.
A las dos muertes en cuatriciclos se suma la que sucedió el 28 de noviembre por ahogamiento en un balneario de Ostende. Dos días antes, Asociación de Guardavidas le había notificado al intendente, en una carta que recibió en mano, que la mitad de los balnearios no cumplían con la ley provincial que reglamenta el servicio de rescatistas durante los 150 días de la temporada, que inició el 12 de noviembre de 2021. El balneario donde el joven de 24 años falleció era uno de los que no tenía personal a disposición.
La única verdad es la realidad y cuando el intendente culpa a la imprudencia de las personas, esconde la impericia de su gestión.
Desde hace dos años sostiene un conflicto con los trabajadores municipales, entre los cuales se incluye personal de control de playas, guardavidas y personal de salud. Durante sus seis años de gobierno, el intendente Martín Yeza ejerció con ineficiencia el rol para el cual fue elegido. Otro ejemplo de esto es su reciente ejercicio 2021, donde presupuestó 20% menos de lo que recaudó. Eso debería ser una buena noticia si no fuera porque gastó un 25% más de lo recaudado. Para solucionarlo, en el presupuesto 2022, dispone del doble que el año anterior con un aumento de tasas municipales del 70% (752% desde que inició su mandato) y una suba del 2.400% en el boleto de colectivo local autorizada durante toda su gestión. En este rumbo desquiciado se inscribe este comienzo de temporada fatal y doloroso.
La respuesta de Yeza y su gabinete, difundida a través de los medios, se resume en responsabilizar siempre a la imprudencia del otro. En un rol de comentaristas de TV, se indignan como si fueran ciudadanos comunes, desentendiéndose de sus roles de funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las ordenanzas que sancionan. En lugar de prevenir, controlar y sancionar; decidieron dejar el respeto de normas y el cuidado de las vidas propias y de terceros a gusto y criterio de quien se sube a un cuatriciclo o UTV. Si el gobierno municipal no puede controlar lugares donde se pierden o se arruinan vidas absurdamente, ¿para qué esta?.
A la impericia de gestión del intendente y la desubicación respecto al rol que le compete, el secretario de Seguridad del Municipio, el abogado Lucas Ventoso, le sumó una respuesta abominable cuando, consultado sobre la repetición de estas muertes evitables, dio una insólita respuesta y dijo que, de esta manera, “Pinamar se va a transformar en la capital nacional de donación de órganos”. Más lamentable no se consigue.